MURCIA (EFE). La Fiscalía ha pedido al juzgado que investiga la pieza separada de la 'Desaladora de Escombreras' abierta contra el expresidente del Gobierno regional Ramón Luis Valcárcel que se llame a declarar como testigos al exconsejero de Agricultura y Agua Antonio Cerdá y a la exconsejera de Hacienda Inmaculada García.
Esa solicitud figura en un escrito, al que ha tenido acceso Efe, en el que se pide que se practiquen numerosas diligencias para tratar de esclarecer si el que fuera también vicepresidente del Parlamento Europeo pudo haber incurrido en varios delitos en torno a la promoción, construcción y explotación de la planta.
La petición de que se llame a declarar a García tiene por objeto que esta pueda confirmar o desmentir lo que manifestó el exinterventor general de la Comunidad Eduardo Garro cuando declaró como testigo en estas diligencias el pasado 23 de junio.
Fue entonces cuando Garro reveló que en una reunión celebrada en el despacho de la entonces directora general de Presupuestos Isabel Martínez Conesa esta le comentó que no sabía qué hacer con la garantía conocida por 'comfort letter', que podría obligar a la Comunidad a responder de las obligaciones que pudieran deducirse contra la empresa constructora de la planta. Y añadió que se lo comentó a García y que esta, siempre según el testimonio prestado por Garro, le habría dicho que no estaba de acuerdo con la misma y que "aquello no se podía firmar".
Precisamente el fiscal ha pedido igualmente que se llame a declarar, en la misma condición de testigos, a la citada exdirectora general de Presupuestos y, también, al exconsejero de Agricultura y Agua y expresidente del Ente Público del Agua (EPA) Antonio Cerdá y al primer gerente de este órgano, Amalio Garrido. Sobre estos dos últimos, el Ministerio Fiscal precisa que como ambos figuran como investigados en la causa principal que sobre la misma desalinizadora se tramita en otro juzgado de instrucción de Murcia, "tendrán derecho a declarar con la mera exhortación a decir verdad".
Canales del Taibilla
Otra petición es la referida a que se oficie a la Mancomunidad de los Canales del Taibilla para que este organismo informe de la existencia o no de convenios y acuerdos de permuta de agua con el EPA, la sociedad Desalinizadora de Escombreras o la empresa Hidronostrum.
También solicita que el juzgado se dirija al gobierno regional para que le envíe determinada información con el fin de poder determinar si existió no perjuicio para las arcas regionales con este proyecto y, en su caso, la determinación de su importe.
El fiscal pone especial interés en conocer si existen informes o estudios en poder de la Comunidad Autónoma sobre el coste real y final de la planta conforme al contrato de arrendamiento asumido por la empresa de la desalinizadora con la sociedad Hidromanagement.
Finalmente, solicita que se pregunte al gobierno autónomo si conocía el valor real de construcción, a precio de mercado, de una planta del mismo o similar tamaño y capacidad.
Esta pieza separada, en la que figura como investigado únicamente Ramón Luis Valcárcel, tiene su origen en la denuncia presentada hace ahora un año por el ministerio público y la misma se sigue por los presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude y fraude de subvenciones.
Los exconsejeros Antonio Cerdá e Inmaculada García. Foto: IAGUA/CARM
