MURCIA (EP). El Banco Europeo de Inversiones (BEI) prevé destinar 3.000 millones de euros préstamos para el sector agroalimentario y de la pesca con el foco puesto en incentivar la actividad de jóvenes agricultores, ayudar en la transición ecológica y potenciar la igualdad de género, según ha anunciado este lunes su presidenta, Nadia Calviño, junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula con der Leyen.
"Es el mayor paquete de financiación dedicado a la agricultura, explotación de bosques y pesca", ha celebrado Calviño en su intervención en la apertura de las Jornadas Europeas de Agroalimentación que se celebran en Bruselas y durante las que ha confiado en que esta apuesta permita "movilizar más de 8.000 millones de euros" en financiación para la agricultura y otras áreas de la bioeconomía.
La iniciativa recién aprobada por el BEI, ha añadido Calviño, tendrá un "fuerte enfoque" en el apoyo a los jóvenes agricultores, las inversiones ecológicas y la igualdad de género".
Según ha precisado el BEI en un comunicado, el apoyo se dirigirá fundamentalmente a las pymes y empresas de mediana capitalización, se extenderá a lo largo de los próximos tres años y los primeros préstamos se firmarán en el primer semestre de 2025.
Una parte de los préstamos se destinará a jóvenes o nuevos agricultores para compensar que, en general, son los que más problemas encuentran para obtener financiación bancaria tradicional. También habrá apoyos específicos para las mujeres agricultoras --con el fin de que puedan superar el desequilibrio de género que se da en el sector-- e inversiones en iniciativas sostenibles para que la transición ecológica sea un éxito
Para garantizar unas condiciones de préstamo favorables, el paquete permite que la financiación se complemente con bonificaciones de intereses o subvenciones de capital con cargo a los presupuestos de la UE y nacionales.
El plan incluye, en concreto, un programa de deuda de riesgo que otorgará préstamos a empresas innovadoras a lo largo de la cadena de valor agrícola y regímenes de garantía que puedan aprovechar tanto instrumentos europeos como el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) como recursos nacionales en el marco de los planes estratégicos de la política agrícola común.
También habrá un programa de capital privado para respaldar a los gestores de fondos europeos que se centran en tecnologías y soluciones innovadoras europeas para el futuro de los alimentos y para atraer inversores privados al sector, así como un mayor apoyo a infraestructuras en zonas rurales como, por ejemplo, las redes de carreteras, la educación y la gestión agrícola del agua.
En este contexto, Von der Leyen ha puesto en valor el diálogo estratégico que estableció con la industria agroalimentaria y a partir del cual, ha dicho, Bruselas ha puesto en marcha cambios pedidos por el sector como, por ejemplo, la reducción de la burocracia con mayor flexibilidad y exenciones para los pequeños productores o reforzar su posición en la cadena de valor, en donde "a menudo son el eslabón más débil" y se ven obligados a vender a precio de coste.
En este marco, la jefa del Ejecutivo comunitario ha anunciado que dos propuestas clave en el sector, a saber, la revisión de la regulación de la Organización Común de Mercado (OCM) para contar con "mayor transparencia y predictibilidad tanto en los contratos como en precios" y la reforma de la directiva sobre prácticas comerciales desleales, con la que la política alemana espera dar "mejor protección a los pequeños agricultores y empresas cuando negocian con grandes compradores".
Además, Von der Leyen ha puesto el foco en el hecho de que cada vez haya. Menos jóvenes que apuestan por hacer carrera en el sector agroalimentario y ha avisado de la necesidad de "invertir esa tendencia" asegurando que cuentan "con los incentivos adecuados", por ejemplo con ingresos justos y el acceso a financiación.
En lo que a reforzar a los productores en la cadena de suministro se refiere, Bruselas plantea cambios para mejorar las normas para los contratos entre agricultores y compradores, hacer de los contratos escritos una obligación general y mejorar la forma en que los contratos a largo plazo tienen en cuenta la evolución del mercado y las fluctuaciones de los costes y las condiciones económicas.
También aboga por hacer obligatorio el establecimiento de mecanismos de mediación entre los agricultores y sus compradores y permitir que la UE apoye financieramente a las organizaciones de productores que adopten iniciativas privadas para gestionar crisis, entre otras ideas.
En cuanto a las medidas contra prácticas comerciales desleales entre Estados miembro, Bruselas pide reforzar la cooperación entre las autoridades nacionales competentes, en particular mejorando el intercambio de información, las investigaciones y la recaudación de sanciones.
Para ello, los servicios comunitarios plantean la creación de un mecanismo de asistencia mutua que permita a las autoridades nacionales de ejecución solicitar e intercambiar información, así como pedir a otra autoridad de ejecución que adopte medidas en su nombre.