El Corredor Mediterráneo de las Danas y la Seguridad Nacional 

Los días pasan y la presencia informativa de la DANA se arruga. La sobrecarga de información de nuestra época reduce los tiempos disponibles en los noticieros de radio y televisión. Acorta el espacio dedicado por los medios impresos. ¿Caerá en el olvido o en la indiferencia la peor tragedia climática que los valencianos y valencianas hemos conocido en el siglo XXI? El voluntarismo conduce a decir NO con rotundidad. Con mayúsculas. Sin embargo, bien sabemos que el mundo no funciona según las reglas que desearíamos. Por lo tanto conviene reflexionar sobre cómo proceder colectivamente, a partir de ahora, para que las llamas no decaigan en rescoldos y a éstos les sucedan las cenizas del abandono.

Desde los poderes públicos se habla, principalmente, de reparación y recuperación. De regresar cuanto antes a la normalidad del día a día, por más que el paso del tiempo no podrá borrar la estela de aquello que no admite vuelta atrás: las vidas de los 222 fallecidos hasta ahora recuperados. Es por el peso de semejante tragedia que tenemos la obligación moral y cívica de evitar o minimizar al máximo el dolor, la negligencia y la ineptitud que consumen vidas, proyectos de futuro y valores sociales deseables.

Para ello la prevención debe añadirse a la reparación y la recuperación. La prevención asume el objetivo de evitar las consecuencias humanamente previsibles, en cada momento, de una naturaleza acelerada por el cambio climático. La negación de éste no es ya una mera opinión: supone un atentado intelectual contra la seguridad vital que los ciudadanos merecemos; constituye un artificio dogmático alimentado por la ignorancia: sí, en el siglo del conocimiento científico y tecnológico, regresa la furia de los intransigentes, la vindicación del fanatismo y la quema de la inteligencia constructiva en el fuego de la intolerancia. Y, para quienes no niegan, pero sí dudan de la existencia del calentamiento global y sus consecuencias, basta con que observen la magnitud y repetición del daño humano y material provocado por las DANAS, su valoración económica y la de los recursos que resultan necesarios para devolver alguna normalidad a hogares, empresas e infraestructuras económicas y sociales.

La prevención representa el mejor de los seguros contra lo que ya son manifestaciones extremas, cada vez más frecuentes, del clima mediterráneo. A este respecto existen dos niveles de respuesta; una de policy y otra de politics, si adoptamos la terminología anglosajona. En el terreno de la policy urge asegurar que, una vez recuperada la normalidad, se aborde la proyección y ejecución de las infraestructuras críticas para reducir los riesgos a corto y medio plazo, tanto de las inundaciones como de los efectos de éstas sobre los servicios públicos básicos y las zonas más próximas a ríos, barrancos y ramblas. Pero, como se avanzaba con anterioridad, las prioridades públicas de los primeros momentos pueden marchitarse a medida que pasa el tiempo: porque aparecen nuevas demandas sociales que reclaman atención e interesan a un mayor número de ciudadanos; o, simplemente, porque la memoria humana huye de sus peores recuerdos.

En cualquier caso, el resultado es conocido: el desplazamiento de lo inicialmente prioritario por lo calificado de urgente en un momento posterior. De ahí que no exista una garantía cierta de que los grandes problemas estructurales que el cambio climático está exacerbando en el área mediterránea reciban una atención continuada y económicamente adecuada. Un interés suficiente para acometer, con el conocimiento existente, las inversiones que demanda  la seguridad a largo plazo del territorio amenazado.

No obstante, la experiencia más próxima nos ilustra sobre una vía para conseguir que los planes de las Administraciones no remoloneen y se conviertan en deseos reiteradamente aplazados. El Corredor Mediterráneo ferroviario, aunque sometido a algunas críticas, no pierde por ello su valor pedagógico. Nos enseña que la unión de las voluntades políticas de las Comunidades Autónomas concernidas y de sus sociedades civiles ha posibilitado que el Corredor haya logrado una notable visibilidad como proyecto multiregional de movilidad y eficiencia  tanto económicas como  medioambientales.  

Cualquier variable que se emplee para ponderar la importancia del anterior Corredor sirve para enaltecer la del Corredor Mediterráneo de las DANAS. Se trata, en gran medida, del mismo espacio amenazado por su situación geográfica. Ya sea por población, PIB, capital humano, patrimonio cultural, exportaciones, turismo o cualquier otra variable, la suma de Cataluña, Comunitat Valenciana, Región de Murcia, Andalucía e Illes Balears conduce a magnitudes extraordinarias en el espacio español. Magnitudes extensivas a los flujos que las anteriores regiones mantienen entre sí y con las restantes Comunidades Autónomas (CCAA), marcando el ritmo de la economía española y de su proyección europea e internacional. Magnitudes que se retuercen contra el interés general del país cuando irrumpe la furia destructiva de las DANAS.

Compartir unos mismos riesgos aconseja asumir una misma respuesta ante sus secuelas. Una respuesta pragmática porque, con independencia de su especificidad, las inversiones destinadas a evitar o corregir los daños de las DANAS recorren el territorio de las cinco CCAA. Una compartición que fundamenta la alianza de los respectivos gobiernos autonómicos y de sus agentes económicos, sociales y científicos para lograr de la administración central un punto de encuentro mutuamente beneficioso: que las DANAS Mediterráneas se sitúen entre las principales amenazas contempladas por la Estrategia de Seguridad Nacional, en su apartado sobre Protección Civil, aprobada en 2019 y que corresponde revisar en 2024. Una presencia blindada por una ley específica acordada por las administraciones actuantes.

En consecuencia, que la inversión pública en prevención climática del Mediterráneo peninsular e insular, -también con apoyos europeos-,  alcance la intensidad y continuidad necesarias para atajar los riesgos previsibles a largo plazo no contemplados en las etapas de reparación y recuperación o que, habiéndolo sido, precisen reforzarse; una presencia presupuestaria extraordinaria de al menos entre 10 y 15 años, según aconsejen los trabajos técnicos previos tras su inclusión en la mencionada ley. Una presencia de inversiones en infraestructuras y, asimismo, en educación sobre protección civil, mayor número y especialización del personal de emergencias, investigación y transferencia de nuevo conocimiento y tecnología sobre prevención de inundaciones, automatización de rutinas operativas y la redundancia de los medios empleados en comunicación, entre otras acciones.

No se trata de una demanda de privilegios. Según la anterior Estrategia Nacional de Protección Civil, las inundaciones habían causado en España la muerte de 300 personas en los 30 años anteriores a 2019. Únicamente los valencianos, entre este año y 2024, padecemos el dolor de añadir 222 de la provincia de València y 6 de la Vega Baja: ¿es el nuestro un objetivo voraz e insolidario o, simplemente, un reclamo angustioso?

Por último, al objetivo de la previsión presupuestaria suficiente cabe añadir la revisión de los instrumentos urbanísticos existentes y la supervisión de su aplicación futura para, en este caso, adelantarse a los excesos derivados de la imprudencia, el desconocimiento y la codicia: pulsiones estimuladoras de muchas de las presiones locales que provocan la ocupación del territorio en zonas inundables. Por cierto: ¡cuántas lecciones pueden extraerse de la salvación del caos conseguida por IKEA!