ALICANTE (EFE).La Unión Empresarial de la Provincia de Alicante (Uepal) ha advertido de que la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales "tendrá un impacto neutro entre los trabajadores y trabajadoras, y un fuerte efecto negativo en la viabilidad de muchos negocios de autónomos y pymes”.

En un comunicado, el presidente de Uepal, César Quintanilla, ha señalado que "si se pone en peligro una empresa, se pone en peligro 37,5 horas de trabajo de cada empleado”.

Uepal ha reaccionado así a la aprobación, este martes, del anteproyecto de ley por parte del Consejo de Ministros para reducir la jornada, que recoge el acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos, sin el apoyo de la patronal.

Para el dirigente empresarial en la provincia de Alicante, “es importante evolucionar e ir mejorando las condiciones de vida de los trabajadores, pero se debe equilibrar con medidas efectivas que no pongan en peligro la actividad empresarial – grande o pequeña – que genera esos puestos de trabajo”.

Y, desde su punto de vista, “esta medida, sin discriminar sector o ámbito territorial, va a suponer un problema a muchas empresas, especialmente a las más pequeñas o con plantillas más cortas”.

Quintanilla ha señalado que “este tipo de medidas deben ser analizadas, deben cuantificar el coste a las empresas, ver cómo minimizar su impacto, compensar las dificultades y, sobre todo, entender si esta reducción supone una ventaja real para las condiciones del trabajador”.

Lo que reclaman desde Uepal es "más negociación y análisis más profundos de los efectos de la medida, y una implantación sosegada, medida y articulada en beneficio de todas las partes".

Uepal considera que hay "otras medidas de mayor impacto que debería ser objeto de análisis por parte del Gobierno y, sobre todo, de debate entre los agentes sociales, diálogo que se no se ha producido en opinión de los empresarios de la provincia de Alicante".

Entre las cuestiones que tienen que ver con la calidad de vida de los trabajadores, Uepal entiende que debe haber un control de la inflación que perjudica al poder adquisitivo del trabajador, incluso con los incrementos del Salario Mínimo, atender la cuestión de la vivienda, que sí beneficiaría a los trabajadores, ajustar la fiscalidad de las empresas y autónomos, y establecer un gran debate sobre pensiones, relevo generacional e incorporación de trabajadores a sectores que tienen déficit de mano de obra.

También propone discutir sobre la efectividad de ampliar la edad de jubilación para la economía y la productividad de las empresas.