VALENCIA. Ya apuntaba maneras y en los últimos días ha acabado por consolidarse. El Corredor Mediterráneo es el nuevo trasvase del Ebro. Al menos en lo que a la política valenciana se refiere. Ha bastado con que el Ayuntamiento de Tarragona haya presentado una serie de alegaciones al trayecto al paso por su término municipal para que la clase política local se haya enzarzado en un debate tan esteril como evocador de tiempos pasados. Ya se sabe, los catalanes, que antes nos querían robar la paella y después el agua del Ebro que derrochaban tirando al mar, quieren boicotear una infraestructura esencial para los intereses económicos valencianos.

De no ser porque da auténtica vergüenza propia, sería hasta gracioso. El PP de la Comunitat Valenciana acusando a los socialistas de que sus correligionarios tarraconenses pueden cargarse el futuro de esta tierra solo con unas alegaciones. Y el PSPV entrando al trapo, quién sabe si por algún sentimiento de culpa inexplicable.

Lo cierto es que todo lo que ha rodeado al debate sobre el corredor de ancho europeo para mercancías en España ha estado teñido de ese debate territorial que, lejos de suponer una defensa de una necesidad para el desarrollo futuro, se impregnaba de consignas políticas.

Este mismo lunes, dentro de ese culebrón de agosto-septiembre con que amenaza en convertirse la postura de Tarragona sobre el trazado, el PPCV reunió a su comisión de infraestructuras para analizar el nuevo escenario. Y, tras ella, el secretario general, Serafín Castellano, salió con gesto muy serio a enarbolar la bandera del 'corredor para todos'.

Y fue en este momento cuando se produjo la declaración que produce un déjà vu con aquella campaña en pro de un trasvase que nunca fue. "El PPCV se reunirá con el tejido empresarial para que el proyecto del tercer carril salga en los plazos previstos", dijo Castellano. Una declaración cuanto menos chocante, habida cuenta de que el tejido empresarial valenciano -el mismo al que se embarcó en la guerra del agua- no tiene papel alguno en que la infraestructura esté en el tiempo previsto.

De hecho, bien haría el PPCV valenciano de reunirse con la ministra de Fomento, Ana Pastor, y con los responsables de la Unión Europea, ya que son las dos instituciones que tienen que financiar ese tercer carril.

Hace unos meses los tres presidentes de las comunidades autónomas por los que discurrirá el corredor, Cataluña, Comunitat Valenciana y Murcia, además del de Baleares, se hicieron una foto conjunta tras el éxito de conseguir que Europa considerara prioritario el trazado por la costa mediterránea. Pero parece que la unión, el consenso y el trabajo común y silencioso con las administraciones que tienen que pagar y construirlo ni da titulares ni da supuestos votos.

La alternativa es, como ocurrió con el trasvase del Ebro, coger un asunto que se supone de interés general y agitarlo hasta el punto de que quien diga algo que lo ponga en cuestión se convierte en un antivalenciano. Y así nos va...