MURCIA (Efe). El Ayuntamiento de Murcia tendrá que pagar más de 2,1 millones de euros a la empresa Intersa, anterior concesionaria del aparcamiento del Cuartel de Artillería, para compensar la inversión no amortizada por parte de la mercantil con motivo de la resolución anticipada del contrato.
El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 7 de Murcia ha emitido una sentencia en ese sentido en la que estima parcialmente el recurso presentado por Intersa, que elevaba hasta los 2,5 millones de euros la cantidad reclamada al Consistorio, mientras que este la rebajaba hasta los 1,7 millones.
Según relata la sentencia, esa empresa ejecutó las obras del aparcamiento, que entró en funcionamiento en 2004, lo que supuso una inversión de más de 6,3 millones de euros.
La empresa debía amortizar esa cantidad en un plazo de 50 años, pero solo gestionó el espacio durante 13, ya que en 2015 fue declarada en concurso de acreedores y se liquidó.
El Ayuntamiento inició entonces un proceso de cesión del contrato de gestión que no llegó a tener resultados y en febrero de 2018 acabó por resolver el contrato con Intersa y entregar la explotación a la empresa municipal Urbamusa.
Desde entonces, el Consistorio y la antigua concesionaria han mantenido notables discrepancias sobre el valor de las obras no amortizadas. Para calcular ese valor, el juez ha dividido el importe de la obra, de más de 6,3 millones de euros, entre las 586 plazas que tiene el aparcamiento, con lo que cada una de ellas tendría un valor de 10.821,8 euros, que se amortizarían por unos 18 euros al mes durante los 50 años que duraba la concesión.
No obstante, el juez considera también que la resolución del contrato no dejó todas las plazas sin amortizar, sino solo 267 de ellas, dado que 309 plazas fueron transmitidas a terceros en propiedad y otras 10 se cedieron al Ayuntamiento.
Así, el juez calcula que se quedaron sin amortizar 2.123.710 euros que corresponden a esas 267 plazas de aparcamiento a las que faltaban más de 36 años de gestión para ser amortizadas, una cantidad a la que hay que sumar además los intereses generados desde el 28 de noviembre de 2018, cuando se firmó oficialmente la recepción del aparcamiento.
Los servicios económicos del Ayuntamiento de Murcia habían cifrado en 1,7 millones de euros el precio de las plazas no amortizadas y el Consistorio puede todavía presentar un recurso de apelación contra esta sentencia, que no es firme.
El concejal de Hacienda, Enrique Lorca, ha advertido en un comunicado que esta sentencia "es la verdadera herencia recibida" del anterior equipo de Gobierno del PP y sirve para "argumentar la moción de censura" del pasado mes de marzo, porque deja patente que el equipo de José Ballesta "estaba gestionando mal, sin transparencia y, sobre todo, sin responsabilidad".
"Sabíamos que nos íbamos a encontrar muchas sorpresas en los cajones, pero desde luego la realidad supera las peores expectativas", ha lamentado en un comunicado en el que ha subrayado que este varapalo judicial se suma a otros relacionados con el desarrollo urbanístico de la zona norte del municipio que están lastrando las cuentas municipales.
Por último, ha apuntado que los servicios jurídicos municipales están estudiando cualquier posibilidad legal para tratar de reducir la cifra a pagar a la antigua concesionaria.
