MURCIA. El fiscal superior de la Región de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, ha considerado que sería un "éxito" que el caso 'Topillo' --que investiga los vertidos contaminantes al Mar Menor-- acabe en juicio oral contra "determinados responsables". Además, espera conseguir una sentencia "condenatoria".
Sin embargo, ha estimado que esto no resolverá el problema del Mar Menor, tal y como ha afirmado en una entrevista concedida al programa 'Plaza Pública' de Onda Regional recogidas por Europa Press.
"Exigimos responsabilidades a los que han podido cometer algún atentado contra el Medio Ambiente o aquellos responsables públicos que han omitido su obligación de actuar estando en una posición en la que deberían haber evitado ese resultado", ha considerado. A partir de ahí, cree que las decisiones en cuanto a las medidas a adoptar "corresponden a otras vías" y administraciones que "tienen la facultad como poderes ejecutivos de disponer de dinero".
En este sentido, Díaz Manzanera ha advertido que la solución del problema medioambiental "va a ser muy difícil a nivel de la actuación de la Justicia" porque ha admitido que están "muy limitados desde el punto de vista legal".
En este sentido, ha señalado que la Justicia tiene competencias para exigir responsabilidades "a aquellos que hayan podido cometer alguna conducta contaminante" y, en su caso, exigírselas a los responsables públicos "que hayan mirado, de alguna forma, a otro lado, habiendo omitido completamente sus responsabilidades".
Ha avanzado que todo apunta a que va a haber ya auto de procedimiento abreviado del caso 'Topillo' antes de acabar este año, lo que quiere decir que se pasará al fiscal para que formule su escrito de acusación.
En cuanto a las medidas a adoptar respecto a la posible solución y evitación de este problema, Díaz Manzanera tiene "muy claro" que no se va a resolver en el ámbito de la Justicia por los "límites legales". Al contrario, ha estimado que se resolvería, fundamentalmente, en el ámbito político y de las administraciones públicas competentes, tanto estatal como autonómica.
Por eso, Díaz Manzanera entendía que, al volver a recepcionar las diligencias que se remitieron a la Fiscalía General del Estado, tenía evidentemente que "hacer algo". A su juicio, lo primero que tenía que hacer era solicitar a las dos administraciones competentes una relación documentada de todas aquellas actuaciones que se han llevado a cabo en los últimos dos años.
Además, el fiscal superior requirió la necesaria explicación de la "copiosísima" documentación que se le entregó este lunes en su despacho.
Por esta razón, llamó a declarar como testigos tanto al presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), Mario Urrea --como representante del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico--; así como a la directora general del Mar Menor, Miriam Pérez, --dependiente de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente que fue la que interpuso la denuncia--.
A partir de ahora, Díaz Manzanera ha avanzado que tendrá que ir analizando la documentación recibida. "Ya veremos qué decisión se adopta al respecto pero, en cualquier caso, ya sea en el sentido que sea, intentaré ser lo más claro y contundente posible", ha advertido.
Ha recordado que, cuando se empiezan este tipo de investigaciones, "siempre existe la duda sobre hasta qué punto puedes llegare, porque estamos en un país en el que las garantías, en general, y el respeto de los derechos fundamentales, somos posiblemente los más grandes".
En este sentido, Díaz Manzanera ha reconocido que las investigaciones "no son fáciles", sobre todo en el ámbito penal, que es el sector del ordenamiento que afecta a los bienes jurídicos más fundamentales. "Estamos en un sistema muy garantista y, por tanto, la investigación de estas conductas tiene muchos obstáculos que hay que ir solventando para, por lo menos, llegar a lo que es un juicio oral, que yo ya entiendo que es un éxito".
En concreto, ha considerado un "éxito" que hechos de estas características puedan acabar en un juicio oral en el que se "ventilen" todo lo que está siendo objeto de enjuiciamiento, en vista oral y pública, donde todos, incluidos los medios de comunicación, puedan acceder al contenido. Y que ahí salga la verdad de la situación".
"Nosotros podemos llegar hasta donde podemos llegar, pero no somos competentes para adoptar medidas que puedan resolver el problema del Mar Menor", según Díaz Manzanera, quien ha señalado que puede adoptar medidas cautelares pero no puede "llegar más lejos". A este respecto, dice ser consciente de que tienen unas limitaciones y, realmente, desde que inicia una investigación, no sabe todavía "hasta donde podemos llegar o el recorrido que vamos a tener".
A su juicio, es un problema "propio de un sistema democrático en el que la investigación de los delitos, sobre todo los que tienen un determinada complejidad, tienen una serie de condicionantes y requisitos que tienes que ir cumpliendo". Así, remarca que "muchas veces te queda la pequeña frustración de que no has llegado completamente al final del todo".
Ha admitido que, para él, sería un resultado "satisfactorio" y un "éxito" conseguir una sentencia de condena en la que ese grupo de "posibles responsables", que es "limitado", pueda tener "su sanción".
De hecho, para Díaz Manzanera ya sería un "éxito" llegar a un juicio oral, porque la fase de investigación y de instrucción de las causas penales "son muy complicadas y entran en juego muchas circunstancias".
En concreto, ha considerado que sería un éxito abrir juicio oral "a aquellos responsables, ya sean públicos como privados --en este caso dentro del mundo económico-- que se ha podido acreditar que han podido cometer o colaborar y contribuir en su actuación más o menos limitada a que se haya obtenido el triste resultado que estamos teniendo con el tema del Mar Menor".
Al ser preguntado las personas que tendrían que declarar en ese juicio oral, ha matizado que hay un grupo de unas 40 empresas agrícolas, que pueden ser personas físicas o jurídicas investigadas. Además, todavía se mantienen algunos responsables públicos como investigados, pero sobre los que tiene que resolver el juez y el fiscal.
Sería, añade, de responsables públicos tanto de la Consejería de Agricultura como de la CHS que "eran responsables en las fechas de las que estamos hablando", es decir, desde aproximadamente el año 2000 hasta el 2012 o 2013, que es cuando se acotó la investigación".