Foto: CARLOS LUJÁNEl CGPJ pedirá ahora a los tribunales datos sobre las resoluciones en aplicación de la ley
MURCIA. (EP) El número de condenados por delitos sexuales que se ha visto beneficiado por el nuevo marco de penas que recoge la ley del 'solo sí es sí' asciende al menos a 507, entre revisiones de condena a la baja y sentencias posteriores en aplicación de la norma. Desde el 7 de octubre, cuando entró en vigor la reforma del Código Penal, se ha ordenado la excarcelación de 42 personas. Las últimas 44 rebajas de pena se han producido en Castilla y León , Galicia y Madrid.
Son 107 casos más que el pasado viernes, cuando el número de personas que había visto rebajada sus condenas alcanzaba los 400. El lunes, el PSOE registró en solitario su reforma a la Ley Orgánica de Garantía Integral de Libertad Sexual por la que se están aplicando las rebajas de penas. El martes, la cifra llegó a 415. Ayer miércoles, eran 463 beneficiados. Este jueves son 504 beneficiados.
La lista se ha visto incrementada porque el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha notificado 31 nuevos casos de rebajas registrados en la comunidad autónoma, por lo que alcanza las 73. Ha sumado también una nueva excarcelación.
Además, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha contabilizado 11 rebajas más --10 de ellas en Burgos y 1 en Zamora--, lo que lleva a dicha comunidad a un total de 32.
Por su parte, en Galicia, la Audiencia Provincial de A Coruña ha revisado a la baja las penas de prisión impuestas a dos condenados por delitos sexuales.
Este mismo jueves, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado solicitar ahora a los Tribunales Superiores de Justicia y a las audiencias provinciales las resoluciones dictadas en relación con la aplicación de la Ley Orgánica de Garantía Integral de Libertad Sexual.
A 9 de febrero, se confirman revisiones de sentencia y rebajas de pena en 17 comunidades autónomas. Según los datos recabados hasta ahora por Europa Press, constan 112 en Andalucía, 73 en Madrid, 55 en Comunidad Valenciana, 53 en País Vasco, 45 en Galicia, 39 en Baleares, 32 en Castilla y León, 20 en Castilla-La Mancha, 16 en Asturias, 14 en Canarias, 13 en Cataluña, 10 en el Supremo, 8 en Extremadura, 7 en Cantabria, 4 en Navarra, 2 en Murcia, 2 en La Rioja y 2 en Aragón.
De estos 507 casos, 42 han conllevado la excarcelación de condenados: 8 en Andalucía, 7 de Madrid, 6 en País Vasco --1 por orden del Tribunal Supremo--, 5 en Castilla y León, 4 en la Comunidad Valenciana, 3 de Baleares, 2 de Galicia, 2 de Cantabria, 2 en Asturias, 1 en Extremadura, 1 en Canarias y 1 en Castilla-La Mancha.
Los casos aquí contabilizados representan una estimación a la baja, toda vez que no todos los TSJ llevan un registro actualizado al día del número de casos de rebajas que se dictan en sus tribunales. Al margen, se ha computado también cientos de revisiones en las que los jueces han considerado que no corresponde aplicar la reforma penal de forma retroactiva, entre otras razones, porque la pena se encuentra dentro de la horquilla ahora vigente.
El pasado 20 de enero, la ministra de Justicia, Pilar Llop, lamentó que la 'ley del sólo sí es sí' no haya tenido "los efectos deseados" y aseguró que en el ámbito del derecho transitorio el Gobierno "pensó que sería aplicable otro tipo de respuesta" en consonancia a la propuesta por la Fiscalía General del Estado.
Así las cosas, el pasado lunes el PSOE presentó en solitario ante el Congreso su propuesta de reforma a la ley vigente. La iniciativa del departamento que dirige Llop recoge la violencia y la intimidación como un subtipo, elevando las penas, tanto en los casos de agresión sexual --de 1 a 5 años de prisión, frente a las de 1 a 4 años del 'solo sí es sí'--, como en aquellas agresiones en las que hay penetración (violación) --que pasa de los 4 a 12 años que recoge la ley de Igualdad, a una horquilla de entre 6 y 12 años--.
Ayer miércoles, en la sesión de control al Gobierno que se celebra en la Cámara Baja, Llop reconoció "la gravedad" de las situaciones que han vivido algunas víctimas afectadas por las rebajas de penas en aplicación de la ley del 'solo sí es sí' y, en este sentido, ha señalado que el Ejecutivo ha actuado por ellas.
La ministra aseguró que se siente "absolutamente responsable de la reforma" que ha presentado esta semana el Grupo Socialista y ha dicho que asume "en primera persona lo que pueda pasar" cuando esta se produzca.
En las modificaciones acordadas hasta ahora, los magistrados explican que estas revisiones a la baja se hacen porque el propio Código Penal, en su artículo 2.2, establece que siempre deberá aplicarse la ley "más favorable" al reo.
La ley del 'solo sí es sí' ha provocado que el delito de agresión sexual absorba al de abuso sexual, lo que significa que un delito que hasta ahora recogía una conducta más grave incorpore una de menor gravedad, por lo que la horquilla penal también se ha ampliado para abarcar todo el abanico de comportamientos penados ahora como agresión sexual.
Así las cosas, las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press explican que el número de casos en los que se aplican las rebajas seguirá creciendo ante las revisiones pendientes en todas las comunidades autónomas.
El Tribunal Supremo aseguró en su sentencia sobre el 'caso Arandina' que la aplicación de la Ley Orgánica de Garantía Integral de Libertad Sexual es "obligatoria" por ser "más favorable" al reo.
El alto tribunal tuvo que hacer uso de la modificación penal al revisar la sentencia del 'caso Arandina' y condenó a 9 años de cárcel --y no a 10, como pedía la Fiscalía-- a dos exjugadores de ese club de fútbol al aplicar la ley del 'solo sí es sí'.
Los magistrados elevaron las penas --desde los 4 y 3 años que había fijado el TSJ de Castilla y León-- tras eliminar la atenuante que se había apreciado por la cercanía de edad y madurez entre condenados y víctima.
Hasta el momento, el Supremo ha revisado 16 sentencias en virtud de la ley: en 9 de ellas no se modificaron las penas; en las otras 7 sí. De esas 7 sentencias se han visto beneficiados un total de 10 condenados. Una de ellas ha conllevado una excarcelación en el País Vasco.
