MURCIA (EFE). Las organizaciones agrarias Asaja y COAG han pedido que la nueva reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria permita la elaboración de índices de referencia de los costes de producción que guíen la formación de los precios en los contratos de compraventa.
El presidente de Asaja, Pedro Barato, y el secretario general de COAG, Miguel Blanco, han analizado este martes en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso el proyecto de ley de dicha reforma y han coincidido en diversos aspectos, entre ellos el de esa necesidad de desarrollar referencias de precios para las relaciones contractuales.
En su comparecencia para exponer su punto de vista y responder a las preguntas de los diferentes grupos parlamentarios, Barato ha indicado que "no hay excusas" para "decir que no" se pueden establecerse esos índices.
Según su opinión, "todos sabemos" lo que cuesta producir algo, entonces "por qué poner en duda" las referencias.
En concreto, su asociación defiende que se realicen estudios de costes de producción potenciados desde la Administración para conseguir "más transparencia" en la comercialización y la formación de los precios.
Otros puntos básicos que esta organización cree deben quedar recogidos normativamente son impedir la "no realización de contratos o su modificación unilateral" o que las pérdidas de los operadores en sus gestiones comerciales "no se imputen sistemáticamente a la parte más débil, que es el productor".
También quiere Asaja que se asegure el cumplimiento de la prohibición de la venta a pérdidas o que se aporten los medios necesarios para que la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) y otros órganos competentes puedan perseguir las infracciones.
Según Barato, la transposición ahora de la normativa comunitaria sobre prácticas comerciales desleales es una oportunidad para que España dé "un nuevo impulso en la dirección correcta" que permita el "reequilibrio de las fuerzas" negociadoras entre los eslabones.
Es consciente de que "una ley no puede ser el remedio a todos los males" pero está convencido de su "importancia" para mejorar el funcionamiento de dicha cadena.
Por su parte, el secretario general de COAG ha defendido que sea el Observatorio de la Cadena, si hace falta apoyado por observatorios regionales, el que se encargue de esa elaboración de los índices de referencia de una forma "objetiva y pública" teniendo en cuenta "todos" los costes de producción.
Para Blanco, contar con esas referencias facilitaría el cumplimento de la ley por lo que lo cree esencial reforzar dicho observatorio.
Ha expuesto otras medidas necesarias como potenciar la regulación contra la venta a pérdidas, la puesta en marcha de un registro electrónico de contratos o consolidar y reforzar el concepto de productos perecederos para el pago a los 30 días.
Al igual que Barato, ha exigido más dotación económica y de personal para la AICA; clarificar y regular la figura del mediador de la cadena; y reforzar el compromiso y coordinación de las comunidades autónomas porque hay "algunas" que no han ejercido sus competencias.
Una aportación novedosa de COAG es que ha reclamado la inclusión del canal Horeca, del comercio de importación desde terceros países y de las organizaciones de productores en el ámbito regulatorio de este proyecto de ley.
A juicio de Blanco, son necesarias esas acciones porque la cadena está "gravemente desequilibrada" al haber una posición de "dominio y, en muchos casos, de abuso" sobre los productores.
Ha finalizado su intervención asegurando que aunque los agricultores desconvocaron las movilizaciones de enero-febrero de 2020 debido a la pandemia, sus reivindicaciones "se mantienen" y son conseguir unos "precios justos y rentas dignas" que es el "reconocimiento que, como sector esencial, necesitamos y exigimos".
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