La presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, en una imagen de archivo. Foto: JUANMA SERRANO/EPMADRID (EP). La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha avisado de que el 56% de los hogares que podrían recibir el Ingreso Mínimo Vital (IMV) no lo solicita y ha propuesto que la prestación, junto a otras como los subsidios por desempleo, el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI), etc. se gestionen de manera más automática y que se actúe de oficio.
Estas han sido algunas de las conclusiones de la tercera Opinión del organismo sobre el IMV, que ha sido presentada este miércoles 10 de julio. Así, ha instado a acelerar la transformación hacia un modelo de gestión del conjunto de prestaciones no contributivas (IMV, CAPI, subsidios por desempleo...) más automático y que se actúe de oficio. En su opinión, el Real Decreto ley 2/2024 avanza en la dirección de esta propuesta. Con él, se articula una pasarela automática cuando se agota el subsidio de desempleo hacia el IMV.
Asimismo, ha sugerido que el IMV articule una reforma que permita la verificación de los requisitos económicos para el acceso y revisiones de la prestación utilizando datos más vinculados al presente (por ejemplo, las cotizaciones sociales) y con ello disminuir la frecuencia e importes de las revisiones y reembolsos y captar mejor situaciones de pobreza sobrevenida.
En este marco, la AIReF ha identificado varios "márgenes de mejora" del IMV. Así, la presidenta del organismo, Cristina Herrero, ha apuntado al elevado 'non take up' de la prestación, que en 2023 se situó en el 56%, cifra similar a las de las dos opiniones anteriores. Esta es la tasa de hogares que podrían pedir el IMV y no lo ha hecho.
Asimismo, Herrero también ha incluido entre los "márgenes de mejora" de la prestación la revisión de importes que se hace a los beneficiarios. En este marco, destaca que el 65% de los hogares que recibieron el IMV en 2023 vieron su prestación revisada, el 25% a la baja en las siguientes nóminas y el 33% al alza. A su vez, el 7% de hogares cursó baja y se les solicitó el reembolso del importe de la ayuda, que en mediana se situó en 3.000 euros.
Por último, la presidenta de la AIReF ha hablado sobre los problemas para hacer frente a situaciones de pobreza sobrevenida y sobre la aplicación subsidiaria del reconocimiento del IMV de acuerdo con los ingresos del año en curso. En este sentido, el director de la División de Evaluación del Gasto Público, Jose María Casado, ha explicado que si bien existe un mecanismo extraordinario por el cual se puede pedir que se tenga en cuenta la renta del año actual a la hora de solicitar el IMV, la cuantía de la prestación se basa en la renta del año anterior.
Por su parte, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha señalado que conceder de oficio el Ingreso Mínimo Vital (IMV), tal y como ha propuesto la AIReF, es "inviable y no recomendable".
Según explican fuentes de este departamento la ayuda pivota sobre el concepto de unidad de convivencia, entendida como un grupo de personas unidas por vínculos familiares que residen en un mismo domicilio, y no existen bases de datos que contengan información suficientemente precisa sobre las unidades de convivencia para que su tramitación se pudiese iniciar de oficio.
Así, señalan que se necesitarían cambios en la estructura de datos administrativos del conjunto del Estado, así como cambios legislativos, tanto del IMV como de otras materias, fundamentalmente dentro de la protección de datos. En este sentido, también recuerdan que las prestaciones gestionadas por la Seguridad Social son rogadas y que por tanto otorgan derechos, pero también implican un régimen de obligaciones e incompatibilidades que son conocidas por las personas beneficiarias.
Por lo demás, detallan que Inclusión valora positivamente la opinión de la AIReF, pero inciden en que el ingreso mínimo es una política viva, que se puso en marcha en un tiempo récord y que no es la única medida en España para combatir situaciones de pobreza y/o exclusión social. En líneas generales, admiten que incluirán las conclusiones del informe para flexibilizar criterios de acceso a la prestación y conseguir que las cuantías de la ayuda "reflejen con mayor agilidad la realidad económica de las familias".
Además, recalcan que el IMV es la política más ambiciosa puesta en marcha en España para acabar con las situaciones de pobreza severa y lograr la plena integración de las personas en situación de exclusión y que cuatro años después de su aprobación, es una medida que está consolidada. Entre otras cifras, especifican que, en acumulado, el IMV ha alcanzado ya a 860.000 hogares y 2,5 millones de personas. A su vez, explican que del total de beneficiarios, el 42,2% de son menores (es decir, 1.051.142), lo que en su opinión hace que la ayuda tenga especial incidencia en la reducción de la pobreza infantil. Asimismo, en dos de cada tres hogares la titular es una mujer (67,2%).
Por otro lado, desde el Ministerio celebran que la AIReF incluya por primera vez en su evaluación el comportamiento de las rentas mínimas autonómicas, aunque opinan que un análisis objetivo de la situación tendría que tener en cuenta las rentas mínimas autonómicas y medir también el fenómeno del 'non take up'. Según dicen, el IMV está pensado para dotar de un suelo de cobertura homogénea a todo el territorio, que después las comunidades autónomas deberían complementar en función de las necesidades de su población.
De entre las cifras que ofrece el organismo, resaltan que aproximadamente la mitad de las autonomías ha hecho desaparecer sus programas de rentas mínimas, lo que les ha supuesto un ahorro de 510 millones de euros, o lo que es lo mismo, el 11% del gasto dedicado a este objetivo. Entre tocas, destacan que las comunidades que han ahorrado más a costa de reducurlas son Andalucía (31%), Madrid (26%), Murcia (23%) o Castilla y León (20%), según la AIReF.
Asimismo, resaltan que, según refleja la AIReF, el incentivo al empleo que entró en vigor en 2023 ha cumplido el objetivo para el que fue creado y ha repercutido en positivo entre quienes han compatibilizado la prestación con los ingresos procedentes del trabajo en casi 100.000 hogares.
