Antonio Sempere (Tribunal Supremo): "Los nuevos trabajos no son un desafío jurídico"

MURCIA (EFE). El presidente de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, Antonio Sempere, defiende que los nuevos trabajos -vinculados a empresas de reparto como Glovo o Amazon- no suponen "un desafío para el derecho" sino que deben abordarse con la idea clara de que "el contrato de trabajo, los derechos sociales y la Seguridad Social son una conquista del estado social".

Sempere (Elche, Alicante, 1955) participa en la XXVI Escuela de Verano del Poder Judicial en el Pazo de Mariñán (Bergondo, A Coruña), donde explica a EFE que está en marcha "una reforma de lo que se llama la propia competencia" porque llegan miles de asuntos cada año al Tribunal Supremo, que no está preparado para eso, sino "para dictar pocos en asuntos importantes".

"No es para trabajar menos, sino que es para ser más eficientes y que los juzgados de lo social tengan criterios en los temas relevantes", aclara y plantea la pregunta de si tiene sentido que en la jurisdicción social se aborden cuestiones que podrían ir por la vía civil o contenciosa, como las vinculadas a pensiones, lo que históricamente se hizo para tener "unos órganos que fuesen muy rápidos, muy sencillos y gratuitos", que hoy están colapsados.

Otro asunto prioritario para su Sala son "los famosos cientos de miles de personas que están en empleo público con abuso de temporalidad", un tema que incluye la Constitución, pues establece que "para ocupar un empleo público hay que respetar los principios de igualdad, mérito y capacidad".

"La jurisprudencia española se inventó una construcción que es la de indefinidos los fijos. Sirve para decir: usted tiene derecho a seguir trabajando, pero hasta que se convoque la plaza, ¿qué sucede? Que las Administraciones Públicas se han acomodado y no convocan las plazas de las personas interinas", prosigue.

Ante esto, ha entrado el Derecho comunitario a través del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero como la norma impide la conversión automática en empleados públicos, el Tribunal Supremo ha optado "por plantear lo que se llama una nueva cuestión, una nueva pregunta y paralizar todos los asuntos pendientes".

"Nosotros pensamos que es lo mejor para evitar dar un paso en falso. No se trata de defender a interinos o defender a candidatos. Se trata de aplicar las normas de acuerdo con lo que la Constitución y el Derecho comunitario quieren y al tener una duda, existe ese mecanismo y lo hemos activado", añade.

En el Tribunal Supremo también sitúan como prioritario el "complemento de pensión cuando se han tenido hijos y eres varón", pues "el legislador español quiso premiar a las mujeres" y "el Tribunal de Justicia de la Unión Europea entendió que eso era discriminatorio y que tenía que hacer lo mismo a los hombres que a las mujeres".

Esto provocó una demanda de reclamaciones hasta que cambió la norma, pero esta "vuelve a suscitar dudas porque a los hombres les exige más requisitos", por lo que una vez más se han paralizado los asuntos hasta que Europa "vuelva a pronunciarse".

"El trabajo de la jurisdicción social es especialmente interesante. Lamentablemente eso llega en un momento de máxima penuria en dotación no solo del Tribunal Supremo, donde debía haber 12 magistrados y un presidente y hay 6 magistrados y un presidente, sino que también la sobrecarga de asuntos se ve en los juzgados", relata.

Sobre los nuevos trabajos, algunos de los denominados 'riders', lo ve "con naturalidad, porque siempre que han existido nuevas formas de trabajar se ha dudado sobre su encaje".

"Nos ha pasado con periodistas, nos ha pasado con repartidores, nos ha pasado con falsos becarios, nos ha pasado con teletrabajadores, nos ha pasado con profesorado y con guías turísticos. O sea, que esto digamos que es un clásico y ahí sí que siempre la solución parte de aplicar una regla muy sencilla: Aquí hay una figura que se llama contrato de trabajo. Si se cumplen sus requisitos, da igual lo que hayan pactado, da igual cómo tributen, da igual cómo coticen, da igual cómo se presenten socialmente", argumenta.

"No creo -detalla- que eso sea, para el derecho, un desafío; creo que es simplemente para la sociedad el pensar que el contrato de trabajo, los derechos sociales, la Seguridad Social son una conquista del estado social", concluye.