El exalcalde de Blanca Rafael Laorden, que se enfrenta a 4 años de cárcel, busca un acuerdo 'in extremis'

MURCIA (EFE). A la búsqueda de un acuerdo in extremis. El juicio contra el exalcalde de Blanca Rafael Laorden (PP), dos exconcejales de Medio Ambiente y un empresario, acusados por un presunto vertedero ilegal, cuyo inicio estaba previsto para este martes en la Audiencia Provincial de Murcia, ha sido aplazado a mañana ante la posibilidad de alcanzar una conformidad entre las partes.

La fiscalía reclama para cada uno de los acusados cuatro años y seis meses de prisión y multa de treinta meses, con una cuota diaria de diez euros, lo que hace un importe de 9.000 euros.

Igualmente, la acusación estatal pide a la sala juzgadora que se les condene a indemnizar de forma solidaria a la Comunidad Autónoma con algo más de 282.000 euros por los daños causados a la zona donde estaba enclavado el vertedero (situado en una parcela del paraje conocido como Hoya de San Roque) y por los gastos de restauración ambiental.

Un vertedero en un enclave protegido

Los hechos que van a ser juzgados ahora comenzaron hace casi 17 años, cuando, siempre según la fiscalía, Laorden y el empresario acusado Juan Morales firmaron un "convenio de colaboración" para la gestión de una escombrera municipal.

El enclave en el que se encontraba la misma gozaba de la máxima protección ecológica, al estar declarado Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) y Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), pese a lo cual, señalan las conclusiones provisionales del ministerio público, allí fueron a parar residuos de todo tipo "de forma absolutamente descontrolada".

Los otros dos acusados son los exconcejales de Medio Ambiente Ángel Cano y José María Molina, que el fiscal declara que "eran igualmente conocedores y autorizantes" de todo lo que pasaba en torno a la escombrera.

El escrito de acusación fue firmado en junio de 2015 por el entonces fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo, José Luis Díaz Manzanera, actual fiscal superior de la Región de Murcia.

Los acusados fueron convocados por el tribunal para mediados de noviembre de 2020 con objeto de ver la posibilidad de llegar a un acuerdo de conformidad, lo que no se consiguió.
El pacto de conformidad entre la fiscalía y las defensas pasaría por el previo reconocimiento de los hechos por los acusados