Laorden, a la izquierda. Foto: M. P.MURCIA (EP). El fiscal ha pedido una pena de cuatro años y seis meses de cárcel para el ex alcalde de Blanca Rafael Laorden, al entender que es autor de un delito contra el medio ambiente por haber sido responsable municipal de un vertedero ilegal situado en una parcela del paraje conocido como Hoya de San Roque.
Además, el Ministerio Público pide la misma pena de cuatro años y medio de cárcel para el representante legal de la mercantil encargada de regentar la escombrera municipal y para los dos hombres que ostentaron la Concejalía de Medio Ambiente de Blanca (uno de ellos desde 199 hasta 2007 y el otro desde 2007 y hasta 2011).
El fiscal pide que todos los acusados indemnicen a la Comunidad con 282.276 euros por los daños causados en la zona y los gastos de restauración ambiental, según el escrito de conclusiones provisionales al que ha tenido acceso Europa Press.
El inicio del juicio está previsto el próximo martes 18 de octubre, a las 10.00 horas, en la Sala 006 de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Murcia.
En este sentido, el fiscal recuerda que el Ayuntamiento de Blanca es el titular de este terreno de 5.000 metros cuadrados en el que se emplaza el vertedero, situado en el monte de utilidad pública 'La Navela y el Solan', que está ubicado en la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) 'Sierra de Ricote-La Navela'.
Así, el Ministerio Público afirma en su escrito de acusación que el mencionado terreno "carece de las preceptivas licencias de y autorizaciones de la Dirección General de Medio Natural y de Declaración de Impacto Ambiental (DIA)".
A pesar de ello, señala que la escombrera se destinaba, al menos desde 2003, a contener residuos inertes y de otro tipo como maderas, electrodomésticos o neumáticos, entre otras cosas.
En diciembre de 2005, el fiscal afirma que los dos acusados eran los "principales responsables" del vertedero y firmaron un convenio de colaboración para la gestión de la escombrera municipal desde enero de 2006 y hasta diciembre de 2007.
Sin embargo, la empresa responsable no contaba con los permisos y autorizaciones para la gestión de residuos. A pesar de ello, se encargó de gestionar los residuos sólidos e inertes, comprometiéndose a evitar que se degradara el medio ambiente y el entorno que rodeaba al vertedero.
Todo ello, según el fiscal, pese a que los dos acusados conocían que el vertedero carecía de ningún permiso necesario al tratarse de un enclave geográfico de máxima protección ecológica, al estar catalogado como ZEPA y como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC).
Desde el principio, el vertedero fue recibiendo de forma "absolutamente descontrolada" no solamente residuos inertes procedentes de escombros de obras, sino también de otro tipo como maderas, electrodomésticos, cartones, plásticos, asfaltos, neumáticos o bidones metálicos, según el fiscal, quien sostiene que todo ello contaba con el "beneplácito" de todos los acusados ya que "la mayor parte de estos vertidos procedían del propio ayuntamiento".
Asimismo, el Ministerio Público apunta que los dos ex concejales que ostentaron las competencias de medio ambiente eran "igualmente conocedores" de estos hechos y los habrían autorizado.
Finalmente, el fiscal destaca que la actividad allí desarrollada ha conllevado que se haya sepultado gran parte de la masa forestal existente, "afectando de forma grave a la flora y a la vegetación de la mayor parte de su superficie".
Asimismo, señala que puso en "peligro grave" al resto de la vegetación y afectó a dos especies de flora amenazada catalogada como vulnerable dentro del Decreto de protección de la flora silvestre de la Región de Murcia, como son el 'Chaenorrhinum rupestre' y el 'Teucrium libanitis', así como a otra especie catalogada como de protección especial como es la 'Campanuda fastigiata', entre otras.
También habría tenido una "incidencia grave", según el fiscal, en la fauna protegida de la zona, como el búho real y el halcón peregrino.
Los daños causados en la zona han sido valorados en más de 109.000 euros, a los que habría que sumar los 172.800 de restauración ambiental arrojando un total de 282.276 euros.
Por tales hechos, la Dirección General de Calidad Ambiental incoó, al menos, dos expedientes sancionadores, y por una resolución de 2007 se sancionó al Ayuntamiento de Blanca y a la mercantil de forma solidaria con una multa de 600 euros y a la clausura temporal y total del vertedero, debiendo reponer los infractores el terreno a su estado original. Pese a ello, el fiscal señala que "hicieron caso omiso" y continuaron su actividad "incontrolada".
