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El cerco se estrechaba sobre los sospechosos. Y los sospechosos éramos todos. Todo comenzó en la ZonaZero-BXL. El gobierno nacional había activado un control digital y personal sobre todos los ciudadanos que salían y entraban por las fronteras de la Unión. Al seguimiento telemático, previo a la implantación universal del eHealth Passport y del chip al nacer, le acompañó la persecución domiciliaria.
Eran las cuatro de la tarde de un domingo de marzo cuando sonó el timbre. La comida entre amigos se interrumpió. Se hizo el silencio. La Tieta preguntó desde el telefonillo. “Soy del gobierno”, dijo voz al otro lado desde la calle. “Estamos preguntando si…”. La conversación era ininteligible. Bajó las escaleras de los cuatro pisos que separaban su mundo del espacio exterior y abrió la puerta con la mascarilla puesta.
La joven repitió de forma automática, sin ningún distintivo oficial y sin identificarse debidamente. “Soy del gobierno. Estamos comprobado que ha recibido una comunicación por teléfono sobre su llegada a la ZonaZero-BXL y un código para su próximo test-covid”. La respuesta fue escueta: “No. Sólo un email. Sin código”. La joven tomó nota, marcó con una cruz y deseó un buen día desde su sonrisa enmascarada.
No. No era un control rutinario sobre las comunicaciones telemáticas del gobierno. Era un seguimiento a domicilio para comprobar si se cumplía el aislamiento y confinamiento obligatorios de la cuarentena. Y, lo que es peor, no era la autoridad pública la que ejercía el control, sino una empresa en la que el Estado había delegado su poder sobre la libertad de los ciudadanos, el único con ese monopolio. Hasta la fecha.
El miedo hizo presa de los ciudadanos. No el miedo al contagio, sino el miedo a ser descubiertos por la eHealth Police. El miedo a no poder salir a trabajar, a no poder salir a pasear a no poder invitar a amigos en casa, al aislamiento más absoluto. Sólo estaba permitida la compra en un supermercado siempre abarrotado de gente y con contacto manual directo de todos los productos de alimentación, y a la farmacia, lugar asiduo de enfermos. La multa por incumplimiento era de 500 euros.
El Certificado de Cuarentena había que remitirlo al “empleador del paciente / del paciente autónomo / del anfitrión o institución educativa de la persona en cuestión”. Se llamaba “paciente” a cualquier sospechoso de contagio por contacto directo con un enfermo de covid o por viajar desde una zona roja. En aquel invierno de 2021, todo el Territorio-Europa era zona roja.
“Yo, el abajo firmante, Doctor en Medicina, siguiendo la información recabada en la lucha contra la covid-19, certifico que XXX -apellido, nombre del paciente. Número de identificación del Registro Nacional de Pacientes- es capaz de trabajar o seguir la enseñanza, pero no se le permite ir a su lugar de trabajo / lugar de docencia durante 10 días porque el individuo presenta un mayor riesgo de infección por covid-19”.
El médico certificaba sin haber visto al supuesto “paciente” y que no tenía ni tos. “La cuarentena tiene una duración máxima de 10 días, a partir del último día en riesgo o al regreso de la zona roja, por cualquier estancia de más de 48 horas o contacto con una persona potencialmente contagiosa. La cuarentena puede levantarse antes sobre la base de un resultado negativo de la prueba de PCR, que se realiza no antes del séptimo día”.
“Este certificado se refiere al inicio de la cuarentena. Salida prohibida. De acuerdo con el artículo 15 de la Ordenanza de 19 de julio de 2007, relativa a la política de prevención en salud, el incumplimiento de las medidas de cuarentena impuestas puede derivar en denuncia con eventual enjuiciamiento penal y multa que podrá imponerse. En nombre de la Dirección de Servicios de Salud y Asistencia Personal del Colegio Reunido de la Comisión Comunitaria de Bruselas-Capital”. Miedo en el cuerpo…
