CARTAGENA. Esta semana se ha producido el anuncio de que "El Ayuntamiento (de Cartagena) adelantará la contratación del Plan General".
El Plan General (PGMOU) es, en síntesis, el instrumento de ordenación urbanística integral del territorio de un municipio. En sus obligadas revisiones debe considerar la situación urbanística previa para conservarla o modificarla; determinar qué hacer con el suelo urbano y urbanizable; pero también servir para preservar el suelo no urbanizable del proceso de desarrollo urbano y establecer, en su caso, medidas de protección del territorio y del paisaje.
Al hilo del anuncio antedicho viene bien recordar que Castejón anunció, en noviembre de 2017, que se había aliado con los empresarios para que la revisión del PGMOU estuviera aprobada en año y medio, antes de junio de 2019.
Una revisión esencial y necesaria porque el PGMOU vigente es de 1987, al resultar anulada judicialmente la de 2012, algo que sucedió a instancias de las mercantiles del promotor del Plan Rambla, aprovechando un error en la tramitación perpetrado, desde la Consejería de Fomento, por Yolanda Muñoz (PP).
Un PGMOU que quizás llegue a las cinco décadas de vida, y que refleja como nada el retraso de Castejón y la parálisis que ‘La Trinca’ de Arroyo ha provocado a Cartagena (PP, tránsfugas y naranjas amargas).
En mi opinión, y como primera consecuencia, comprometemos el futuro con la óptica del pasado, pues se llevan a cabo actuaciones que no comprendemos ni queremos los cartageneros de 2021, pero que sí eran razonables para los de finales de los 80. Pondré un par de ejemplos.
Los desarrollos del PGMOU de 1987 contemplan edificaciones en las laderas de los montes y amparan la consiguiente pérdida de masa forestal, como podemos comprobar estos días con los Cuatro Picos del Barrio de la Concepción, una obra amparada en un Plan Parcial surgido del PGMOU de 1987, que hoy destruye con amparo legal una pinada.
Del plan de 1987 surgió también el Plan Especial del Casco Histórico, el mismo que ha permitido subastar suelo arqueológico en la ladera del Molinete para levantar edificios que oculten para siempre el cerro.
Forzada es entonces la pregunta: ¿Por qué han retrasado Castejón y Arroyo los trámites del nuevo PGMOU que provoca estas situaciones? Como no estamos en su cabeza tendremos que estar a los hechos provocados por esta inacción de quienes ‘okupan’ el Palacio Consistorial.
En cuanto a avances de planificación, la promotora del Plan Rambla ha consolidado sus derechos económicos, firmados y calculados sobre normativa de 1989, un entorno que ahora desarrolla sin exigencia municipal y con beneficios garantizados.
Yolanda Muñoz, que también frustró en 2019 las normas transitorias -última esperanza de modernizar nuestro urbanismo mientras llegaba un nuevo Plan-, es presidenta de la Autoridad Portuaria, organismo convertido en oficina de propaganda, showroom del caldo de cebada de Murcia, fuente de obras y servicios para empresas de fuera de Cartagena y, como colofón, nos ha colocado un CATE en El Espalmador.
Éste es el modelo del PP, así suceden las cosas en Cartagena a día de hoy. En cartera ya tienen los de Arroyo para su estrategia sostenible cargarse el paisaje con unas cuantas macroplantas solares y edificar en Monte Blanco, última zona libre en La Manga.
Nos queda, pues, esperar que se les eche encima la sociedad –y 2023- y sus planes no devasten más Cartagena. Como ven, el adelanto llega tarde.
Jesús Giménez Gallo
Presidente de MC Cartagena