CARTAGENA. Cartagena acogerá el próximo mes de noviembre la siguiente reunión de la Comisión de Lucha contra la Violencia de Género de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), según avanzó la alcaldesa y presidenta de esta comisión, Noelia Arroyo. La alcaldesa, que ha presidido hoy en Madrid la reunión de este órgano federativo, ha dicho que “que haremos el encuentro coincidiendo el mes en el que se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”.
Arroyo considera que Cartagena puede aprovechar la oportunidad de reunir la Comisión “para poner en valor todo el trabajo que estamos haciendo en materia de violencia de género e igualdad” y que este año, además, ha tenido un reconocimiento singular con el Premio Nacional de Diseño Gráfico ‘ANUARIA’ por la campaña de sensibilización y concienciación contra la violencia de género del pasado noviembre, ‘A mí no me va a hacer nada’.
La regidora ha aprovechado que la Comisión abordaba los resultados del programa ATENPRO para exponer que el Ayuntamiento atiende a través de este Servicio Telefónico de Atención y Protección a mujeres víctimas de la violencia de género (ATENPRO) a 49 mujeres de Cartagena y 2 de La Unión, a las que se les hace seguimiento desde el CAVI de la ciudad portuaria.
La alcaldesa de Cartagena y presidenta de la Comisión de Violencia de Género de la FEEMP, Noelia Arroyo, destacó la seguridad que este servicio aporta a las mujeres que se sienten amenazadas. ATENPRO es un sistema de geolocalización que la mujer puede activar por medio de un teléfono móvil modificado exprofeso para esta función.
Arroyo, que hoy presidió en Madrid la reunión de la Comisión de la FEMP en la que se abordó esta cuestión, puso de manifiesto la necesidad de que el Ministerio siga apostando por este programa “que facilita a los Ayuntamientos una herramienta de protección para las mujeres”.
En otro orden de cosas, la Comisión también ha analizado el informe del Grupo de Trabajo de la FEMP sobre el Anteproyecto de Ley Integral contra la Trata de Seres Humanos, en el que se subraya la importancia de una ley integral que no solo persiga a los tratantes, sino que también priorice la protección y recuperación de las víctimas. En el informe se destaca la necesidad de una coordinación efectiva entre instituciones y la participación activa de la sociedad civil para asegurar el éxito de las medidas que contemple.
