Foto: MARCIAL GUILLÉN (EFE)MURCIA. Vox quiere usar la fuerza de sus Gobierno autonómicos para oponerse a los acuerdos de Pedro Sánchez en su camino hacia la investidura. El vicepresidente de la Comunidad, José Ángel Antelo, ha solicitado la convocatoria urgente de un Consejo de Gobierno extraordinario para valorar "las medidas y el posicionamiento que se pueda adoptar frente al golpe que Sánchez pretende ejecutar en connivencia con los partidos separatistas".
Así lo anuncian fuentes del partido de Santiago Abascal, que señalan que esta medida ha sido solicitada por todos los vicepresidentes de Vox en las comunidades autónomas y su consejero de Extremadura. En el caso de la Región, su líder territorial anunció que la Región "llevará al traidor de Sánchez al Tribunal Constitucional: "Todos los españoles tenemos el derecho y el deber de defendernos del golpe de Sánchez", asegura Antelo.
Esta reacción se produce en el día en que el PSOE y ERC han cerrado un acuerdo que incluye, entre otros compromisos, la condonación de 15.000 millones de deuda a Cataluña. Ante este pacto, el Gobierno regional ha emitido un duro comunicado manifestando su rechazo contra un pacto "unilateral" del Ejecutivo central, en funciones, sobre asuntos que afectan a todas las comunidades autónomas. "Dejamos claro que no permitiremos más desigualdad y, si es necesario, buscaremos amparo en los tribunales de Justicia", afirman.
El Gobierno que preside Fernando López Miras sostiene que si Sánchez "está dispuesto a condonar deudas, la Región de Murcia debería ser la primera en beneficiarse de esa medida". No en vano, arguyen que el 80% de la deuda actual tiene su origen en la infrafinanciación, "tal y como reflejan distintos informes". Cabe recordar que la deuda de la Región lleva 15 años subiendo de forma ininterrumpida. La Comunidad debe 12.000 millones de euros, que equivalen al 32,1% del PIB regional, según el último dato del Banco de España.
El documento suscrito entre PSOE y ERC recoge que la financiación para Cataluña se decidirá bilateralmente, por lo que acuerdan que se constituya durante el primer trimestre de 2024 una comisión bilateral entre el Gobierno de España y la Generalitat catalana con el objetivo de llegar a un acuerdo y posibilitar avances en el logro "de una financiación adecuada que garantice la suficiencia financiera de los servicios públicos de Cataluña", así como "asegurar el cumplimiento de los compromisos de inversión contenidos en el Estatuto de Autonomía de Cataluña".
Desde el Ejecutivo regional entienden que es "inaceptable que Pedro Sánchez y los independentistas catalanes de ERC negocien un trato privilegiado" que, aducen, "premia la deslealtad y deja fuera al 84% de los españoles que no residen en Cataluña". Consideran que Sánchez "impone un modelo a la carta de independentistas y secesionistas, mientras que condena al resto de españoles a tener que conformarse con las migaja".
La Comunidad esgrime que es la peor financiada del país -recientemente desbancó a la Comunidad Valenciana- y recuerda que lleva años clamando por una reforma en el sistema de financiación. A su juicio, el cambio de modelo "tiene que ser fruto de la negociación y del consenso entre todas las comunidades autónomas, no de la imposición y el chantaje de unas pocas". Por ello exigen diálogo en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera. También señalan que mientras no se pueda abordar la reforma de la financiación, se debería habilitar algún mecanismo de compensación "para las comunidades peor financiadas y se plantee una solución para esa deuda generada por la infrafinanciación".
