Ciudadanos contrarresta al PP y exigirá una comisión de investigación sobre los altos cargos vacunados

MURCIA. Ciudadanos sigue adelante con su idea de investigar en la Asamblea Regional la lista de altos cargos de la Región de Murcia que se han vacunado saltándose el protocolo del Ministerio de Sanidad, un asunto polémico que se llevó por delante al consejero de Salud. El partido liberal considera que la petición de información que ha planteado el PP es insuficiente y por ello la semana que viene apoyará la constitución de una Comisión de Investigación sobre el proceso de vacunación y sus posibles irregularidades.

Para la formación naranja, la solicitud de información registradas por el PP "sería bastante opaca y de hecho no puede ser luego difundida". Por esa razón contraponen una comisión "con luz y taquígrafos". "Queremos arrojar luz sobre lo ocurrido", remarcó el portavoz parlamentario de Ciudadanos, Juan José Molina. "Queremos transparencia absoluta y que esa información sea pública y pueda ser difundida, por lo que la herramienta más adecuada es esta comisión impulsada por Ciudadanos", indicó.

El partido confía en que los grupos de la oposición se sumen a la iniciativa "con el fin de despejar dudas, sospechas y privilegios respecto al proceso de vacunación". Molina esgrime que las sesiones de la comisión, que son públicas, "tendrán que esclarecer las pautas seguidas por la Consejería de Salud para llevar a cabo la vacunación, y por qué se ha permitido la de personas que no pertenecían al grupo receptor en la primera fase".

La composición del órgano, explica Molina, "se ajustaría reglamentariamente a la composición del hemiciclo, y quedaría con cuatro miembros del PSOE, tres del PP y dos de Ciudadanos, mientras que Vox y el Grupo Mixto contarían con un miembro cada uno".

El PP, por su parte, ha solicitado a la Asamblea Regional que se reúna "de forma urgente" para que el Gobierno murciano pueda enviar "cuanto antes el listado de vacunados a los grupos parlamentarios que lo han solicitado". La Cámara se encuentra en periodo inhábil desde el 23 de diciembre hasta el 1 de febrero, por lo que la Diputación Permanente es quien se encarga de tramitar las peticiones de los grupos parlamentarios.