MURCIA. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un paquete de medidas extraordinarias de 90,5 millones de euros para ayudar al sector del vino a paliar las dificultades que atraviesa por la crisis del coronavirus.
El Ministerio de Agricultura (MAPA) ha informado en un comunicado de dicho paquete, que recoge la destilación de 2 millones de hectolitros de vino, el almacenamiento de otros 2,25 millones y la aplicación de la cosecha en verde para las comunidades autónomas que lo deseen.
A propuesta del MAPA, el Gobierno ha adoptado dichas medidas de urgencia, "dadas las posibilidades que ofrecen los reglamentos comunitarios publicados con motivo de la pandemia y que responden a muchas de las peticiones realizadas por España".
La destilación de crisis, dotada con 65,5 millones de euros, tendrá cupos separados para vinos con denominación de origen (con importes de ayuda de 40 euros por hectolitro) y el resto de vinos (30 euros/hectolitro).
Dicha cuantía incluye los costes de suministro y de destilación, lo que beneficiará a bodegas, destilerías y viticultores, según el Ministerio.
Se abonarán suplementos adicionales cuando la distancia a la destilería sea superior a 150 kilómetros para que todas las zonas vinícolas puedan optar a la ayuda, de acuerdo a una decisión del Gobierno que precisa que el alcohol obtenido deberá utilizarse para fines industriales y energéticos, "nunca de boca o alimentarios".
Las ayudas al almacenamiento privado, que benefician a las bodegas y suman 15 de millones de euros, se orientan exclusivamente a los vinos con denominación de origen e indicación geográfica protegidas, que retomarán su cotización y su ritmo de ventas con la recuperación del mercado.
El importe de la ayuda es de 0,027 euros por hectolitro de vino y día de almacenamiento, para un periodo de 180 días en todos los vinos, plazo que puede ampliarse hasta 270 o 360 días en el caso de los tintos.
El paquete abre la puerta a aplicar, por primera vez en España, la cosecha en verde en comunidades que así lo decidan para parcelas amparadas bajo denominaciones de origen protegidas, una medida que cuenta con un presupuesto de 10 millones de euros que se abonarán directamente a los viticultores.
Estas medidas van acompañadas de otras de regulación del mercado, como limitaciones de rendimientos máximos de uva por hectárea y un posible incremento del volumen de alcohol exigido en los subproductos resultantes de la elaboración del vino.
Según cifras oficiales, el sector vitivinícola mueve un mercado que supera los 1.200 millones de euros anuales y constituye más del 4 % de la producción vegetal en España.
