MURCIA. Los representantes del Partido Popular de la Región de Murcia en el Congreso de los Diputados y en el Senado han presentado una nueva batería de preguntas para conocer el futuro de las oficinas del Registro Civil en la provincia, ya que “la inoperancia del Gobierno socialista provocará que se produzca un cierre masivo de estas oficinas por no planificar un cambio en la ley que entrará en vigor el próximo mes de junio”.
Así lo ha explicado la diputada nacional del PP, Isabel Borrego, que ha indicado que, como consecuencia de la “política de oscurantismo de Sánchez”, se desconoce si es intención del Gobierno que la Ley 20/2011 de julio, entre por completo en vigor y sin adaptación alguna. “Si ésta es la planificación del Gobierno socialista, las oficinas de los Registros Civiles de la Región están avocadas al cierre en menos de seis meses, por lo que la preocupación es alarmante, ya que los municipios de menos de 50.000 habitantes se quedarán sin este servicio y tendrán que trasladarse a otra ciudad para realizar cualquier trámite”, ha aclarado la ‘popular’.
La 'popular' se ha mostrado preocupada por la falta de previsión que el Ministerio de Justicia tiene con respecto al personal de los Registros, ya que “se desconocen cuántos puestos se verían afectados, así como los funcionarios que estarán a cargo de los servicios”. “El Gobierno tiene que garantizar, en el marco de sus competencias, el acceso a los servicios que prestan los registros en igualdad de condiciones, por lo que exigiremos con dureza que este principio básico esté garantizado”, ha recalcado Borrego. Por este motivo, ha defendido que “es alarmante que el Gobierno haya hecho nada y ante la inoperancia e inactividad del Gobierno, desde el PP hemos solicitado la aprobación de Proposición de Ley que sirva para una inmediata adecuación de la normativa que entrará en vigor en junio”.
Además, el senador del PP, Francisco Bernabé, ha indicado que desde el PPRM también se ha preguntado al Ejecutivo central cuáles han sido los motivos para que el Ministerio de Justicia no haya procedido a la liquidación de las retribuciones a los abogados de oficio de la Región de Murcia del último trimestre. “Independientemente si se ha reconocido o no el servicio de justicia gratuita para su defendido” ha subrayado Bernabé “los abogados de los Colegios Oficiales de Lorca, Murcia y Cartagena deben recibir su salario, ya que, de este modo, se les está profesando un trato injusto que ataca a la dignidad de la profesión”.