VALÈNCIA. La Fundación Artemisan reunió en Madrid a científicos, profesionales del sector veterinario, ingenieros de montes e ingenieros agrónomos en una jornada en la que los participantes mostraron su oposición a la tramitación de la Ley de Protección, Derechos y Bienestar de los Animales impulsada por el Gobierno.
Algunos de los intervinientes sostuvieron que el proyecto normativo ha sido elaborado sin seguir criterios técnicos ni científicos y sin tener en cuenta a los sectores afectados.
El presidente de Fundación Artemisan, José Luis López-Schümmer, se refirió al “compromiso” del mundo rural con el bienestar animal pero criticó" la falta de diálogo" en la tramitación del proyecto y el uso de un procedimiento de urgencia con la intención de “hurtar el derecho de participación” a la sociedad.
Asimismo, denunció “el engaño” al que se está sometiendo al mundo urbano con esta ley cuando afirman sus promotores “que si el proyecto no se aprueba los animales quedarían desprotegidos. Algo rotundamente falso y que persigue acallar las voces de quienes defienden que la ley debe ser elaborada siguiendo criterios técnicos y científicos, y no ideológicos”.
Finalmente, afirmó que la ley no va en consonancia con la legislación europea, que excluye de sus leyes de bienestar a la fauna silvestre y habló también de “la carga que supondrá para las arcas municipales en una época de crisis generalizada y la desproporcionalidad e inseguridad jurídica con la que ha sido elaborada”.
Por su parte, durante su intervención, Christian Gortázar, catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha e investigador del Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC), especialista en sanidad animal, dijo que la ley se ha elaborado solo desde las actitudes de afecto defendidas por el activismo animalista, sin contar con las de “utilidad” defendidas por ganaderos, cazadores y demás sectores defensores del uso de animales.
Lamentó lo que considera “falta de fundamento científico y técnico” del proyecto de ley y que se priorice al individuo frente a la importancia de proteger a la especie y el ecosistema en general, destacando en este sentido como ejemplo la enorme pérdida de ‘pool genético’ en la que derivará, según expuso, la obligación de castración.
Igualmente, destacó el problema que va a generar la ley por el fomento de colonias felinas cuando el impacto de los gatos sobre la biodiversidad es, opinó, dramático, con decenas, continuó, de miles de millones de animales silvestres depredados cada año en lo que constituye, a su juicio, un tremendo “sufrimiento animal colateral”. En este sentido, señaló que la comida para gatos callejeros lleva a la proliferación de especies-plaga como ratas y jabalíes.
El investigador del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y exdirector de la Estación Biológica de Doñana Javier Castroviejo indicó que la ley que se pretende aprobar, en lugar de preservar los derechos de los animales, los está eliminando y cuestionó la “incongruencia” de cuestiones como el por qué el concepto de maltrato animal se limita a los animales vertebrados y no a otros como los himenópteros sociales o los cefalópodos.
Asimismo, manifestó que el proyecto tiene en contra la opinión de la comunidad científica. Una comunidad, agregó, que trasladó su rechazo a la falta de rigor de la ley en una carta firmada por más de 800 investigadores que ha sido obviada por los promotores de la ley.
Por su parte, la consejera del Consejo General de Veterinarios de España María Luisa Fernández insistió en que la participación de los veterinarios es imprescindible en la elaboración de la ley, por sus conocimientos técnicos y científicos y porque son el eslabón más cercano a la ciudadanía y a sus mascotas.
En este sentido, sustuvo que la ley no recoge la gran mayoría de las alegaciones presentadas de manera consensuada desde los colegios profesionales y criticó lo que dijo que supone la exclusión de los veterinarios de los órganos responsables de aplicar la nueva ley, así como la “indefensión” en la que quedarán los veterinarios al haber eliminado el criterio técnico profesional en la toma de decisiones en cuestiones tan importantes como la eutanasia.
Carlos del Álamo, del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes, se refirió a la, a su juicio, ambigüedad de la ley y la grave inseguridad jurídica que se deriva de ella y ha mostrado su rechazo a la errónea terminología que utiliza, equiparando a los animales con las personas.
Además, ha señalado que la ley tiene entre sus objetivos prohibir o dificultar al máximo el desarrollo de actividades como la caza, que suponen un sustento y una herramienta clave para la conservación de la naturaleza y para evitar daños a la agricultura, bastante afectada ya por el abandono del campo y la crisis económica, así como para la prevención de accidentes de tráfico y otros riesgos como enfermedades.
Finalmente, el representante de la Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos Carlos Estarán recalcó la necesidad de que la ley diferencie entre animales de producción y mascotas, e insistió en que de ninguna manera se pide que los primeros queden desprotegidos, sino que es imprescindible que se legisle teniendo en cuenta su actividad y sus particularidades.
Además, durante su intervencióndenunció los “continuos ataques” que está sufriendo la actividad agraria y el sector productivo en general y se preguntó cómo podrá afrontar el sector el gran reto de alimentar a 10.000 millones de personas en el año 2050 cuando se está poniendo en riesgo continuamente “su supervivencia”.