Cualquiera que haya acudido estas últimas semanas a un restaurante ha comprobado de primera mano el rigor con que estos locales aplican los protocolos para evitar el contagio por la covid-19. La desinfección del mobiliario, la exigencia de mascarillas y la distribución de las salas y terrazas para evitar reuniones numerosas son normas que los hosteleros han aplicado a rajatabla desde que el Gobierno socialchavista nos levantó el arresto domiciliario a finales del mes de mayo y los negocios, aunque de manera renqueante, volvieron a retomar su actividad.
Llama la atención, por tanto, que uno de los sectores que más y mejor han observado las normas higiénico-sanitarias para evitar la propagación de la pandemia sea el que más impedimentos está sufriendo para, simplemente, tratar de sobrevivir en un contexto devastado por las malas decisiones y la incompetencia proteica de unos gobernantes sectarios.
Este pasado viernes pudimos ver la imagen desoladora de los hosteleros de la Región de Murcia manifestándose contra las medidas de los gobiernos, central y autonómico, que han hecho tabla rasa a la hora de regular la actividad del sector. Porque no es razonable machacar a todos los locales de restauración porque unos cuantos propietarios (que se pueden contar con los dedos de una mano) hayan olvidado su responsabilidad como empresarios a cambio de llenar momentáneamente la caja registradora. En esos casos resulta inevitable la multa correspondiente, que sanciona al infractor y, de paso, sirve de aviso a navegantes, pero extender el castigo a todos los bares y restaurantes de una comunidad autónoma es una decisión absurda y profundamente injusta, que solo sirve para que los políticos que la adoptan aparezcan ante los ciudadanos como una especie de jueces supremos que emplean la mano dura por nuestro bien.
Murcia tiene una doble desgracia, porque la hostelería y la agricultura son los pilares de nuestra economía, justo los dos sectores más machacados por las últimas decisiones políticas de nuestros dirigentes. Los restaurantes cierran por las medidas draconianas impuestas por unos personajes que no tienen ni idea de cómo funciona la economía real y la agricultura es sacrificada como consecuencia del mandato de la secta ecologista, que la deja sin agua y le atribuye toda la responsabilidad de los problemas medioambientales.
Es evidente que en Murcia vamos encaminados sin remisión hacia un modelo económico calcado del socialismo andaluz, consistente en una economía destrozada y una población viviendo del subsidio estatal, para que todos sepamos a quién hay que votar. Es el paradigma preferido por la izquierda chavista que padecemos, que tan buenos resultados le ha dado allí donde se ha aplicado: hundir a la gente en la pobreza y arrasar en las urnas elección tras elección.