Foto: JESÚS HELLÍN/EPMURCIA (EP). El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, dirigido por Pablo Bustinduy, ha iniciado ya la tramitación de una Ley de Consumo Sostenible con la apertura de una consulta pública previa para sacar adelante esta nueva norma, que busca luchar contra el 'ecoblanqueo' o 'greenwashing' y prevé incluir el derecho a reparar como principio básico.
Así lo ha anunciado este viernes la secretaria general de Consumo y Juego, Bibiana Medialdea, en un acto celebrado en el Colegio de Arquitectos de Madrid con motivo del Día Mundial de las Personas Consumidoras que se conmemora cada 15 de marzo. El acto también ha contado con la presencia del director general de Consumo, Daniel Arribas, y representantes de más de 200 empresas, según ha precisado el Departamento de Bustinduy.
Durante el evento, Bibiana Medialdea ha puesto de relieve que esta nueva ley será la primera que haya en España centrada exclusivamente en fomentar el consumo sostenible, tanto desde el punto de vista de las propias personas consumidoras como desde la producción.
La secretaria general de Consumo ha detallado que la nueva norma debe cumplir diversos objetivos, entre ellos, luchar contra el 'ecoblanqueo' o 'greenwashing', es decir, aquellas técnicas de comunicación engañosas o alegaciones medioambientales que no tienen respaldo científico y que son usadas por parte de algunas empresas para publicitar sus marcas como sostenibles cuando en realidad no lo son.
En este sentido, el objetivo de la ley, según ha explicado Bibiana Medialdea, es "proteger a aquellas empresas que sí cumplen con los estándares de sostenibilidad y que sufren la competencia desleal de las que no lo hacen". La norma contemplará que las declaraciones medioambientales que se hagan de productos se analicen caso por caso para impedir la exhibición de distintivos que ofrezcan la impresión de que un producto tiene un impacto positivo en el medio ambiente, o de que no lo tiene negativo.
Asimismo, Derechos Sociales ha adelantado que se desarrollará un índice de reparabilidad que permita comparar las características de circularidad de productos en su propio etiquetado, ofreciendo "transparencia e información para la toma de decisiones de las personas consumidoras, además de un incentivo a las compañías"
Incluir el derecho a reparar como principio básico, permitiendo que, siempre que sea posible, se pueda optar por reparar un producto cuando se estropee durante su garantía, e incluso posteriormente es otro de los objetivos que persigue la normativa.
Asimismo, se busca asegurar que la reparación de los productos aumente la garantía de los mismos cuando se elija esta opción, en lugar del reemplazo por otro nuevo. Medialdea ha afirmado que el objetivo de la ley será "fomentar los derechos de las personas consumidoras y, al mismo tiempo, evitar que los productos sean desechados de forma prematura para reducir, así, la generación de emisiones de gases de efectos invernadero y la demanda de recursos valiosos".
Durante el acto, la secretaria general de Consumo también ha dado a conocer una 'Guía de Comunicación Sostenible' que ha puesto en marcha el Ministerio de Pablo Bustinduy dirigida a empresas y que lleva por título 'Cómo incluir información medioambiental en tus estrategias y campañas'.
En esta guía, de 60 páginas, se ofrece información detallada de cómo identificar el 'greenwashing' y la legislación al respecto. En el documento se recuerda, por ejemplo, que si una empresa presenta alegaciones medioambientales no verificables sobre un producto esto podría ser considerado una práctica desleal que infringe el artículo 47.1.m del Real Decreto Legislativo 1/2007 y acarrear sanciones de hasta 100.000 euros, que podrían sobrepasar esas cantidades hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido por la práctica desleal.
La guía, además, informa de próximos cambios en términos legislativos, tanto desde el Gobierno como desde Bruselas. En este sentido, señala dos directivas en las que está trabajando el Parlamento y el Consejo Europeo: una propuesta que modifica las directivas 2005/29/CE y 2011/83/UE en los que respecta al empoderamiento de los consumidores para la transición ecológica; y una propuesta de Directiva relativa a la justificación y comunicación de alegaciones medioambientales explícitas ('Green Claims').
Por otro lado, la 'Guía de Comunicación Sostenible' indica que, según un estudio de la Comisión Europea, el 80% de las páginas webs, tiendas online o anuncios llevan alegación medioambiental, y estos certificados influyen positivamente en las compras del 72% de los españoles, como señala una investigación del Observatorio de Producción Local y Consumo Sostenible.
Además, recoge que un informe de la Red de Cooperación de para la Protección al Consumidor revela que el 42% de las alegaciones medioambientales son dudosas y el 57,5% no dan información suficiente para ser verificadas. Otro estudio del centro de análisis Funcas concluye que cerca del 80% de los españoles se muestra muy o bastante preocupado con la amenaza del cambio climático, y nueve de cada diez europeos lo consideran un problema grave atendiendo a datos del Eurobarómetro.
Finalmente, Medialdea ha vuelto a poner en valor la Ley de Consumo Sostenible por "el gran impacto positivo que tendrá a nivel ambiental, social y económico" y porque va a favorecer, ha indicado, la transición verde y un entorno de confianza para consumir. A su juicio, esta ley "premiará al tejido empresarial comprometido con estos avances y con los esfuerzos de mejora continua de sus procesos y productos". Según ha añadido, desde el Ministerio de Pablo Bustinduy, van a legislar para que el acceso a los productos sostenibles no dependa de los ingresos que tenga una persona, ya que "esto es un derecho fundamental" y "este derecho va a ser garantizado mediante la Ley de Consumo Sostenible".
