¿De qué van?

MURCIA. El próximo curso se implantará en toda España la LOMLOE, también llamada ley Celaá.

Tanto el presidente como la consejera de Educación han dicho públicamente que el Gobierno regional está buscando resquicios jurídicos para incumplirla. Causa estupor que un presidente o una consejera alardeen de que están buscando atajos para incumplir una ley orgánica y muchos ciudadanos nos preguntamos de qué van, porque las leyes, gusten o no, son de obligado cumplimiento para todos.  

Pero si profundizamos en los motivos del Gobierno regional para "justificar" la obstrucción a una ley que se implantará con normalidad en el resto de España, a la estupefacción se suma el desconcierto que producen las peregrinas razones que se han dado.

"nuestros gobernantes desconocen, o no, que la libertad de enseñanza y elegir centro son dos cosas diferentes"

Para muestra los dos grandes argumentos. Afirma el presidente que esta ley tiene el "gran peligro" de que niños y niñas no sabrán hablar castellano porque el castellano no aparece como lengua vehicular, peligro que al parecer solo corren los niños murcianos y que no afectará a los de otras comunidades.

Conviene recordar a nuestros gobernantes que el castellano como lengua vehicular no aparece en ninguna de las seis leyes anteriores, todas perfectamente constitucionales, por cierto; sólo en 2013 la Ley Wert (que no se desarrolló) incorporó ese artículo que se vuelve a suprimir ahora.

Pero, además, el castellano no es la lengua vehicular en miles de colegios bilingües de toda España, ni en cientos de colegios e institutos trilingües de la Comunidad de Madrid y de momento no parece que a ningún niño o niña se le ha olvidado el castellano por hablar inglés, alemán, chino o francés en clase.

El otro gran argumento para esquivar la ley es que el Gobierno regional defiende la libertad de enseñanza. Al parecer, incumplir la ley Celaá nos va a convertir en la única comunidad de España con libertad de enseñanza. Para ello curiosamente se ha incrementado el presupuesto para centros privados y concertados con el argumento de que así todas las familias podrán elegir para sus hijos el colegio que prefieran, ya sea público, concertado o privado.

Posiblemente nuestros gobernantes desconocen, o no, que la libertad de enseñanza y elegir centro son dos cosas completamente diferentes, algo que el Tribunal Constitucional ha dejado muy claro no en una, sino en cinco sentencias.

Pero, además, no nos engañemos: en la privada no son las familias las que eligen el centro, no; al final son los centros los que seleccionan a su alumnado con criterios socioeconómicos e/o ideológicos y de familia. Todos sabemos que se requiere un nivel de renta para pagar la "cuota voluntaria" y en muchos casos transporte, que superada esa selección puramente económica es preciso aceptar el ideario del centro y que, aceptado eso, finalmente el colegio selecciona a las familias primando el acceso a hijos de antiguos alumnos; o sea, el centro elige.

Pues después de un curso semipresencial en esto estamos en esta Región: en hacer oposición al Gobierno de España. Lamentable.

Rosa Peñalver Pérez. 

Docente. Jubilada.