ALICANTE. El proceso para renovar la gestión del servicio de estacionamiento regulado, más conocido como la contrata de la ORA o de la zona azul, cumple otro paso preliminar en Alicante. El equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), da por cerrada la fase de estimación de costes que conllevará la futura prestación, tras solicitar estudios a seis operadores privados del sector (Vectalia, Pavapark, Eysa, Valoriza, Aussa y Telpark-Empark), en los que se confirmarían cifras similares a las registradas en el estudio de viabilidad encomendado por el propio ayuntamiento a una consultora externa. De ahí que ahora solicite el informe definitivo que debe evacuar la Junta Superior de Contratación Administrativa de la Comunidad Valenciana para poder aprobar la convocatoria del concurso, en el que se incluye la construcción de un nuevo depósito municipal de vehículos para el traslado y custodia de los arrastres de la grúa, con un presupuesto estimado de 17 millones que quedará a cargo del futuro contratista.

Eso sí, no será hasta que se reciba ese dictamen cuando podrá cerrarse la confección de los pliegos y pueda determinarse cuántas plazas nuevas de estacionamiento se prevé habilitar bajo ese sistema de fomento de la rotación de vehículos en la vía pública, a partir de los tres escenarios contemplados en ese estudio de viabilidad municipal. Como ya ha informado este diario, dicho estudio apunta la posibilidad de extender el servicio con la incorporación de 3.077, 4.950 o 5.935 plazas adicionales en otros barrios limítrofes al Centro Tradicional respecto a las 1.873 existentes en la actualidad. Con todo, incluso esos números sugeridos en el estudio podrían modularse, sin necesidad de que se opte por ninguna de las tres alternativas. En todo caso, eso sí, el equipo de gobierno mantiene su apuesta por primar la extensión de la zona naranja, con la particularidad de que -a diferencia de lo que sucede en la actualidad, con el pago de una tarifa reducida- será completamente gratuita para los residentes que dispongan de tarjeta ciudadana.

Ese estudio de viabilidad encargado por el ayuntamiento quedó sometido a exposición al público para la presentación de alegaciones durante un plazo de un mes. Y ahora también queda validado, después de que se hayan desestimado en su integridad los tres paquetes de objeciones registradas: uno por parte del comité de empresa de la actual empresa concesionario, otro por parte de la Asociación de Vecinos PAU II San Blas y otro de la comunidad de propietarios del complejo Alipark. Eso sí, cuando menos, en la respuesta a esas alegaciones se aporta luz respecto a algunas de las cuestiones planteadas.

Novedades del contrato

En este sentido, la contestación de esas alegaciones -aprobada este martes en Junta Local- apunta que los vehículos estacionados en zona naranja podrán permanecer más de cinco días en la misma plaza; establece que los controladores de la ORA no tendrán funciones similares a las de un controlador de tráfico o un agente de policía; y anticipa una próxima actualización de los parquímetros, así como la ampliación de su número. Además, se anuncia que el futuro concesionario deberá garantizar la prestación del servicio durante un mínimo de 55.000 horas anuales y se confirma la obligación de incorporar una grúa específica para la retirada de motocicletas, para las que también se prevé establecer la obligación de pago en zona azul tras la correspondiente modificación de la ordenanza reguladora del servicio.

Al tiempo, se señala que la parcela prevista para la construcción del nuevo depósito de vehículos en el barrio de Rabasa no está afectado por riesgo de inundación; se confirma que se está estudiando el impulso de un proyecto para la construcción de un aparcamiento de vehículos subterráneo bajo la avenida de Aguilera y se ratifica que la zona naranja será gratuita para residentes. Por último, la respuesta a las alegaciones también señala que el solar municipal de Rabasa en el que se situará el nuevo depósito municipal de vehículos ya se ha puesto a disposición de la Concejalía de Movilidad, después de que se haya promovido el cambio de su adscripción por la que ahora quedaba ligada a la Concejalía de Deportes.

¿Cuándo podría promoverse la convocatoria del nuevo concurso? Por el momento, no hay plazos ciertos. En principio, dependerá de los tiempos en los que se demore la emisión del informe de la Junta de Contratación, aunque la pretensión del equipo de gobierno es acelerar todo el procedimiento para zanjar la situación de interinidad en la que se presta el servicio en la actualidad, tras el vencimiento de la última prórroga extraordinaria concedida a su último concesionario -la UTE compuesta por Vectalia y Pavapark- el pasado 25 de enero. De hecho, desde entonces, el servicio funciona a través de una suerte de prórroga tácita, sin respaldo de un contrato en vigor, por lo que queda sujeto a la tramitación de expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito para saldar pagos durante el tiempo en el que se retrase la contratación de un nuevo adjudicatario. Entre tanto, el grupo municipal del PSOE, a través de su concejal Raúl Ruiz, insistió este martes en solicitar un informe jurídico sobre la situación del servicio, tras incidir en que se está prestando sin cobertura de un contrato y sin que quepa la concesión de prórrogas extraordinarias al no haberse iniciado el proceso de licitación del nuevo concurso tres meses antes del vencimiento del contrato precedente.