FOTO: EUROPA PRESSVALÈNCIA. (EP) Un importante número de Comunidades Autónomas se han posicionado en contra del decreto que está preparando el Gobierno central para el fin del estado de alarma y con el que el Tribunal Supremo tendrá 5 días para resolver sobre las medidas adoptadas por las autonomías. "Trasladan la responsabilidad a los jueces", proclaman regiones como Cataluña, una idea con la que coinciden varios presidentes autonómicos, que acusan al Ejecutivo central de "judicializar" este asunto.
En concreto, las autonomías gobernadas por el PP, además de Cantabria, País Vasco y Cataluña, han criticado que el Gobierno central se exima de sus responsabilidades políticas asegurando que estas decisiones no corresponden a los tribunales. No obstante, comunidades lideradas por el PSOE, como Extremadura, sí que ha considerado acertada la decisión de unificar doctrina.
Así, a las 14.15 horas de este miércoles 5 de mayo esta es la posición que han expresado desde las Comunidades Autónomas:
El Ejecutivo andaluz ha criticado que el Gobierno central no haya planteado "un plan B" que facilite a las CCAA herramientas, sino que pretenda pasar la "pelota" al Tribunal Supremo. La Junta se encuentra trabajando en una "transición andaluz hacia la normalidad" y está a la espera de si el Gobierno central pone sobre la mesa algún plan y "arroja luz" sobre la situación a la que se van a tener que enfrentar las comunidades.
El presidente de Aragón, Javier Lambán, no se ha pronunciado explícitamente sobre la decisión del Ejecutivo central, si bien considera un problema que no se pueda aplicar el toque de queda una vez decaiga el estado de alarma, a partir del proximo domingo.
Por su parte, el presidente del Gobierno de Asturias, Adrián Barbón, se ha mostrado prudente ante la decisión del Ejecutivo central. "No tenemos nada que objetar" aseguraba Barbón sobre este asunto, que ha tildado de "novedad" desde el punto de vista jurídico.
Tampoco se ha pronunciado el Gobierno de Baleares, aunque esta misma se ha conocido que el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha declarado inadmisible la petición del Govern para una autorización de las medidas sanitarias que pretende adoptar a partir del 9 de mayo, debido a que se trata de un conjunto de propuestas y no de medidas ya adoptadas.
El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha señalado este miércoles que el Gobierno regional está valorando y estudiando desde el punto de vista "jurídico, técnico y científico" el Real Decreto (RD) aprobado por el Ejecutivo central que "da cobertura jurídica" a las comunidades tras el fin del estado de alarma, previsto para el 9 de mayo.
El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha acusado al jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, "de negligencia y dejación" de sus funciones por no aprobar "una legislación intermedia" o aprobar algún instrumento al servicio de las comunidades, ya que a partir del 9 de mayo se elimina el toque de queda y el cierre perimetral de la Comunidad.
"Ayer el Gobierno de España no aprobó ninguna medida, ningún instrumento al servicio de las comunidades autónomas, lo único que hacía era posibilitar un cauce de recurrir al Tribunal Supremo, pero el 9 de mayo concluye el estado de alarma", señalaba Mañueco.
Por su parte, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha indicado este martes que será "muy importante" la reunión de este miércoles del Consejo Interterritorial de Salud (CISNS) para plantear "algunos" criterios homogéneos entre las comunidades autónomas y espera "esas soluciones" que el Gobierno de España puedan plantear en el escenario en que decae el estado de alarma.
El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, cree que la decisión del Gobierno "no soluciona el tema" por el problema de los plazos. "Yo creo que para cuando el Supremo en un tema de casación pueda dar o quitar razones espero que lo de la pandemia sea un recuerdo porque todos sabemos cómo está el tema judicial. Lo que actúa con rapidez son los tribunales superiores de justicia", ha afirmado.
La consejera de la Presidencia y portavoz del Gobierno catalán en funciones, Meritxell Budó, ha acusado al Ejecutivo central de "trasladar la responsabilidad de la gestión de la pandemia a los estamentos judiciales" tras el estado de alarma, que se levanta este fin de semana. "Nos gustaría que la gestión de la pandemia quedara en manos de las autoridades sanitarias, y no de los estamentos judiciales", subrayaba Budó.
El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, ha considerado "buena" la decisión adoptada este pasado martes de "unificar doctrina" por parte del Tribunal Supremo tras el estado de alarma por la Covid-19 en España.
El Gobierno del País Vasco es uno de los más críticos con la decisión de Sánchez de no prorrogar el estado de alarma. En este contexto, insisten en reclamar que se mantenga esta norma y han afirmado, en boca del vicelehendakari primero, Josu Erkoreka, que hacer frente a la pandemia "no es el papel de los tribunales", sino que es "principalmente una responsabilidad política".
El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, también se ha mostrado disconforme con la aprobación del decreto ley para permitir a las comunidades recurrir al Tribunal Supremo si los tribunales superiores autonómicos tumban sus restricciones frente a la pandemia una vez decaiga el estado de alarma el próximo sábado por la noche.
Al respecto, ha señalado que la "tutela efectiva" de jueces y magistrados es "un principio constitucional", pero ha insistido en que él no considera que "para gestionar una pandemia" tengan que ser "jueces y magistrados los que concuerden con las propuestas del comité clínico y los epidemiólogos".
La portavoz del Gobierno de La Rioja, Sara Alba, ha anunciado que, el próximo viernes, tendrá lugar un Consejo de Gobierno con carácter extraordinario para decidir en qué nivel del nuevo Plan de Indicadores se situará la comunidad autónoma a partir del domingo, 9 de mayo, una vez que decaiga el estado de alarma.
Las recientes elecciones en la Comunidad de Madrid han imposibilitado que el Ejecutivo madrileño en funciones se haya pronunciado sobre este anuncio del Gobierno central.
Por su parte, el presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha criticado los problemas generados "porque el Gobierno central ha estado seis meses sin tomar una sola decisión; sin establecer un plan b jurídico alternativo para dar herramientas a las comunidades autónomas para que puedan seguir protegiendo a la población".
El Gobierno de Navarra flexibilizará a partir del 9 de mayo las medidas preventivas para hacer frente al COVID-19, una vez decaiga el estado de alarma.
El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha señalado este martes que "hay que ver la letra" del nuevo decreto anunciado por el Gobierno que permitirá al Tribunal Supremo tener la última palabra sobre las restricciones de las CCAA porque "puede tener muchas aristas", y al respecto, ha insistido en que la instancia del Consell será el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, del que ha destacado su actitud de prudencia y "sensibilidad" con la situación de la pandemia con la autonomía.
