El reducto del Partido Popular y Vox en la Región de Murcia (el último sondeo indica que Ciudadanos es ya una fuerza testimonial a todos los efectos) se asemeja cada vez más a la aldea gala que resiste ahora y siempre al invasor. El carácter insurrecto de los murcianos parece haber vuelto a aflorar, pero precedentes históricos no le faltan. El cantonalismo cartagenero-murciano (sí, en ocasiones estos dos términos pueden figurar de forma conjunta) constituye quizá un buen ejemplo. Si en 1873, ante la inestabilidad creada por la República tras la abdicación de Amadeo I de Saboya, los murcianos dieron la espalda a los problemas que la aquejaban, hoy parecen evadirse del socialismo-comunismo rampante en la España de Sánchez, y van a lo suyo. Caiga quien caiga y, por supuesto, importándoles entre poco y nada lo políticamente correcto.
El hecho de haber sido la única comunidad autónoma que se tiñó de verde tras conocer los resultados electorales del 10-N da fe de ello. La animadversión que está generando en La Moncloa queda reflejada en la reciente intervención de la Hacienda murciana. Verdaderamente, evoca aquellas viñetas de un Julio César desesperado en su campamento ante la fortaleza y persistencia de los irreductibles galos (hoy murcianos), a quienes ahora desea castigar con una pena pecuniaria de 7.500 millones, cuantía que el Gobierno no ha sufragado por el modelo de financiación autonómica en una retención de las entregas a cuenta, amparándose en el incumplimiento en el pago a proveedores de dos meses.
Resulta evidente el uso partidista de las instituciones, algo poco sorprendente por otra parte, a la vista del comportamiento del Ejecutivo de Sánchez: de medra sistemática en el poder judicial, y que, con este retorcimiento de las finanzas públicas, queda retratado. También se trasluce la doble vara de medir en la cordialísima relación (prácticamente bilateral, a estas alturas) con Cataluña, donde, salvo situación apocalíptica, parece que no volverá a aplicarse el artículo 155. Algo que sí se está haciendo, aunque sea de facto y soslayadamente, en la Región de Murcia.
Este uso de un criterio u otro, en función de si favorece a sus socios de Gobierno o no, se ha manifestado recientemente en la dureza con que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tuvieron que lidiar hace unos días con los agricultores extremeños, quienes protestaban por el desplome del empleo en la región. Una caída atribuible, entre otros factores, al cuasi-sacro salario mínimo interprofesional. Una severidad la que esgrimieron que, por el contrario, estuvo ausente ¬—o presente, pero denunciada¬— cuando Barcelona ardía hace unos meses. ¿La diferencia? En Murcia, Sánchez no se juega La Moncloa, aunque, quizá, sí le cause alguna pesadilla. Ante tal evidencia, corresponde preguntarse por qué.
No me refiero aquí a por qué la policía actúo como lo hizo, pues conviene recordar (especialmente a los más fervientes seguidores del dogmatismo independentista) que el Estado, en democracias liberales como la española, ostenta el monopolio del uso de la violencia. En definitiva, si hay alguien legitimado para ejercer la fuerza física, esas son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Sin embargo, el pragmatismo de Sánchez le ha llevado en esta ocasión a negociar con la bolsa en lugar de con la vida. Eso sí, esto no ha de conducirnos al equívoco de que la economía se trata de un instrumento menos efectivo que el militar o el policial. No es casualidad que el politólogo Joseph Nye situara ambos en la misma categoría: la de poder duro. Poder que el Ejecutivo de Sánchez despliega ahora contra una Murcia batalladora que parece no estar dispuesta a doblegarse.
Director de la Fundación Civismo