CARTAGENA (EUROPA PRESS). Esta semana el Gobierno Central hacía público el dato oficial de los bienes que la Iglesia había inmatriculado en su nombre en todo el país. La cifra alcanza 34.961 bienes en España; en la Región de Murcia las propiedades registradas son un total de 373 con la denominación de 'Templos y dependencias complementarias' y otras 97 restantes que no tienen esa figura. Entre estos bienes, los hay de todo tipo desde viviendas, salones, terrenos, cementerios, solares, almacenes, salones de uso recreativo, garajes, diversas edificaciones, terrenos de pastos y ermitas, fincas, tierras de secano, parcelas de terreno, edificios, locales comerciales, un salón de uso recreativo o hasta las parcelas de un cementerio en la diputación cartagenera de La Palma.
En esta pequeña localidad, los vecinos crearon una asociación que trata de que la Iglesia reconozca "las propiedades que, hace casi un siglo, la Iglesia y los párrocos de La Palma vendieron a los vecinos para construir sus nichos, panteones o tumbas para que pudieran ser enterrados en su pueblo" ha señalado, el abogado que representa a esta asociación, Rafael Sánchez.
El letrado ha reconocido a Europa Press que "la publicación de esta lista por parte del Gobierno no varía en exceso la situación legal de los afectados por el cementerio de La Palma", ya que su pleito con la Diócesis de Cartagena "comenzó hace tres años", como ha reconocido la vocal de la Asociación de Afectados del Cementerio de La Palma, Toñi Pérez Galindo.
La vocal de esta asociación confía en que gracias a este listado "la gente nos tome más en serio" y ha contado como, cuando empezaron con esta disputa, "eran muchos los que nos tildaban de locos o de tener ciertas ideas políticas contra la Iglesia". La vocal ha insistido en que "nuestra única reclamación es que la Iglesia reconozca la titularidad de nuestros nichos" que, en su caso, "era de mi bisabuelo".
La reclamación no trata de poner en duda la propiedad del terreno del cementerio de La Palma por parte del Obispado "sólo quieren que esa compra venta de pequeñas parcelas sea reconocida" ya que, la actual situación sería como "si le dan a una persona la licencia para construir una casa, la construye y, pasado el tiempo, le dicen que sólo le dejan vivir ahí sólo a la persona que la ha construido", ha argumentado Rafael Sánchez.
La situación judicial de este pleito está en el tejado del Obispado de Cartagena. "Hemos intentado hacer varios acuerdos extrajudiciales sin obtener ninguna respuesta" ha apuntado el abogado de la asociación. Por lo que, ahora mismo, "se ha enviado un requerimiento por burofax para resolver este pleito en los juzgados" ha asegurado Rafael Sánchez.
La problemática en el camposanto de La Palma comenzó cuando uno de los párrocos de la Iglesia de la localidad "cambió los títulos de propiedad por otros que sólo otorga un derecho de enterramiento", asevera el abogado de la asociación, por lo que "sólo me puedo enterrar yo, pero nadie más de mi familia" ha expresado amargamente la vocal de la Asociación de Afectados Toñi Pérez Galindo.
De hecho, Pérez Galindo ha recordado como fue con su abuela a que "le actualizaran la documentación" de la propiedad que tenía su familia en el cementerio. El párroco titular de la Iglesia de La Palma rompió el documento de y le dio otro que le otorgaba un derecho de enterramiento pero de no de titularidad del panteón. La abuela de la vocal de la Asociación de Afectados del Cementerio de la Palma le expresó al sacerdote que "eso no es lo que yo te he dado" provocando, de este modo, que muchos vecinos mirasen "la letra pequeña de la nueva documentación" entregada por el clérigo.
El caso de La Palma y la publicidad obtenida tras la publicación de la lista de los bienes inmatriculados por parte de la Iglesia ha hecho que "mucha gente haya perdido el miedo" y en estos días el teléfono de la asociación cartagenera haya recibido muchas llamadas de información por tener casos similares al de La Palma. "Hemos recibido llamadas desde San Fernando en Cádiz hasta Pilar de la Horadada interesándose por nuestro pleito", ha dicho la vocal de la asociación.
Finalmente, este grupo de unos 200 vecinos espera se resuelva para que muchos de los litigantes puedan ser enterrados en su propiedades sin el temor a que "pasados 50 años nos echen a un columbario", ya que ese es el final que otorgan los nuevos derechos de enterramiento expedidos.
Europa Press ha tratado de conocer el punto de vista del Obispado de Cartagena. Un miembro de la Diócesis nos ha remitido a hablar con el párroco titular de la diputación de La Palma, con el cuál no hemos podido contactar hasta la fecha de publicación de esta información.