CARTAGENA. Distingue el Catecismo de la Iglesia Católica dos tipos de arrepentimiento. Uno es el de atrición, que consiste en renegar del pecado por miedo a sus consecuencias, en particular a acabar en el Infierno. Imperfecta, la atrición no alcanza a borrar los pecados mortales. Llamado contrición, el arrepentimiento perfecto reniega del pecado por haber ofendido a Dios; es decir, por amor a Dios. Desde esa perspectiva, el pacto que han establecido el Gobierno español y el Partido Popular (PP) para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se corresponde más bien al primer tipo.
No parece que los pactantes se hayan guiado por un amor fervoroso a la democracia, sino por un fundado temor a las consecuencias de no renovarlo. Por el lado gubernamental, con el apéndice de Sumar incluido, se temía el informe de la Unión Europea sobre la situación de la Justicia en España. La cosa ya venía calentita tras el quejoso informe de la Comisión de Venecia contra la ley de amnistía y las sospechas sobre algunas actuaciones del Fiscal General. No estaba, pues, el horno para el bollo de cumplir la amenaza de rebajar la mayoría parlamentaria necesaria para nombrar a los miembros del CGPJ. De hecho, la presencia vigilante de liberal checa Vera Jourová (que sus detractores convierten en Jorobá) ha bastado para disuadirlos, al menos transitoriamente, de su anunciado propósito.
"se les erizaron los cabellos cuando se enteraron de los criterios para ser juez: empatía, inteligencia emocional, perspectiva de género, méritos profesionales…
Incluso han tenido que tragar con tres detalles que no les gustaban nada: el compromiso de que el propio CGPJ presente una propuesta para reformar el modo de elegir a sus miembros, que incluirá una intervención "directa" de los jueces; la necesidad de alcanzar una mayoría de doce votos en el seno del CGPJ para aprobar determinadas cuestiones; el establecimiento de unos periodos de carencia para volver a los tribunales desde la política. También el PP se ha visto forzado a pactar, vista la presión que le estaban haciendo desde el propio Tribunal Supremo, que necesitaba rellenar sus numerosas vacantes, y la comisaria Jorobá, a la que no le satisfacía el ligero retraso de cinco años en la renovación. Cambiar las reglas, sí; cumplir las existentes, también.
Con todo, un aspecto que ha pesado bastante en la decisión de Feijóo ha sido la curiosa panoplia de ideas que Sumar, Izquierda Unida (IU), Podemos e Izquierda Republicana de Cataluña (IRC) venían manejando sobre cómo acceder a la carrera judicial. Según ellos, el sistema actual requiere de tres años de estudios y prima la memoria para superar las oposiciones. Generalmente llamada izquierda alternativa, izquierda trasformadora, izquierda radical o izquierda a la izquierda del PSOE, pero nunca extrema izquierda o ultraizquierda, el punto de vista de ese sector sobre la memoria cuadra perfectamente con su imaginario colectivista. Les encanta la memoria histórica, también llamada memoria democrática, que consiste básicamente en imponer a todo el mundo su particular versión de la historia española del último siglo, y menosprecian la memoria individual, la capacidad de cada uno de elaborar recuerdos y evocarlos. Sin embargo, sin esa memoria individual tampoco habría identidad, ni libertad. De hecho, perder la memoria, una condición técnicamente llamada amnesia, se considera un trastorno grave, con frecuencia incapacitante. Así que resulta difícil imaginar qué base tiene el rechazo ultraizquierdista a la memoria individual.
Sea como sea, tampoco tiene mucho sentido decir que el acceso a la condición de juez se basa en la memoria. Después de todo, casi la totalidad de los miembros de la especie sapiente del género humano poseemos bastante memoria y no por eso nos hacen jueces. Profundizando en el enigma, uno llega a la conclusión de están refiriéndose a saber Derecho de memoria. Y entonces a uno le gustaría saber cómo se puede saber Derecho salvo de memoria. Es más, a uno le gustaría saber cómo se puede saber nada como no sea de memoria (las hay de varios tipos, aclaro). En resumen, lo que no les gusta a los ultraizquierdistas es que para ser juez se exija saber bastante Derecho, para lo cual se precisa, en efecto, estudiar durante varios años.
"tampoco han colado los sugeridos por Podemos. De hecho, no han entrado figuras tan notables como el juez de la Prada y el profesor Urías"
A los peperos se les erizaron los cabellos cuando se enteraron de los criterios que, en vez de haber aprendido bastante Derecho, proponían los ultraizquierdistas para ser juez: empatía, inteligencia emocional, perspectiva de género, méritos profesionales… En resumen, querían elegir los jueces a dedo (un poco al estilo de la diputación de Badajoz) y luego, si eso, ya aprenderían un poco de Derecho. Tampoco mucho, porque saber mucho Derecho es de fachas, como prueba la abundancia de esa fauna entre los jueces (a juicio, con perdón, de los ultraizquierdistas). Ante ese aterrorizador horizonte, los peperos se apresuraron a cerrar el trato, no fuese que, en unos pocos años, esto llenase de togados empáticos y con gran inteligencia emocional, pero legos en Derecho.
Por lo demás, el contenido del pacto es fácil de explicar: diez propuestos por el PSOE y Sumar y otros diez propuestos por el PP. Empate, pues. Los gubernamentales, preferentemente de Jueces por la Democracia, el tercer grupo en representatividad; los peperos, de la Asociación Profesional de la Magistratura, el grupo mayoritario, presidido por la encantadora María Jesús del Barco. Ninguno de los seis candidatos de la Asociación Francisco de Vitoria, segunda en número de miembros, ha pasado el filtro. Y tampoco ninguno de la cuarta asociación. Asimismo, han quedado fuera los candidatos de los grupos separatistas, incluido los del Partido Nacionalista Vasco, siempre tan influyente.
Y tampoco han colado los sugeridos por Podemos. De hecho, no han entrado figuras tan notables como el juez de la Prada y el profesor Urías, que había hecho bastantes méritos apoyando la tesis de la España plurinacional y la amnistía a los separatistas sediciosos. Cómo puede convertir un profesor de Derecho Constitucional una norma que se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, cuya soberanía reside en el pueblo español, en una norma de carácter plurinacional es un misterio para cuya solución carezco de la suficiente inteligencia emocional.
En resumen, un buen pacto; eso sí, defensivo por ambas partes. Y los de Podemos fumando en pipa, viendo cómo se aleja su empático proyecto de cargarse las oposiciones. Como descubran que para aprobar el MIR hay que aprender Medicina de memoria tendremos que ir preparándonos para lo peor.