MADRID (EFE). España necesita hasta 80.000 temporeros para las próximas campañas de recogida en el campo, actividad que a menudo realizan extranjeros residentes en el país o contratados en origen, y cuyos servicios se demandan aún más en la actual situación.
Tras las restricciones a la movilidad de personas bajo el estado de alarma decretado para contener el coronavirus, el Gobierno ha facilitado la contratación temporal, permitiendo a los parados compatibilizar el subsidio con la retribución en el sector agrario.
También se dará preferencia a la incorporación de personas en desempleo o cese de actividad que no perciban prestación; migrantes cuyos permiso de trabajo y residencia expiren entre el 14 de marzo y el 30 de junio; y extranjeros de entre 18 y 21 años en situación regular. Todas estas personas deberán proceder del mismo término municipal o colindante al lugar donde se requiera la mano de obra.
Las principales organizaciones agrarias y los sindicatos dudan de que la iniciativa atraiga a parados españoles, por distintos motivos, y miran más hacia la población extranjera que se ha quedado en el país trabajando en el campo.
En Aragón, la campaña de la fruta suele emplear a unas 25.000 personas entre braceros y manipuladores, la mayoría de ellos temporeros procedentes del este de Europa y de África, explica a Efeagro el responsable de Fruta de COAG en esa comunidad, Óscar Moret.
Moret menciona los tres perfiles más recurrentes: quienes ya tienen residencia legal y se mueven de una comunidad a otra recogiendo naranjas, uvas y otras frutas; los contratados en sus países de origen por tres meses; y los residentes en España que en vacaciones vuelven a sus países para ver a sus familias.
"Es trabajo de cada agricultor conocer qué trabajadores están fuera y cuáles cerca (para contar con ellos), porque la mayoría de los contratados están haciendo ahora tareas de invierno", apunta Moret, quien no cree que los desempleados estén por la labor de trabajar en el campo si pueden mantener la prestación en medio de esta crisis sanitaria.
El decreto aprobado en Consejo de Ministros no recoge la posibilidad de regularizar inmigrantes, fomentar la movilidad desde el extranjero, ni trasladar temporeros entre regiones, como habían pedido diversos actores.
Desde UGT, el secretario del Sector agrario y manipulado hortofrutícola, Emilio Terrón, lamenta que no se incorpore a tantos trabajadores extranjeros "que llevan mucho tiempo en los asentamientos de forma clandestina" y exige a las patronales que hagan "ofertas dignas". El responsable adjunto de Política sindical y sector agrario de Comisiones Obreras, José Fuentes, considera que las cifras de temporeros en España "son muy aleatorias", dado que muchos no están registrados.
El Sistema Especial Agrario del régimen general de la Seguridad Social cerró 2019 con poco más de 225.000 trabajadores extranjeros afiliados, de los que unos 158.000 eran de terceros países y el resto de la Unión Europea. El colectivo más numeroso es el de los marroquíes, seguido de rumanos, búlgaros y polacos, según Fuentes, quien apunta que la mayoría de estos trabajadores comunitarios se encontraban en sus países de origen y no han podido volver a España por las restricciones.
Los sindicatos denuncian, además, que decenas de convenios colectivos del campo en distintas provincias siguen sin haber sido adaptados al salario mínimo interprofesional, mientras que las organizaciones se quejan de los bajos precios que se pagan por los productos en origen. Fuentes critica que hay salarios muy bajos, incumplimientos de cotización a la Seguridad Social y malas condiciones de alojamiento en muchas explotaciones difíciles de inspeccionar, lo que lleva a los empleados a "alejarse del sector agrario".
Alrededor de 10.000 marroquíes no han podido cruzar la frontera para la recogida de fresas y frutos rojos en Huelva, aunque se ha extendido el permiso de trabajo a 6.000 temporeras de ese país que ya estaban en la zona.
En condiciones normales, de acuerdo al secretario general de UPA Huelva, Manuel Piedra, habría cerca de 100.000 personas empleadas en la campaña, algo más de la mitad de nacionalidad española. "Hemos empezado a detectar que la producción está recortándose entre un 40 y un 60 % porque las grandes superficies piden menos de estos productos", añade Piedra, tras plantear que quizás no haga falta tanta mano de obra en el campo ante el cierre de canales como la restauración o el cambio de hábitos.
El técnico laboral de Asaja Juan José Álvarez sitúa en 100.000 el número de temporeros que se necesitan en las próximas recogidas, por encima de los 80.000 que calcula el Gobierno.
Actualmente, ve "imposible" la contratación en origen, que permite la llegada de inmigrantes con contratos que se ajustan a las condiciones salariales del convenio colectivo de la provincia.
En su lugar, considera que se podría haber facilitado la incorporación de afectados por expedientes de regulación temporal de empleo debido al coronavirus, a pesar de que el decreto lo excluye. Álvarez duda de que los parados con prestación se animen a trabajar en el campo tras las experiencias de años anteriores y de que se puedan distribuir los temporeros que ya están trabajando. "No hay tantos en la proximidad como se desea", añade