VALENCIA (EP). Los empresarios Asunción Boscá y José Rafael Martínez, quienes acusan a dos exdirectivos del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), Enrique Pérez Boada y José Manuel Uncio, de prevaricación y otros delitos relacionados con la tramitación para la construcción y gestión de un hotel ubicado en la localidad valenciana de Jalance, solicitan para ellos una pena de 15 años de cárcel y 12 de inhabilitación para cargo o empleo público.
Así consta en el escrito de calificación elaborado por el abogado de los empresarios, en el que se solicita la apertura de juicio oral contra 10 personas -entre ellas, Uncio y Boada-, por un total de 25 delitos. Asimismo, señala a dos responsables subsidiarios, el Ayuntamiento de Jalance y el IVF.
Junto a Uncio y Boada, los empresarios -exmiembros del consejo del hotel- dirigen su acusación contra otro miembro del IVF, el ex director de inversiones crediticias, Enrique Benede; el exalcalde de Jalance y socio y vocal del Consejo de Administración de la sociedad del hotel, Ángel Abel Navarro; el expresidente del Consejo de Administración y exfuncionario de la Diputación de Valencia, Joaquín Boíl, y el socio, vocal y secretario de la mercantil Hotel del Valle Jalance S.L., Pedro López; el administrador de la entidad y director del hotel, Joaquín Miguel Boíl; y otras tres personas más.
En total, la acusación suma 25 delitos: un delito de estafa; otro continuado de apropiación indebida; otro de insolvencia punible; cuatro delitos de insolvencia punible; cinco delitos societarios; un delito contra la Hacienda Pública; otro contra la Seguridad Social; un delito contable tributario; un delito de falsificación; dos delitos de falsedad y otro de falsedad en documento público; un delito de falsedad en documento privado; otro de prevaricación; un delito de omisión del deber de perseguir delito; otro de encubrimiento; de falso testimonio; y un delito de desobediencia a la autoridad.
Para los dos exdirectores del IVF, los empresarios solicitan 15 años de cárcel y 12 de inhabilitación; mientras que para el ex director de inversiones de esta entidad, piden dos años de cárcel y otros dos de inhabilitación. Por su parte, reclaman para el exalcalde de Jalance la pena de 46 años y siete meses de cárcel, además de 12 años de inhabilitación para cargo público; y respecto a los miembros de la sociedad, piden desde un mínimo de 46 años y tres meses de cárcel, hasta 59 años y siete meses. Para los otros tres acusados en el procedimiento, que celebraron su boda en el hotel, reclaman entre 10 y 12 años de prisión.
INDEMNIZACIONES
En materia de indemnizaciones, los denunciantes solicitan 9.368.582 euros -6.368.582 euros por los daños materiales ocasionados, y la cantidad de tres millones de euros (uno para Rafael y dos para Asunción) por los daños morales-. Asimismo, se solicita una fianza de dos millones de euros para todos los acusados menos para los tres que celebraron allí sus bodas.
Los hechos investigados están relacionados con la gestión y la concesión de un préstamo, por parte del IVF y de una entidad bancaria, para construir un hotel en Jalance. Al respecto, los querellantes, Asunción Boscá y José Rafael Martínez, exmiembros del consejo de la mercantil del hotel, estiman que han producido irregularidades con la ejecución del préstamo. Como consecuencia, se tuvo que recurrir a la solicitud de expediente de suspensión de pagos, favoreciendo y acelerando la descapitalización e insolvencia de la mercantil.
De esta forma, se dejó de atender pagos a acreedores ordinarios y preferentes, incluidas deudas laborales, créditos con entidades financieras, obligaciones tributarias y de Seguridad Social, causando perjuicios concretos a los querellantes que vieron subastados bienes por importe de 21.350 euros, al ser avalistas de la sociedad.
Asimismo, se desatendieron las obligaciones fiscales, pagos de IVA, pagos fraccionados, Impuesto de Sociedades, y dejaron de presentar en los ejercicios 2001, 2002 y 2003 declaraciones fiscales y cuentas anuales ante el Registro Mercantil. El 13 de noviembre de 2003 llegó a presentar solicitud de quiebra voluntaria.
"NI UNA SOLA DE LAS OBLIGACIONES"
El letrado de los querellantes expone en su escrito de calificación que los exdirectores del IVF tienen "responsabilidad" en este procedimiento al no realizar "ni una sola de las obligaciones de supervisión y control de las actividades ilegales de la empresa", lo que "derivó en un impago y en la consiguiente pérdida del valor del bien".
Asimismo, respecto a Uncio, quien ocupó el cargo en el instituto desde 1995 a 2004, se expone que recibió hasta tres escritos distintos con soluciones y propuestas para evitar la subasta del establecimiento y, sin embargo, éste "nunca respondió".
En cuanto a Benede, la acusación indica que "en lugar de realizar la función de vigilar la evolución del impago del préstamo, exigiendo a la empresa el cumplimiento de las garantías contenidas en la escritura de préstamo, avaló la comisión de varios delitos societarios, fiscales y patrimoniales sin hacer absolutamente nada al respecto".
Por otro lado, en cuanto a los miembros del Consejo de Administración, los empresarios les acusan de dejar de pagar a acreedores ordinarios y preferentes; de incumplir las obligaciones de pago contraídas con entidades financieras; dejar de atender obligaciones tributarias; dejar de satisfacer cuotas a la Tesorería de la Seguridad Social; entre otros.
Así, respecto al consejero delegado de la sociedad, la acusación también mantiene que ordenó transferencias bancarias de las cuentas de la sociedad a sus cuentas personales; y que autorizó transferencias de las cuentas de la entidad a las personales de su hijo.
