CARTAGENA. El Tribunal de Cuentas y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia han puesto fin a dos procesos judiciales relacionados con la gestión del servicio de agua en Cartagena. Ambos tribunales han desestimado la mayoría de las denuncias presentadas, aunque uno de los casos investigará un presunto pago indebido de 379.000 euros.
El Tribunal de Cuentas ha archivado la mayor parte de las denuncias interpuestas por la Asociación de Afectados por los Servicios Públicos de Cartagena (ASEPUCAR) y la Organización de Usuarios y Consumidores de Agua (AGUAIURIS). Estas asociaciones denunciaron presuntas irregularidades en la gestión del contrato de concesión del agua potable y saneamiento en Cartagena, gestionado por la empresa Hidrogea.
Entre las acusaciones destacaban la manipulación de tarifas, la implantación indebida de un canon de saneamiento y la prórroga del contrato sin las inversiones necesarias. Sin embargo, el Tribunal concluyó que la mayoría de las denuncias no presentaban pruebas suficientes o un daño económico claro para el Ayuntamiento, lo que motivó el archivo de las actuaciones.
A pesar del archivo general, el Tribunal de Cuentas decidió abrir una investigación sobre un pago de 379.537 euros relacionado con el Fondo Social entre 2014 y 2017. ASEPUCAR argumentó que este dinero fue bonificado incorrectamente a ciertos usuarios vulnerables en concepto de suministro de agua y asumido de forma indebida por el Ayuntamiento de Cartagena.
Hay que recordar que para ayudar a familias sin recursos, se habilitó una partida que gestionaba Hidrogea y mediante la que se cubrían los gastos de agua a las familias con derecho a esa ayuda, previo informe de Servicios Sociales municipales. Curiosamente parte de los cuatro años que se investigan, el periodo comprendido entre los años 2014-2017 el gobierno lo ejercían MC Cartagena y el PSOE -2015-2019-, en un pacto que fue interrumpido a la mitad de la legislatura. En ese periodo las ayudas a las familias vulnerables, superaron la previsión del bono y cuando se hizo la liquidación por esos cuatro años, el Ayuntamiento abonó 379.000 euros por ese concepto.
La consejera de cuentas encargada del caso ha solicitado la designación de un Delegado Instructor para investigar este punto en profundidad, lo que podría suponer nuevas implicaciones legales para el consistorio cartagenero.
En paralelo, el TSJ de Murcia ha rechazado el recurso de apelación presentado por el exalcalde José López Martínez y la concejala de MC Cartagena, Isabel García García, quienes impugnaron las nuevas tarifas de agua aprobadas en 2018.
En su apelación, argumentaban que la sentencia vulneraba sus derechos constitucionales y aplicaba incorrectamente diversas disposiciones legales, en particular respecto a su legitimación para actuar en el proceso. Alegaron que la modificación de las tarifas se basaba en un convenio de empresa, no en uno sectorial, y que introdujo una "tarifa de fugas" que no estaba contemplada en el contrato inicial. La sentencia confirma el fallo previo del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Cartagena.
El TSJ, sin embargo, falló en contra de los concejales, argumentando que no demostraron un "interés legítimo" y que las nuevas tarifas, en lugar de perjudicar a los usuarios, supusieron una reducción de aproximadamente el 13% en el importe de las facturas. Los recurrentes no acreditaron un perjuicio concreto que justificara su legitimación activa. Por estas razones, el recurso de apelación fue desestimado, confirmándose la sentencia original e imponiéndose las costas a los apelantes. El tribunal impuso el pago de las mismas, limitadas a 1.000 euros, a los recurrentes por no haber acreditado el daño que alegaban.
Con estas resoluciones, tanto el Tribunal de Cuentas como el TSJ de Murcia dan por cerradas las principales disputas en torno a la gestión del agua en Cartagena. Sin embargo, queda pendiente la investigación por el posible pago indebido de 379.000 euros, que será objeto de análisis más detallado por el Tribunal de Cuentas.
