Pere Aragonès y Natàlia Mas, en la presentación de la propuesta. Foto: EFE/QUIQUE GARCÍABARCELONA (EFE). El Gobierno catalán planteó este martes que Cataluña recaude todos los impuestos, frente al 9 % actual, y a cambio transfiera dos partidas que negociaría periódicamente con el Ejecutivo central: una por los servicios prestados por el Estado en la comunidad y una contribución "a la equidad entre territorios".
La consellera de Economía y Hacienda, Natàlia Mas, y la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, desgranaron en rueda de prensa desde el Palau de la Generalitat la propuesta de "financiación singular" que supone salir del régimen común de financiación autonómica (la administración central recauda la mayoría de los impuestos y luego transfiere una parte a las autonomías).
La "financiación singular" que ambiciona el Govern de Cataluña presidido por Pere Aragonès se inspira en los modelos vasco y navarro, pues contempla la recaudación y gestión de todos los impuestos y una suerte de "cupo" para sufragar inversiones estatales, si bien también añade una partida para "el reequilibrio territorial".
Poner fin al déficit fiscal catalán e instaurar una relación bilateral con el Estado son dos de las ejes sobre los que pivota el documento, de más de 80 páginas, dado a conocer este martes.
Las que siguen son las seis principales claves del informe:
El Govern de ERC quiere que Cataluña recaude y gestione todos los impuestos y no solo el 9 %, como hace actualmente. Ello conllevaría que de los poco más de 25.600 millones recaudados en 2021 (al margen de los casi 4.900 millones de tributos propios), la Generalitat pasaría a ingresar potencialmente hasta casi 52.000 millones, según sus previsiones.
Con este modelo, la administración catalana recaudaría y gestionaría el 100 % de los tributos que se pagan en Cataluña, incluidos el IVA, el IRPF, el impuesto sobre sociedades o los impuestos especiales.
El "déficit fiscal" catalán equivale al 8,1 % de su PIB, según la media de los últimos 35 años calculada por la Generalitat. En el caso de 2021, se situó en el 9,6 %, es decir, 22.000 millones: es el resultado de lo aportado al Estado (el 19,2 % del total) y lo recibido (el 13,6 %).
Ello lleva a la Generalitat a padecer "una infrafinanciación crónica" que se quiere solventar con esta propuesta. Los seis sistemas de financiación habidos hasta la fecha han tenido "un resultado invariable: una insuficiencia crónica y persistente" de recursos, ha denunciado la consellera Natàlia Mas.
Inspirado en los casos vasco y navarro -dos comunidades que se rigen por el régimen foral y no por el común, como es el caso de Cataluña y el resto de autonomías-, la propuesta de la Generalitat añade un elemento que no se da en el modelo de esas dos comunidades, "un fondo de reequilibrio territorial".
Lo que el Govern no quiso concretar este martes es qué cantidad debería destinar Cataluña a ese fondo, ni tampoco a sufragar los gastos que le corresponderían en materias como la política de defensa o la administración de justicia -lo que se solventaría con un mecanismo similar al llamado "cupo"-.
Cuestiones como la inmediatamente anterior deberían negociarse y revisarse mediante un "mecanismo permanente de coordinación" entre la Generalitat y el Estado. El Gobierno central ya señaló este mismo martes que quiere un acuerdo sobre financiación autonómica "con el conjunto de las comunidades" y a partir de "un diálogo que incluya no solo a Cataluña, sino al resto" de los territorios.
Natàlia Mas recordó al respecto que, en el marco de la investidura de Pedro Sánchez, ERC y PSOE acordaron constituir durante el primer trimestre de 2024 una comisión bilateral para, entre otros puntos, "lograr una financiación adecuada que garantice la suficiencia financiera de los servicios públicos en Cataluña".
El documento garantiza que la propuesta tiene encaje con el Estatut, con la Constitución y con el derecho comunitario, así que lo que debe darse no sería más que una negociación política.
Se requerirían tres modificaciones legales: de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca), de la norma que regula la financiación de las comunidades autónomas de régimen común y de la ley de cesión de tributos.
En el caso de España, sin tener en cuenta los ingresos de la Seguridad Social, el 62 % de los impuestos los recauda la Administración central, el 24 % las autonomías y el 13 % los entes locales.
El informe analiza, a modo de comparación, los casos de Canadá, Alemania, Suiza y los Estados Unidos, todos ellos con un modelo de inspiración federal, y llega a tres conclusiones: los gobiernos semejantes a las comunidades autónomas españolas tienen "un poder fiscal amplio", con la excepción de Alemania; también gestionan y recaudan sus impuestos -y en Alemania y Suiza incluso gestionan los tributos federales-; todos ellos, excepto de nuevo el caso alemán, disponen asimismo del 100 % del rendimiento de los impuestos generados en su territorio.
