El año en el que el sector primario fue más europeo que con nunca: con la PAC y la presidencia de la UE

MURCIA (EFE).- El sector primario ha tenido en 2023 su año político más europeo con la entrada en vigor en enero de la nueva Política Agraria Común (PAC) y la presidencia española de la Unión Europea (UE) en el segundo semestre, aparte de las disputas surgidas en clave nacional.

En su primer año de aplicación, la nueva PAC ha introducido más requisitos ambientales, incluyendo apoyo a sectores en dificultad, intervenciones sectoriales, primas a la incorporación de jóvenes y mujeres, e instrumentos de digitalización como el cuaderno digital de campo.

Unos 650.000 agricultores y ganaderos españoles se benefician de estas ayudas, que suman 4.800 millones de euros anuales en pagos directos y un total de más de 47.000 millones hasta 2027.

Mientras, la actividad agraria se ha visto afectada por los efectos del cambio climático, en particular por la sequía en España, y la guerra en Ucrania, lo que ha llevado a un incremento de los costes.

La reserva agrícola de la PAC ha sido activada en varias ocasiones para compensar a los productores de los países de Europa del Este perjudicados por las importaciones agrícolas ucranianas y a los de otros países que han padecido los efectos del cambio climático.

A España le han correspondido por esto último 81 millones de euros, que han formado parte del paquete de más de 700 millones de euros movilizado en 2023 por el Gobierno para ayudar a los agricultores y ganaderos frente a la sequía y al impacto del conflicto.

Además de las ayudas directas a determinados sectores, este año han sido aprobadas medidas de apoyo a la contratación de seguros agrarios, a la financiación y al regadío, así como de flexibilización de la PAC y rebaja fiscal.

La presidencia española de la UE

La aplicación de la nueva Política Agraria Común y el seguimiento del contexto geopolítico y el clima por su repercusión en los mercados agrícolas y la inflación han marcado la política europea.

España, que ha ocupado la Presidencia de turno del Consejo de la UE en la segunda parte del año, ha defendido la autonomía estratégica en la alimentación y promovido los debates sobre distintas iniciativas.

Medio centenar de encuentros de interés para el sector agroalimentario y las zonas rurales se han celebrado en España, entre ellos el Consejo informal de ministros de Pesca en julio en Vigo -dedicado a la descarbonización de la flota- y el de Agricultura en septiembre sobre nuevas tecnologías en Córdoba, escenario también de una protesta de agricultores contra la PAC.

Bajo la presidencia española se han logrado acuerdos para renovar la regulación de las indicaciones geográficas protegidas (IGP) y las cuotas pesqueras de 2024.

El Gobierno ha impulsado la negociación sobre la regulación de las nuevas técnicas de edición genética y el uso sostenible de pesticidas, dos cuestiones que se han quedado en el tintero después de que los países de la UE no lograsen un acuerdo en el primer caso y el Parlamento Europeo rechazara el proyecto legislativo en el segundo.

A falta del esperado pacto comercial con el Mercosur, de la renovación del acuerdo pesquero con Marruecos y de la eliminación del arancel de Estados Unidos a la aceituna de mesa española, sí se ha alcanzado un acuerdo europeo sobre la polémica ley de restauración de la naturaleza y los países de la UE han adoptado una postura común en lo relativo a la regulación de envases.

También se ha renovado por diez años la autorización del herbicida glifosato y la Comisión Europea ha presentado propuestas para mejorar el transporte animal y rebajar la protección del lobo.

Entre las conclusiones adoptadas, el Consejo de la UE ha aportado su visión a largo plazo para las zonas rurales, considerada la base para la futura Estrategia rural europea.

Política nacional condicionada por las elecciones

Los resultados de los comicios autonómicos de mayo han permitido la entrada de VOX en los gobiernos de Castilla y León, Aragón, Extremadura, Comunidad Valenciana y Murcia, con competencias de Agricultura y Mundo Rural en los cuatro primeros.

Las elecciones generales de julio convocadas por Pedro Sánchez han dejado ver modelos alimentarios contrapuestos por parte de los principales partidos, con propuestas como las de proteger la agricultura familiar -defendida por PSOE y PP-, fortalecer el mercado interno ante terceros países (VOX) y crear supermercados públicos (Podemos).

La disolución del Parlamento ha hecho decaer la tramitación de normas como la ley de desperdicio alimentario, que se retomará en la nueva legislatura, como ha anunciado el reelegido presidente, que también pretende impulsar una ley de agricultura familiar y más medidas para combatir la sequía, junto a una estrategia nacional de alimentación.

Luis Planas ha sido revalidado como ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, por lo que ha primado la continuidad tras un año en el que el Gobierno ha rebajado o suprimido el IVA a ciertos alimentos básicos para intentar contener la inflación, medida prorrogada hasta junio de 2024 que sigue excluyendo la carne y el pescado.

A eso hay que sumar la nueva ley de pesca sostenible, el impuesto al plástico, las inversiones en regadío, el desarrollo parcial de los Perte (proyectos estratégicos de transformación financiados con fondos europeos) en materia agroalimentaria y la aplicación de la ley de la cadena, con sanciones impuestas en 2023 por un total de 376.000 euros y un nuevo registro de contratos.

Concluye un año salpicado de polémicas entre el Ejecutivo central y autonomías donde gobiernan PP y VOX, especialmente en lo que se refiere a la gestión del agua y la sanidad animal.

La tensión se ha elevado con la expansión de la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE) y la tuberculosis bovina, lo que ha llevado al Ejecutivo de Castilla y León a intentar relajar los controles de esta última en una resolución anulada después por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

El recorte del trasvase Tajo-Segura, aprobado a principios de año, ha desencadenado protestas de los agricultores afectados y, tras años de crispación por la situación del parque de Doñana, la Junta de Andalucía y el Gobierno central han acordado un plan que descarta ampliar los regadíos en la zona a cambio de inversiones de 1.400 millones de euros en localidades del entorno.