Si en ese plazo no recibe una respuesta satisfactoria, Bruselas puede decidir emitir un dictamen motivado, que ofrecerá dos meses más para subsanar el error o, de lo contrario, elevar el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
El Ejecutivo comunitario ha abierto este procedimiento de infracción por incumplimiento de las obligaciones impuestas por la directiva sobre hábitats, que exige a los Estados miembro proponer lugares de importancia comunitaria que se añaden a las listas biogeográficas de la UE.
En un plazo de seis años a partir de dicha inclusión, los países de la UE deben designar esos lugares de importancia comunitaria como zonas especiales de conservación, establecer objetivos de conservación y medidas para mantener o restaurar las especies y hábitats protegidos presentes en los lugares, con el fin de alcanzar un estado de conservación favorable a nivel biogeográfico nacional.
Se trata de requisitos fundamentales para proteger la biodiversidad en toda la UE, en línea con las directrices del Pacto Verde Europeo y la Estrategia de Biodiversidad para 2030, que indican que es crucial que la UE detenga la pérdida de biodiversidad mediante su protección y restauración.
Bruselas señala que España no ha propuesto ni transmitido una lista exhaustiva de estos lugares de importancia comunitaria, ya que su número, tamaño y ubicación, así como las especies y hábitats protegidos en ellos son "insuficientes".