MURCIA. Asociaciones, organizaciones de la sociedad civil y diversos economistas como Lorenzo Bernaldo de Quirós o Juan Ramón Rallo han reabierto el debate y proponen una suspensión temporal del salario mínimo para reactivar la economía y crear empleo. En un documento público recuerdan cómo en el primer trimestre de este año se registran 285.000 ocupados menos que al final de 2019; además de los más de cuatro millones de trabajadores afectados por los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). Destacan que estos alarmantes efectos económicos derivados de la pandemia hacen que esta crisis sea la más severa desde la Guerra Civil.
Ante esta perspectiva, y como medida encaminada a mantener el empleo en los mayores niveles posibles, varias organizaciones de la sociedad civil como Fundación Civismo, Fundación Internacional para la Libertad, Instituto Juan de Mariana, Centro Diego de Covarrubias y Club Liberal Español, así como los economistas Pedro Schwartz, Francisco Cabrillo, Juergen B. Donges y Jesús Huerta de Soto, así como los ya citados De Quirós y Rallo, abogan por que con carácter de urgencia se suspenda temporalmente el salario mínimo, que este año en España supera los 1.100 euros.
Subrayan que el salario mínimo constituye una barrera de entrada en el mercado laboral, en particular para los jóvenes, trabajadores de mayor edad, y los menos cualificados, quienes, además, serán los más perjudicados por la actual crisis económica.
Asimismo, recuerdan que se ha obligado el cierre de empresas por cuestiones sanitarias, y que en la desescalada se permitirá reabrir con restricciones de aforo, especialmente en los sectores de hostelería, ocio y turismo, además del comercio. Indican que si no se da flexibilidad a los empresarios para negociar libremente con sus empleados las condiciones en las que les pueden contratar y en las que a estos les puede compensar trabajar, “muchos de ellos se quedarán en paro”.
En ese sentido, el salario mínimo iría en contra de la libre disposición de las partes. “Mientras que medidas como estas acostumbran a hacer hincapié en la figura del empleador, a quien obligan a pagarlo, a menudo olvidan la del empleado, que estaría dispuesto a aceptar una remuneración inferior con tal de asegurar su puesto de trabajo”. Lo que en la situación actual cobra mayor importancia y urgencia. “En estos momentos, impedir dar trabajo al empleador y trabajar al empleado, a pesar de poder interesarles a los dos, es un lujo inasumible, ya que llevará a un descomunal crecimiento de la economía sumergida, la cual, además de profundamente injusta, no contribuye al sostenimiento del sistema”, manifiestan.
Sobre cuestiones macroeconómicas, estos economistas y organizaciones recuerdan por último que el “menguante sector privado”, no puede mantener a más de 21 millones de españoles que dependen directamente del Estado. “El sistema no va a aguantar el colosal incremento de las prestaciones por desempleo que se está produciendo. Por ello, cualquier medida encaminada a combatir el desempleo y que los ciudadanos empiecen a contribuir y cotizar supondrá un alivio que resulta más necesario que nunca. De lo contrario, corremos el riesgo de que intervengan a España, lo cual ocasionaría recortes más drásticos y dolorosos”, concluyen.