Elon Musk. Foto: DOMINIKA ZARZYCKA/DPA/EPEsta semana de la casi amnistía ha pasado inadvertida en España la noticia de que una jueza de Delaware ha anulado la retribución que Tesla aprobó en 2018 para su CEO, Elon Musk, por valor de 55.000 millones de dólares (50.750 millones de euros). La jueza Kathaleen McCormick piensa que dicha retribución para una sola persona constituye un enriquecimiento "excesivo e injustificado" y la anula al considerar que Musk influyó en una propuesta del consejo de administración que le beneficiaba.
Con esta resolución, Musk dejará de ser el hombre más rico del mundo, ya que su fortuna caerá por debajo de los 150.000 millones de dólares, siempre que Tesla no resuelva el 'problema'. Que lo resolverá convocando otra junta general que cuide los aspectos formales en la toma de la decisión.
Nadie sufra, pues, por el excéntrico millonario, cuya primera reacción fue recomendar en la red social X –de la que es propietario– que a nadie (más) se le ocurra montar una empresa en Delaware. La segunda, hacer una encuesta entre sus seguidores de X en la que preguntó si Tesla debería trasladar su sede social a Texas, donde no existe una Court of Chancery tocapelotas como la de Delaware, que impide a las empresas retribuir tan generosamente a sus consejeros delegados. Obtuvo un 87% de respuestas afirmativas. Y la tercera, pedir una junta general urgente para trasladar la sede a Texas. Si en lugar de eso, aprobara repartir entre sus accionistas los 55.000 millones de dólares –en metálico o en acciones–, Musk recibiría el 13%, más de 7.000 millones, que le debe de parecer poco.
Gracias a la jueza y al accionista minoritario –Richard Tornetta– que impugnó este desigual reparto de los beneficios de Tesla, hemos reparado en un dato que nos invita a preguntarnos hacia dónde vamos. Porque vamos a eso, a una sociedad donde ya no es que una serie de empresas multinacionales sean más fuertes que algunos estados, como se viene advirtiendo desde hace años, sino que ya lo es un solo señor que percibe en un año 50.000 millones, que es más del doble del presupuesto de la Generalitat valenciana este año, excluida la deuda.
En España vemos cómo se americaniza la economía –con los fondos de inversión como arietes– y también aumentan los desequilibrios, si bien a una escala veinte mil veces menor. Según la CNMV, la retribución media de los consejeros ejecutivos de compañías del Ibex 35 en 2022 fue, de media, 54 veces mayor que el sueldo medio de los empleados de la compañía que dirigen (por cierto, siendo menos en número, el sueldo medio de las mujeres ejecutivas fue mayor que el de los hombres). Aquí no tenemos una Court of Chancery, pero con algunas compañías haría falta, para que los minoritarios tuvieran cierto poder de veto.
Muy de acuerdo en que el problema de España no es la riqueza de unos pocos, sino la pobreza de cada vez más familias –casi 750.000 hogares y 2,2 millones de personas viven del Ingreso Mínimo Vital–, pero no se puede negar que tanto la riqueza como la pobreza son relativas y, por tanto, están relacionadas.
No se trata, como le se atribuye a Yolanda Díaz, aunque ella asegura que no lo ha dicho, de limitar los sueldos de los directivos de grandes compañías –deberían hacerlo ellas, por ética y estética, pero eso no resuelva el problema–, sino de procurar que la otrora abundante clase media no se deslice hacia el límite de la subsistencia por una rampa llena de inflación, impuestos al alza, subidas del euríbor, bancos que se forran a base de no remunerar los menguantes ahorros de las familias, salarios con menos poder adquisitivo...
Desconozco si hay una fórmula para frenar la creciente desigualdad. Esto es solo un esbozo de diagnóstico basado en la observación y la evidencia de los datos: familias asistidas en Casa Caridad, número de jóvenes sin acceso a una vivienda, cierre de comercios, paro estructural paliado por el aumento del empleo público, un estado cada vez más asistencial...
Otrosí: si el Gobierno no considera conveniente bajar los impuestos para aliviar la presión –al contrario, los aumenta de facto al no deflactar la tarifa del IRPF–, podía al menos mostrar un poco de respeto a los contribuyentes en el gasto, dejando de crear nuevos organismos para repartirlos por las ciudades con alcaldes socialistas. El Gobierno ha creado esta semana una Agencia Estatal de Salud Pública y ha anunciado otras tres nuevas: la Agencia de la Seguridad Social, el Consejo Nacional de Productividad y la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas. Esta última la anunció el nuevo ministro de Economía, Carlos Cuerpo, el mismo día que la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, anunciaba la creación, en su departamento, de un "laboratorio de evaluación de políticas públicas".
Todo muy necesario, sin duda. Cuando algo funciona mal en la administración, qué mejor que crear nuevos organismos de evaluación y agencias redundantes que traten de hacerlo mejor.
En la batalla por conquistar la opinión pública mayoritaria en el asunto de la amnistía, debate que Pedro Sánchez estaba perdiendo y en el que muchos socialistas no se sentían cómodos porque la rueda de molino es enorme, la polémica ha derivado hacia un detalle en el que la confrontación está más igualada y los obligados a defender el pacto con Puigdemont pueden hacerlo sin sonrojarse. Feijóo y compañía han caído en la trampa de entrar a discutir si los actos delictivos que vamos a perdonar con la amnistía fueron actos terroristas. Esto puede llevar a muchos a pensar que la amnistía es admisible si no incluye delitos de terrorismo.
Por cierto, una propuesta de enmienda para la Ley de Amnistía: que vuelvan a elevar las penas del delito de malversación en el Código Penal para que los malversadores del futuro no se beneficien de aquella rebaja ad personam.
