Foto: J.HELLÍN/EPMURCIA. Las indagaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las estimaciones de la Fiscalía Anticorrupción y los cálculos de los propios investigados en el 'caso Koldo' han arrojado hasta la fecha cifras que elevan hasta los 60 millones de euros las adjudicaciones públicas a la trama, a 16,5 millones de euros las comisiones y hasta los 88.199 euros el dinero para asegurar comunicaciones seguras a sus integrantes.
El último informe aportado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno revela que el presunto conseguidor de la trama, el empresario Víctor de Aldama, "pareció estimar que iba a obtener ingresos por valor de 60.000.000" de euros a través de la mercantil Soluciones de Gestión.
El estallido de la causa llevó a la incautación de las pertenencias de Aldama, y los agentes localizaron en su ordenador personal un documento titulado 'Mascarillas' y que fue elaborado en marzo de 2020, en plena pandemia de coronavirus. El empresario, que estaba entonces "inmerso en plena gestión" de una de las adjudicaciones, "ya sería consciente de sus potenciales ganancias".
Ese primer contrato, el suscrito con Puertos del Estado, supondría para su compañía 20 millones de euros, siempre según sus cálculos. Aldama siguió modificando ese archivo hasta mayo de ese año, aportando el resto de adjudicaciones: 12,5 millones de Adif, casi 3,5 millones del Ministerio del Interior, 3,7 millones de las Islas Baleares y 12,2 de las Islas Canarias.
El empresario, hoy en prisión provisional por otra causa -en la que se investiga un fraude en el IVA de las gasolineras--, también incluyó entre esas estimaciones los 7,5 millones de euros que esperaba ingresar por el contrato con Correos. Soluciones de Gestión llegó a ingresar ese importe pero, según la UCO, la cantidad fue devuelta unas semanas después.
Lo actuado hasta el momento también ha puesto sobre la mesa las cantidades millonarias que presuntamente se embolsaron los protagonistas de la trama en comisiones. Los cálculos de la Fiscalía Anticorrupción señalan que Aldama recibió 5,5 millones de euros, mientras que el empresario Juan Carlos Cueto ganó hasta 9 millones.
A esas cifras hay que sumar el presunto incremento matrimonial "notable" de hasta 1,5 millones de euros del exasesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García. El Ministerio Público sostiene que los nueve contratos adjudicados a Soluciones de Gestión supusieron un beneficio económico de un total de 16,5 millones de euros para estos investigados por el juez Ismael Moreno.
Además del dinero presuntamente embolsado por Soluciones de Gestión y de las mencionadas mordidas, las indagaciones también han cifrado el dinero que algunos de los investigados se gastaron en alquileres o incluso en la compra de un chalet que habría disfrutado, según la UCO, el propio José Luis Ábalos.
En el informe aportado este jueves al instructor, y al que ha tenido acceso Europa Press, los agentes apuntan que Ábalos llegó a "disponer" del chalet 'La Alcaidesa' -situado en La Línea de la Concepción--, que pudo incluso poner "en alquiler y poder obtener así rendimientos económicos". Esa propiedad, señalan, fue adquirida por Aldama por valor de 526.000 euros empleando sociedades presuntamente controladas por Claudio Rivas, socio del empresario.
En este sentido, los agentes también han hallado "evidencias" de que un presunto "testaferro" pagó 82.298 euros para alquilar un piso en Plaza España, Madrid, en el que residía J.R.G., pareja del exministro.
Así, la UCO explica que, del total de 88.101 euros abonados en concepto del alquiler, el empresario Víctor de Aldama habría cubierto a través de ese testaferro los 82.298 euros. El informe también recoge que, entre 2018 y 2022, Ábalos "mantendría una relación particular" con una mujer, J.R.G, que fue la que disfrutó del inmueble.
A ello hay que añadir el dinero en metálico que Aldama habría entregado a Koldo para mantener la maquinaría engrasada. En los apuntes del propio empresario figura una primera entrega de 11.500 euros a 'Grandu' en octubre del 2019, si bien las entregas de efectivo habrían continuado al menos hasta septiembre de 2022 a través de intermediarios con 10.000 euros mensuales, de acuerdo con las conclusiones de la UCO, que no cifra el total que habría recibido el ex asesor de Ábalos.
La investigación de la Guardia Civil también reveló esta misma semana, en otro informe que también ha podido consultar esta agencia de noticias, el dinero que el propio Aldama se habría gastado para asegurarse comunicaciones seguras y libres de posibles 'pinchazos'.
El empresario habría abonado un total de 88.199 euros al guardia civil investigado en la causa, Rubén Villalba, para que éste le proporcionase terminales con los que los supuestos integrantes de la trama pudieran "comunicarse de manera segura y al margen de una eventual acción judicial o policial".
La seguridad era, según la fuerza investigadora, "uno de los aspectos más importantes" para el presunto conseguidor de la trama, aunque Koldo García "también habría sido dotado" de móviles seguros para sus intereses.
El que fuera asesor de Ábalos, según el Instituto Armado, utilizó esos dispositivos "sobre todo durante su periodo desempeñando labores profesionales para el Ministerio". El agente que suministró los teléfonos sostiene, además, que Ábalos también utilizó algunos.
"Durante su periodo en el Gobierno y muy raramente fuera de esta posición siempre nos ha pedido telefonía básica, no smartphone, para hacer sus llamadas. En alguna ocasión llegué a ver al exministro Ábalos con alguno de los dispositivos proporcionados por nosotros", aseguró Villalba en una de las comunicaciones intervenidas por los agentes.
La labor de Villalba era gestionar esos móviles "cambiándoselos" a los integrantes de la trama y "destruyendo los antiguos, aumentando por tanto la protección que se les brindaba a los investigados", destaca el informe.
De Aldama, según el agente encargado de la seguridad, requeriría una cantidad elevada de móviles en espacios temporales relativamente cortos, ya que en algunos casos llegaba a pedir entre dos y tres teléfonos por mes. El argumento del empresario era que "contaminaba" esos dispositivos.
