El globo sonda de Ábalos

MURCIA. La última propuesta del Ministerio de Fomento sobre la futura Ley de Vivienda introduce sustanciales diferencias respecto a lo que fue el 'Acuerdo de Coalición Progresista', firmado el 30 de diciembre de 2019 entre las formaciones de Unidas Podemos y PSOE. En concreto, el acuerdo decía literalmente: "Se impulsarán las medidas normativas necesarias para poner techo a las subidas abusivas de precios de alquiler en determinadas zonas de mercado tensionado". Por el contrario, la propuesta de Ábalos ha sido prácticamente un dictado de las recetas sugeridas por el lobby Asval (Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler) en el que se encuentran las grandes inmobiliarias del país y que preside el exministro socialista Joan Clos. 

Si bien el acuerdo programático giraba en torno al fin social de la vivienda, el recetario neoliberal de Asval prefiere "optar" por su concepción como bien de mercado, atribuyendo cualquier elemento desincentivador de una escalada de precios al uso del sistema impositivo, no como instrumento para evitar conductas perniciosas (externalidades negativas), más bien fijándose en su papel redistribuidor de rentas; en este caso, de los contribuyentes hacia los grandes tenedores de vivienda (en la propuesta del Ministro no se distingue entre oferentes, igualando a Fondos de Inversión con propietarios de un solo inmueble que salga al mercado de alquiler). 

La medida a la que estamos haciendo referencia consistiría en una reducción del 30% adicional a la ya existente (60% rendimiento neto del capital inmobiliario) si el oferente tiene a bien reducir un 10% el precio del alquiler al arrendatario -respecto al contrato anterior-, con lo cual se llegaría a un 90% de reducción del rendimiento neto sujeto a tributación en rentas obtenidas por arrendamiento de bienes inmuebles. Es decir, que para un alquiler de 700 euros el inquilino se habría ahorrado 840 euros anuales y habríamos dejado al arrendador exento de tributación (exención que acabaremos pagando usted y yo) una cantidad adicional de aproximadamente 1.900 euros (oscilaría en función del IBI, valor catastral del inmueble y gastos adicionales como las cuotas a  la comunidad de propietarios); vemos obviamente quién es la figura que más gana aplicando esta medida. 

Por otro lado, y como decíamos, no se distingue entre oferentes, con lo cual la medida atiende a cualquier principio menos el de progresividad fiscal (artículo 31 de la Constitución Española), pues cuanto más patrimonio ostente el arrendador mayores serán sus ganancias, ganancias que como le comenté anteriormente tendremos que pagar la mayoría de los contribuyentes, una auténtica transferencia de renta, si me permiten, de "pobres" a "ricos", eso sin contar que desde el Ministerio de Fomento no se ha realizado ninguna previsión respecto al Régimen especial de entidades dedicadas al arrendamiento en el Impuesto de Sociedades, que ya cuenta con unas bonificaciones muy generosas del 85% en la cuota tributaria.

Las variables que se manejan desde Fomento para fijar una zona como tensionada son dos, que a priori no parecen inadecuadas, una es el incremento del precio en más de 5 puntos porcentuales respecto al IPC autonómico -en un periodo de 5 años-, y la otra que el gasto del alquiler y los suministros se sitúen por encima del 30% de la renta media de los hogares en el área analizada. El problema para Murcia sería que con los datos actuales el Ministerio ha cogido al municipio como un solo distrito con lo cual no aparecería ninguna zona como tensionada, lo cual aparte de irreal es una falacia, solo bastaría con analizar la evolución del precio de la vivienda en la zona norte de la capital, dándose la paradoja de que municipios como Mula presentan alquileres más tensionados que Murcia, siendo la renta bruta disponible del primero bastante más baja que la de la capital.

Cabe señalar por último que el modelo Berlinés, al cual muchos think thanks conservadores acusan de fracasar, y que es el que inspiró el acuerdo programático de Gobierno ha conseguido que el 80% del parque inmobiliario de la capital alemana reduzca sus precios en las condiciones fijadas por la normativa. Respecto a los temores de que una solución legislativa al problema de las escaladas del precio del alquiler en España reduzca la oferta del sector, cabe indicar que la fiscalidad puede tener un giro, no contemplado en las medida propuesta por Fomento, de corrector de las externalidades negativas (reducción oferta de alquiler), en este caso incrementando la fiscalidad local y la imputación de rentas inmobiliarias (IRPF) respecto a los que ya han venido arrendando sus viviendas en un mercado altamente tensionado y claramente, y con descaro, no apuestan por el fin social de las mismas.

Miguel Ángel Pagán Navarro

Economista. Miembro del Grupo Economía y Trabajo en Izquierda Unida Murcia.

@pagnav_miguel