ALICANTE. El Ayuntamiento de Alicante no da la guerra por perdida y persiste en plantear batalla legal frente a los depósitos de combustible proyectados por XC Business en la terminal de mercancías del Puerto. El equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), ha confirmado este miércoles su pretensión de presentar recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC), después de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) haya inadmitido el incidente de nulidad de sentencia presentado por el propio Ayuntamiento frente a la resolución dictada por el alto tribunal autonómico el pasado mes de abril, en la que se reconocía el derecho de la empresa a la concesión de la licencia ambiental solicitada por silencio administrativo positivo.

La ratificación de la próxima interposición de ese recurso, anticipado este martes por el vicealcalde y portavoz del equipo de gobierno, Manuel Villar, se ha producido tras el desenlace de un encuentro de trabajo entre el alcalde, Luis Barcala, y el presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Rodríguez, en la tarde del mismo martes. En ese encuentro, analizaron la estrategia conjunta de rechazo a la planta de almacenaje para reafirmar su oposición frente a la materialización del proyecto. "Bajo ningún concepto vamos a aceptar la instalación de unos macrodepósitos que ni la ciudad de Alicante ni el Puerto quieren", ha subrayado este miércoles Barcala, a través de un comunicado. "Nadie nos puede obligar a contar con unas instalaciones que cuentan con el rechazo mayoritario de la ciudadanía y de la propia Autoridad Portuaria y trabajamos conjuntamente con el Puerto para coordinar y promover acciones alternativas", ha insistido. 

El primer edil ha destacado, así, que la vía judicial continúa abierta y ha anunciado que el Ayuntamiento, "como ya estaba previsto en primera instancia", añade la nota pública, ultima la presentación de un recurso ante el TC frente a la inadmisión del recurso de nulidad planteado ante el TSJ. En principio, todo parece indicar que, en ese recurso de amparo, se tratará de hacer valer el argumento defendido por el Ayuntamiento ante el TSJ respecto al rechazo de que pueda concederse una licencia ambiental por silencio administrativo positivo, según la sentencia 76/2022 dictada por el propio TC, que anuló el artículo 60.2 de la Ley Valenciana 6/2014 porque contradecía los artículos 6 y 7 de la Ley 21/2013, de 9 diciembre, de evaluación ambiental.

Licencia de obra y negociación

En paralelo, el equipo de gobierno continua trabajando en una segunda línea de actuación: el análisis sobre la oportunidad de la concesión de la licencia de obra. Así lo ha reiterado el mismo Barcala al sostener que, por el momento, la última resolución del alto tribunal autonómico, "lo único que habilita para la empresa promotora de los depósitos es la licencia ambiental, pero aún quedarían pendientes las pertinentes licencias de obras y actividad, entre otros trámites, por lo que aún queda mucho recorrido por delante para dar ya por sentado que se instalará esa planta de almacenaje de combustible en el Puerto", ha recalcado Barcala. En este sentido, sigue sin despejarse si sigue vigente la limitación de distancia respecto a núcleo habitado para instalaciones de almacenaje de carburantes que quedó recogida en la disposición adicional décima de la Ley de Calidad Ambiental, durante la pasada legislatura autonómica, lo que impediría que el proyecto pudiese desarrollarse, al situarse a menos de un radio de un kilómetro respecto a zona residencial, según sostienen fuentes municipales.

En cualquier caso, Barcala ha vuelto a reabrir la vía de la negociación con los representantes de la empresa promotora de la planta de almacenaje de combustible al emplazarles a "ponerse en contacto con el Ayuntamiento, siempre y cuando estén dispuestos a renunciar al 100% a la instalación de esa planta de almacenaje de combustible en el Puerto de Alicante", según apunta el comunicado. En ese emplazamiento no se apunta a la posibilidad de que pudiese alcanzarse un acuerdo económico en forma de compensación o indemnización, como la que Barcala sí contempló el pasado diciembre, después de que se conociese la inadmisión del recurso municipal presentado ante el Tribunal Supremo (TS) frente a la sentencia del TSJ.