CARTAGENA. Ana Belén Castejón y Juan Pedro Torralba, vicealcaldesa y concejal de Vía Pública, han decidido, después de ocho años, abandonar el consejo de administración de Lhicarsa y no descartan emprender acciones legales contra la empresa al incumplir los requerimientos que el Tribunal de Cuentas le hizo a la concesionaria del servicio de limpieza hace unos meses, tras las graves deficiencias detectadas.
En un burofax enviado por ambos a la empresa, además de conminarla a que convoque con urgencia un consejo de administración, en la que se exponga cómo y cuándo solucionarán todos los problemas denunciados, añaden que "ante la situación de desamparo y siendo conscientes de que se deben atender de manera inmediata todos los requerimientos del Tribunal de Cuentas, de no convocarse -el consejo de administración-, se reservan las acciones legales contra los consejeros de FCC que consideren oporturnas, en aras de preservar los derechos de los ciudadanos de Cartagena y de los propios consejeros que queremos que se responda al requerimiento arriba citado".
"Estamos hartos de reclamar a la empresa que ponga fin a las nuevas irregularidades que ha señalado el Tribunal de Cuentas y consideramos que no podemos seguir siendo juez y parte. Por lo que presentamos nuestra dimisión", subrayó Castejón
La candidata de Sí Cartagena ha avanzado también que, a sólo 3 años de la finalización del contrato de limpieza, el Ayuntamiento podrá asumir la posible indemnización derivada de la liquidación de la empresa. "Creemos que, después de haber intentado todo lo que estaba en nuestra mano para poner fin a las irregularidades y a los reiterados incumplimientos por parte de la empresa, la única solución que nos queda es la liquidación completa".
“Entiendo que haya personas que se pregunten por qué ahora y no antes, pero el Ayuntamiento de Cartagena estaba atado de pies y manos con un contrato arcaico, abusivo y de muy larga duración que, en caso de rescindirlo, suponía un enorme varapalo para las arcas municipales”, ha asegurado.
La candidata ha recordado que durante su mandato se intensificó la fiscalización a la compañía, llegando a interponer hasta 3 sanciones económicas de cerca de 500.000 euros, 1,1 millones de euros y 26.000 euros, además de obligar a separar las instalaciones de Lhicarsa y las de FCC y forzando el cese, tanto del jefe de administración como del jefe de personal y del director técnico del contrato.
"Es cierto que la capacidad de decisión del Ayuntamiento en el Consejo de Administración se limita al 10%, pero también es verdad que he sido la única alcaldesa de Cartagena que ha hecho uso de ese 10% para controlar a la empresa", ha afirmado la candidata.
Tal y como se desprende de sus declaraciones, a partir del momento en el que se liquide la Lhicarsa, habrá que estudiar la mejor fórmula para afrontar el servicio de limpieza del municipio, sin que los trabajadores se vean afectados.
"Porque si tenemos algo claro es que lo que no funciona en Lhicarsa es la cúpula, no los trabajadores, que son grandes profesionales que quieren hacer su trabajo lo mejor posible y que se esfuerzan día a día por conseguirlo dentro de un sistema de gestión que no funciona y del que también son víctimas", ha señalado la candidata.
La candidata a la alcaldía por la coalición Podemos IU-Verdes Alianza Verde, Aurelia García, ha asegurado que la dimisión de la vice alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, del consejo de administración de Lhicarsa, es una vergüenza y lo ha calificado como de acto electoralista “puro y duro” a tan solo unas horas del inicio de que comience la campaña electoral.
"Ana Belen Castejón ha tenido 6 años para tomar medidas efectivas contra la concesionaria Lhicarsa, 4 como alcaldesa y 2 como vice alcaldesa, y la primera y principal fue en 2019 cuando pudo impedir que, quienes trajeron a esta concesionaria, el Partido Popular, volviese a la alcaldía de Cartagena”, ha destacado la edil, y ha continuado asegurando que “ya nadie cree a Castejón. Hace cuatro años engañó a los trabajadores del ayuntamiento prometiéndoles unas condiciones laborales que sabía que no iba a poder cumplir y ahora arremete contra la empresa de limpieza de Cartagena cuando lleva años protegiéndola al impedir ella y su grupo la creación de una comisión de investigación”.
Desde la formación morada se preguntan por qué los concejales no adscritos no han votado ni una sola vez a favor de crear una comisión de investigación sobre las actuaciones de Lhicarsa cuando era obvio que se hacía imprescindible hacer una investigación a fondo, en la que participase tanto el Gobierno como la oposición.
“Ahora se apuntan al carro de la remunicipalización del servicio, algo que nosotras llevamos pidiendo años y años y amenazan con acudir a los tribunales si FCC no solventa la infinidad de irregularidades denunciadas por el tribunal de cuentas, sin embargo, han estado protegiéndola”, ha lamentado la candidata Aurelia García, que ha concluido asegurando “a estas alturas todos tenemos claro que esto solo es una maniobra electoralista para alejarse políticamente de su compañera de consistorio Noelia Arroyo, pero ya no engaña a nadie y todo el mundo sabe que apoyar a Castejón es un cheque en blanco para el Partido Popular que jamás actuará contra Lhicarsa. Por el contrario, nosotras tenemos las manos limpias y siempre lo hemos dicho claro, vamos a hacer todo lo posible por remunicipalizar este servicio, y todos los que se puedan, empezando por hacer una auditoria exhaustiva de todos los contratos de servicios privatizados por el Ayuntamiento.”