Foto: EUROPA PRESSMADRID (EP). La Comisión Europea ha abierto un procedimiento de infracción contra España por no haber trasladado adecuadamente a su legislación una nueva norma para facilitar la movilidad de trabajadores de profesiones reguladas, al garantizar que los requisitos que se exigen son necesarios y equilibrados.
El Ejecutivo comunitario ha iniciado la primera fase del procedimiento enviando una carta de emplazamiento a las autoridades españolas en la que argumenta que la transposición actual no asegura que los test de proporcionalidad se apliquen a todos los niveles normativos, incluidos aquellos adoptados por asociaciones profesionales. Un razonamiento por el que Bruselas también ha abierto un procedimiento de infracción similar a Letonia.
La Comisión Europa ha considerado, además, que las autoridades españolas no han conseguido asegurar las garantías necesarias en el procedimiento, como la objetividad de las valoraciones y las compensaciones efectivas respecto a los asuntos que competen a la directiva europea.
Por otra parte, el Ejecutivo comunitario ha apuntado que Letonia no se ha asegurado que los proyectos de ley presentados por el Presidente y las comisiones o miembros del parlamento se evalúen exhaustivamente. En un paso más, considera que no se transpusieron con precisión determinadas definiciones y criterios de valuación, como los que afectan a posibles restricciones territoriales o a la regulación de las profesiones.
A partir de ahora, ambos gobiernos cuenta con un plazo de dos meses para responder a las inquietudes de Bruselas y explicar el estado en que se encuentran los trabajos para transponer la directiva sobre test de proporcionalidad de las nuevas regulaciones de profesiones, que armoniza las reglas que los Estados miembro aplican a profesiones reguladas para facilitar la libre circulación de profesionales debería aplicarse desde
La directiva 2018/958 establece normas comunes para todos los países que deberán aplicarse en las evaluaciones de proporcionalidad que los Estados miembros deben realizar antes de introducir nuevas regulaciones que restrinjan el acceso a las profesiones reguladas o su ejercicio, o de modificar las existentes, garantizando el buen funcionamiento del mercado interior, la transparencia y un elevado nivel de protección a los consumidores.
El Consejo de Ministros aprobó en junio del pasado año un Real Decreto por el que se transponía al ordenamiento jurídico español la directiva relativa al test de proporcionalidad que deberá aplicarse antes de aprobar nuevas profesiones reguladas o cuando se revisen las regulaciones existentes.
El pasado diciembre, el Ejecutivo comunitario abrió procedimientos de infracción contra 18 Estados miembros - entre los que no se encontraba España-- por no haber garantizado la correcta ejecución de las normas de la UE del test de proporcionalidad de las nuevas regulaciones de profesiones, que establece una serie de criterios para evitar normas nacionales que puedan dificultar a candidatos cualificados el acceso a una amplia gama de profesiones o su ejercicio.
