Foto: CARMMURCIA (EFE). La Audiencia Provincial de Murcia ha convocado el próximo martes a Luis Pérez Almansa, un exasesor jurídico de la Dirección General de Ordenación del Territorio, de la Consejería de Fomento murciana, acusado de pedir presuntamente dinero a varias personas a cambio de intervenir como conseguidor en distintas actuaciones y de hacerles favores.
El funcionario fue detenido en mayo de 2019 y un día después fue destituido por el Gobierno regional. El fiscal solicita 27 años de prisión para Pérez Almansa y le acusa de siete presuntos delitos: los delitos continuados de estafa, tráfico de influencias, cohecho y falsedad en documento público, junto con dos delitos de prevaricación y otro de revelación de secretos.
La citación, han indicado a Efe fuentes judiciales, trata de intentar conseguir un acuerdo de conformidad entre el fiscal y la defensa, lo que evitaría un juicio que por su complejidad y elevado número de perjudicados, que tendrían que intervenir como testigos, tendría que prolongarse varias sesiones.
Con este acusado están convocados otros cuatro, dos de los cuales habrían intervenido en las actividades supuestamente ilegales como intermediarios en operaciones que se produjeron a lo largo de varios años, según la Fiscalía Anticorrupción de Murcia.
El escrito de acusación divide los hechos en varios apartados, uno de ellos dedicado a lo relacionado con ofrecimientos de los acusados a empresarios para hacerles creer que serían adjudicatarios de obras públicas, con ocho perjudicados.
Un segundo se dedica a recoger las gestiones del exasesor y principal acusado en relación con el ofrecimiento de conseguir de forma presuntamente ilícita tarjetas de transporte, con seis damnificados.
El presunto ofrecimiento de Pérez Almansa para realizar gestiones relacionadas con recursos contra sanciones municipales para obtener su anulación constituye el tercer bloque, con cinco afectados.
El cuarto se dedica a recoger los hechos relativos al asesoramiento presuntamente ilícito sobre licencias de apertura y actividad en las que debido a su cargo debía intervenir e intervino, asegura el fiscal, con cuatro perjudicados.
De sus actuaciones relacionadas con inversiones inmobiliarias de otro acusado con presuntos engaños a los inversores se ocupa el apartado quinto, en el que figuran cuatro damnificados.
