CARTAGENA. La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha firmado un decreto para una atribución temporal de funciones de la secretaria general del Pleno, Alicia García Gómez, para convertirse en la adjunta al Jefe de Urbanismo, Jacinto Martínez Moncada. Así lo ha rubricado la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, en un decreto en el que García Gómez asume desde ahora una máximas responsabilidades en el área.
En el decreto se hace referencia a la sobrecarga de trabajo en Urbanismo, con un Plan General de Ordenación Urbana por aprobar a lo largo de esta Legislatura. Es el PGOU uno de los grandes compromisos adquiridos por Arroyo, a lo que hay que añadir otros también con importante enjundia legal como es el desarrollo de la ordenanza de Solares. Se indica en el decreto que es necesario que se realicen funciones de apoyo adjuntas a la Jefatura del Área, ocasionado por el "alto volumen de trabajo que conlleva la tramitación de la Revisión del Plan General Municipal de Ordenación Urbana", debiendo realizar, además de esta carga de trabajo, el resto de funciones de coordinación y dirección propias del puesto "suponiendo una carga importante de trabajo y responsabilidad"
La Alcaldesa tenía pensado reforzar este área desde hace tiempo -también a nivel funcionarial, que llegará a lo largo de la Legislatura-, pero con la revisión de todas las licencias de los locales de espectáculo, a las que se ha procedido a examinar durante las últimas semanas, ha habido un importante incremento en el volumen de trabajo de Urbanismo. Arroyo ha decidido, por tanto, que era el momento de que Alicia García comenzase a trabajar de forma inmediata y codo con codo con Martínez Moncada.
La duplicidad en el cargo es complementaria y compatible y aunque la secretaria del Pleno mantiene sus obligaciones durante las sesiones, consideran desde el equipo de Gobierno que tiene capacidad más que suficiente para atender estas atribuciones en Urbanismo que son complementarias a las del actual Jefe Martínez Moncada.
Martínez Moncada liderará el nuevo Plan General de Ordenación Urbana y así lo entiende que debe ser la Alcaldesa. Tiene la confianza de Arroyo y es considerado una persona ‘relevante’ para ‘pilotar’ el PGOU, pero este movimiento de fichas, que lleva a cabo para 'jubilar' a Moncada y situar a García Gómez en la cabeza de Urbanismo, es un claro síntoma de que el relevo se producirá durante los próximos años, una vez que la ordenación urbana sea un hecho en la ciudad.
En abril de 2019 se procedió al nombramiento de la funcionaria para desempeñar con carácter accidental el puesto de Secretaria General del Pleno del Ayuntamiento de Cartagena. Antes, Alicia García ya había pasado por el área de Urbanismo, tras desempeñar tareas de jefa de disciplina urbanística.
Por otro lado, hay que explicar que el número uno de Urbanismo, Martínez Moncada, dimitió en 2017, acusado de un presunto delito de prevaricación y expropiación ilegal en los terrenos del antiguo Cuartel de la Guardia Civil de La Azohía, del que posteriormente fue absuelto -en octubre de ese mismo año-, motivo por el que volvió de nuevo al área donde desempeñaba su trabajo en el Ayuntamiento de Cartagena.
El equipo de Gobierno tiene un interés fehaciente en sacar adelante el Plan General y en Cartagena y con las circunstancias actuales -falta de suelo, de vivienda para la compra o encarecimiento del alquiler-, el hecho de contar con la posibilidad de hacer un nuevo PGOU desde cero es una ventaja, ya que se vislumbra una proyección al futuro con aspectos que antes no se preveían y ajustarlo a una nueva forma de ver el urbanismo.
Hay dos líneas maestras en el programa de Arroyo que, con esta nueva modificación, encajan tal y como la Alcaldesa las propone: impedir macrourbanizaciones en el borde del litoral y permitir un crecimiento ordenado y natural en barrios y diputaciones, para que las familias puedan permanecer en su zona sin tener que 'emigrar' de las mismas por el encarecimiento o falta de suelo.
Recordemos que el actual PGOU data de 1987 pues el último aprobado en 2012, mientras Pilar Barreiro era Alcaldesa, fue, posteriormente, suspendido en 2016. Esto derivó en que las indemnizaciones por convenios urbanísticos, que decayeron a raíz de la anulación del Plan General, o por plusvalías, permutas y otras operaciones que no se cumplieron supusieran un gravamen de más de 30 millones de euros al Ayuntamiento.
