CARTAGENA. El gobierno de Cartagena contaba con un superávit de 4,2 millones de euros, de los cuales se permitió emplear en torno a 800.000 euros en políticas sociales y económicas derivadas de la pandemia global. Con el nuevo acuerdo entre el gobierno de la Nación y la FEMP, el destino de la remanente está en juego.
Dicho acuerdo hará que los ayuntamientos cedan el superávit a la hacienda nacional de cara a la crisis venidera, como deseaba Pedro Sánchez, cuyos partidarios en Cartagena auguran que el municipio se beneficiará. Manuel Torres, líder del PSOE de la ciudad, denuncia la "política de enfrentamiento constante" que el Ayuntamiento de Cartagena ha emprendido contra el gobierno central en una "posición partidista del PP".
Cree Torres que es éste un acuerdo muy beneficioso para el Ayuntamiento de Cartagena, ya que le da vía libre para emplear de forma inmediata los más de tres millones de euros de superávit que todavía le restan, "ya que el gobierno ya le ha autorizado a emplear 800.000 euros y podrá tener acceso a casi 2,5 millones de euros a fondo perdido en el año 2021 y 2022.
Asimismo, la alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, se pronunció en contra de tal actuación, denunciando que "atacaba a los ayuntamientos después de haber actuado como escudo social tras la pandemia y las dos DANA". Asimismo, Arroyo (PP) denunció que esto supone la "ruptura de los acuerdos previos sobre el superávit y de la costumbre de la FEMP de tomar por unanimidad los acuerdos sobre los grandes temas".
Al igual que en los demás municipios del país, el resto del remanente quedó bloqueado, como establece la legislación vigente, que sentencia que los ayuntamientos no pueden emplear el superávit que logran. Lo cierto es que la buena gestión de los consistorios no se recompensa reservando para sí mismos el dinero que ahorran cuando ya no cuentan con deudas que pagar, pero este status quo resulta antagónico con la propuesta del PSOE de adjudicar todo el superávit a las arcas del Estado.
Sin embargo, el punto de consenso alcanzado entre el gobierno nacional y la FEMP, presidida por el también socialista alcalde de Vigo, Abel Caballero, necesita para su supervivencia el visto bueno del Congreso de los Diputados, que aún no se ha logrado, pues sólo cuenta con el apoyo de los mismos socialistas. En la misma FEMP se aprobó únicamente con el voto del PSOE y gracias al voto de calidad de Caballero, y con la abstención de Unidas Podemos.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, afirmó en el anterior Consejo de Ministros que "esta propuesta ha sido fruto de mucha reflexión y trabajo; no hay alternativa a esta propuesta", a lo que el Partido Popular contestó que "supone una expropiación de más de 15.000 millones de euros a los ayuntamientos y a sus ahorros". De ese total, el Ejecutivo transferirá a los ayuntamientos que cedan a modo de préstamo sus excedentes al Estado un máximo de 2.000 millones en el 2020 y 3.000 millones en el 2021. A partir del 2022, el Estado devolverá el importe íntegro del préstamo en un plazo de 10 años.
Los grupos de la oposición, desde el Partido Popular hasta independentistas y nacionalistas, e incluso las marcas blancas de Podemos, como Adelante Andalucía, se han unido contra esta norma emprendida por el gobierno de Sánchez y no descartan presentar un recurso de inconstitucionalidad.
Uno de los argumentos que presenta la oposición es que el superávit se reparta entre todos los ayuntamientos, no sólo entre aquellos que cuentan con liquidez, a pesar "del papel fundamental que han jugado todos los ayuntamientos en la gestión de la crisis sanitaria y económica, independientemente de su color político o de su situación económico-financiera": es "una intromisión del Estado en la autonomía local difícilmente justificable", en palabras de Miquel Pueyo, alcalde de Lérida (ERC).
