CARTAGENA. A estas alturas ha quedado manifiestamente claro que la norma para nombrar a los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) está mal hecha. Ninguna ley puede considerarse adecuada si permite que un órgano de tal importancia no se renueve en los cinco años posteriores a la finalización de los mandatos de sus componentes. Es obvio que esa ley debe ser reformada para prevenir que ese escándalo vuelva a ocurrir. El problema es que la solución no es sencilla. De hecho, trae de cabeza a los mejores constitucionalistas del país, obligados a compaginar el principio de separación de los tres poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) con el principio de que la soberanía nacional reside en el pueblo español. Fue con este segundo principio en mente lo que llevó al socialista Alfonso Guerra a proclamar que Montesquieu había muerto. En efecto, si solo pensamos en términos de soberanía nacional parece inescapable que sean los diputados, en tanto que representantes de los ciudadanos, los que elijan a los miembros del CGPJ. Y entonces todo se reduce a una cuestión de estipular la mayoría parlamentaria necesaria para configurarlo. En la actualidad se trata de una mayoría reforzada, lo que ha desembocado en la imposibilidad de renovarlo. Sencillamente, los dos grupos mayoritarios, el PP y el PSOE, han sido incapaces de encontrar una lista que satisfaga a ambos. Podemos achacarlo a una torticera voluntad pepera de bloquear la renovación, pero tampoco se le puede pedir a ningún partido que acepte una lista con la que no esté de acuerdo. Y la ley está mal hecha porque no contiene ninguna solución a ese posible bloqueo.
"meloni aboga por elegir por sorteo a los miembros entre una lista de jueces que cumplan ciertas condiciones mínimas de méritos profesionales"
Conscientes de ello, los partidos se han puesto a buscar soluciones. Una, muy sencilla, sería que se pusiesen de acuerdo en alguna lista tras las elecciones europeas. Pero eso no solventaría el problema de fondo, pues la norma seguiría estando incompleta. Ha propuesto el PP que sean los jueces los que elijan a los miembros del CGPJ, de forma análoga a como los universitarios eligen a sus rectores. Pero, en opinión de los socialistas y los comunistas, eso violaría el principio de que la soberanía nacional reside en el pueblo, que elige a sus representantes en las elecciones. Ahora ellos, los socialistas y los comunistas, están preparando una reforma cuya esencia consistiría en ir rebajando las mayorías necesarias a medida que se fuesen cumpliendo ciertos plazos sin haber llegado a un acuerdo. De entrada, se pediría la mayoría reforzada actual; si tras unos meses no hubiese acuerdo, se bajaría a una mayoría absoluta; sin tampoco así hubiese acuerdo, bastaría con una mayoría simple. Parece razonable, pero esconde una trampa saducea: el partido mayoritario podría sentir la tentación de no llegar a ningún acuerdo hasta que, cuando bastase con la mayoría simple, pudiese imponer una lista a su antojo.
Todos esos sistemas, que se escudan en el principio de la soberanía nacional, provienen realmente de la ambición de cada partido político de nombrar a la mayoría de los miembros del CGPJ. Si a eso le unimos la doctrina jurídica de Peces Barba, el follón está servido. Un servidor tuvo ocasión de escuchar a tan egregio socialista, que luego fue rector la universidad Carlos III, la brillante idea de que la Constitución significará lo que la mayoría política de cada momento quiera que signifique. De esa tesis tenemos ahora un ejemplo con la constitucionalidad de la amnistía: no era constitucional hasta las pasadas elecciones españolas y pasó a ser constitucional después de esas elecciones. ¿Por qué? Pues porque antes de las elecciones los socialistas y los peperos estaban de acuerdo en negar su constitucionalidad, pero después de las elecciones se formó una nueva mayoría política, compuesta por socialistas, comunistas y separatistas, para la cual ya era constitucional. Y semejante cambio de opinión acaso se produzca en breve en lo relativo al cupo fiscal catalán y al referéndum de autodeterminación. Como les convenga, los socialistas, comunistas y separatistas lo mismo deciden que son opciones claramente constitucionales. Vista la importancia que esa teoría pragmática del Derecho concede a las mayorías políticas, se entiende el interés de los partidos por nombrar a los miembros del CGPJ. ¿Y Montesquieu? Que le vayan dando.
Ahora resulta que la señora Meloni, que manda en Italia por decisión de los electores, ha encontrado una curiosa solución a ese endiablado problema: elegir por sorteo a los miembros entre una lista de jueces que cumplan ciertas condiciones mínimas de méritos profesionales. De ese modo, los partidos sacarán sus zarpas de los nombramientos y se evitará la sombra de la politización de los órganos judiciales. ¿Es viable esa solución en España? De momento, la defiende Izquierda Española, unos socialistas tan raros que creen que España es una nación, propugnan la igualdad de todos los españoles al margen de sus regiones de residencia y trabajan por la despolitización del CGPJ. No sabe uno si decir, con el ministro Trillo, "¡Manda, huevos!" o bien, con la vicepresidenta Díaz, "¡A la mierda todos!". Me limitaré a constatar que me gusta la solución Meloni, adoptada por Izquierda Española. Y me pregunto si Vox, que invitó a Meloni a su gran mitin central, no estaría tentado de aceptarla también. Después de todo, los de Vox no tendrían muchas posibilidades de nombrar a ningún miembro del CGPJ con ninguna de las fórmulas propuestas. Así que olvídense de que la sugiere Izquierda Española y limítense a recordar que va a ponerla en marcha Meloni. ¿Apostará Vox por el sorteo? A Borges le encantaría.