MADRID (EP). El Congreso ha aprobado este jueves la transposición de la directiva europea que regula un tipo mínimo del 15 % para las multinacionales y el paquete fiscal del Gobierno, que incluye medidas como los impuestos a la banca y los vapeadores o una subida de la fiscalidad del tabaco.
Tras semanas de duras negociaciones y vetos cruzados, que llegaron a poner en peligro una norma que prevé recaudar 8.000 millones, el proyecto de ley ha resultado aprobado por 178 votos a favor (PSOE, Sumar, ERC, Bildu, Junts, PNV, Podemos, BNG y CC) frente a 171 votos en contra y pasa ahora al Senado, donde continuará su tramitación.
Hasta esta misma mañana, Podemos mantenía su intención de votar en contra, lo que hubiera hecho decaer la ley, y solo ha cambiado su posición tras cerrar un acuerdo con el PSOE para impulsar un impuesto para las energéticas.
El proyecto de ley avalado este jueves adapta la regulación nacional del tipo mínimo del 15 % para las multinacionales a la directiva europea, una transposición que ya va con retraso, lo que ha llevado a la Comisión Europea a abrir expediente a España.
También incorpora una batería de medidas fiscales pactadas por el Gobierno con sus socios parlamentarios, entre las que destaca la creación de un impuesto sobre el margen de intereses y comisiones bancarias, que sustituirá al actual gravamen extraordinario y que será concertado con las haciendas forales.
Asimismo, se establece un impuesto para los vapeadores, una subida de la tributación del tabaco, un aumento del IRPF para las rentas del capital superiores a 300.000 euros y una bajada del impuesto de sociedades para pymes, así como una serie de cambios normativos para combatir el fraude fiscal en el sector de los hidrocarburos.
También se aprueban modificaciones en el impuesto de sociedades que permitirán compensar el efecto en la recaudación de la anulación, por parte del Tribunal Constitucional, de las reformas realizadas por el PP a este impuesto y que hubieran supuesto, según la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la pérdida de 5.000 millones en ingresos solo este año.
En cambio, ha quedado fuera la subida de la tributación del diésel para equipararlo a la gasolina y buena parte de las medidas pactadas con Sumar, como los impuestos para los bienes de lujo y las grandes herencias o para retirar los beneficios fiscales a socimis y seguros de salud privados.
Aunque la transposición de la directiva contaba con un amplio consenso parlamentario, la decisión de introducir el paquete fiscal del Gobierno complicó la aprobación de la ley hasta el punto de que, a primera hora de este jueves, todavía se encontraba en el aire.
Inicialmente, el Gobierno cerró el apoyo de PNV y Junts, a los que posteriormente se añadió Sumar, pero el resto de socios parlamentarios se negaban a avalar la norma a menos que incluyera el mantenimiento del impuesto a las energéticas, que Junts rechazaba.
El lunes, casi al final una Comisión de Hacienda caótica, en la que la ley iba a caer, el Gobierno acordó con ERC, Bildu y Junts extender un año el gravamen energético, pero todavía necesitaba atar los cuatro votos de Podemos de cara al Pleno de este jueves.
Ya iniciado el Pleno, Podemos ha anunciado un acuerdo con el PSOE para impulsar entre todos los socios parlamentarios un proyecto de ley que regule el impuesto a las energéticas, lo que ha generado cierto malestar en el PNV, que no había sido informado, a diferencia de otros grupos como Bildu.
La pieza clave de esta futura ley es Junts, cuyo voto es imprescindible para sacarla adelante. Montero ha afirmado que el partido independentista formará parte de la comisión que negociará el impuesto, pero su portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, se ha limitado a apuntar que cuando conozcan la iniciativa, la analizarán.