MURCIA (EP). La defensa del exministro de Transportes José Luis Ábalos ha presentado este viernes un escrito ante el juez del Tribunal Supremo que le ha abierto causa por su presunto papel en el 'caso Koldo' por el que recurre la decisión de elevar suplicatorio al Congreso de los Diputados para la suspensión de su inmunidad. Insiste en subrayar que ha habido una investigación ilegal contra su persona.
En el recurso de reforma, al que ha tenido acceso Europa Press, pide la nulidad de las actuaciones "por entender que se han vulnerado tanto las garantías procesales (...) como los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución" y avanza que si el magistrado Leopoldo Puente no atiende esta petición llevará su recurso al Tribunal Constitucional a través de un recurso de amparo por vulneración de los derechos fundamentales.
Ábalos incluye en este escrito el textual de la denuncia presentada esta misma semana ante la Fiscalía General del Estado (FGE) en la que recogía que fue investigado ilegalmente siendo aforado por la Unidad Central Operativa (UCO) dado que se accedió a su correspondecia privada violando así el secreto de las comunicaciones.
Además, explica que el auto de Puente que recoge las razones para pedir el suplicatorio se basa en "tres únicas diligencias practicadas": La declaración de Víctor de Aldama, presunto conseguidor de la trama, la declaración de Koldo García, quien fuera su asesor en el Ministerio, y "observaciones telefónicas y documentación" aportadas la Audiencia Nacional y practicadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Incide en que el juez explica en su auto que ha tenido en consideración los documentos aportados por De Aldama y García, así como las intervenciones telefónicas y registros domiciliarios, y añade que de la documentación aportada "únicamente" les consta la que aportó el presunto conseguidor.
Además, explica el letrado del exministro que le llama la atención que el auto no refleja que Ábalos hubiese tenido intervención para percibir beneficios económicos gracias a las adjudicaciones de contratos públicos que se investigan.
Y recuerda que en el interrogatorio a De Aldama, el propio juez le preguntó "cómo podía corroborar la entrega de un dinero en efectivo que no vio, así como los porcentajes de reparto entre Koldo García y Ábalos".
Tras esto, asevera que "no ha existido nunca ninguna relación personal entre el Sr. Aldama y el Sr. Ábalos Meco", y que lo único que existen son "las manifestaciones de De Aldama que no se pueden tomar como ciertas".
Lamenta así que "se pretende acusar de la recepción de dinero efectivo metálico (fiscalmente opaco), sin que haya prueba documental o gráfica, más allá de las palabras de un investigado" y recalca que eso no es "indicio suficiente sino mera sospecha, y en ningún momento existen hechos probados".
Añade que De Aldama "ha conseguido la excarcelación con unas declaraciones que realizó ante el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la AN y que fue puesto en libertad por el Juzgado Central de Instrucción número 5, sin que a día de hoy se le haya tomado declaración para conocer si coopera o no coopera".
Tras esto, destaca que "en los anales de la Audiencia Nacional no existe una cooperación con el Ministerio Fiscal en virtud de la cual se hagan manifestaciones para imputar a representantes de un Gobierno". Y añade que "nunca en los anales de la AN se ha puesto de una forma tan inusual en libertad a un presunto colaborador con la Administración de Justicia".
Le llama la atención, por otro lado, que tras "la famosa declaración" de De Aldama, "nadie le ha pedido la documentación en ese momento". "Lo que significa que estamos a raíz de lo que quiera manifestar De Aldama", añade, para sumar que nunca se ha puesto en libertad a un rpeso preventivo "obviando todos los principios penitenciarios".
Después de hacer estas apreciaciones, el letrado de Ábalos recuerda que el exministro habría sido objeto de una investigación de la UCO que debe suponer la nulidad de las actuaciones.
Recuerda que la UCO interceptó su "correspondencia privada", siendo aforado como diputado, en el marco de la investigación del 'caso Koldo' y subraya que con este hecho "de suma gravedad" se vulneró su derecho fundamental al secreto de las comunicaciones.
Indica que la UCO intervino el teléfono de su exasesor Koldo García y captó una conversación que mantuvieron ambos y por la que pudieron conocer que García le enviaría documentación que le había entregado previamente el ya ex subsecretario de Transportes Jesús Manuel Gómez. Señala que esa documentación le iba a llega a través del hermano de Koldo García, Joseba García.
Apunta que el 4 de noviembre de 2023 Joseba García quedó con él en Valencia, en su domicilio, y que previamente recogió esa documentación en Madrid de manos de Koldo García. Añade que entre Alicante y Valencia la furgoneta de Joseba fue interceptada por el Grupo de Acción Rápida (GAR) de la Guardia Civil y tras un registro localizaron el sobre donde iba la documentación "el cual iba nominado en la parte delantera del mismo a nombre de José Luis Ábalos Meco". "En el adverso estaba cerrado y con el sello oficial del MITMA", explica en el recurso que reproduce su denuncia ante la FGE.
El exministro subraya que los agentes del GAR procedieron a abrir el sobre "y a fotografiar toda la documentación que contenía". El letrado explica que también le "tomaron fotografías a la salida" y de su coche para luego averiguar en bases de datos policiales la titularidad del mismo que figura a su nombre.
El letrado también menciona que Ábalos "ni disfrutó nu percibió" el alquiler de un piso en la Plaza España de Madrid en el que residía su expareja y recuerda que, según lo declarado ante Puente, "era un piso arrendado y que abonaban los hermanos García Izaguirre y --Alberto-- Escolano, (...) porque se le adjudicaba como vivienda de empresa". Indica que en realidad, su expareja "nunca estuvo domiciliada" en ella.
Sobre el alquiler con opción a compra en un chale en la urbanización de La Alcaidesa (Cádiz) --otras de las presuntas dádivas de la trama para Ábalos--, la defensa explica que ya ha acreditado documentalmente que las rentas del mismo fueron abonadas por el exministro "en su integridad" y que de acuerdo con la propiedad "se resolvió de mutuo acuerdo entre ambas partes".
"Difícilmente pudo obtener ningún beneficio económico como consecuencia de dicho arrendamiento y mucho menos cuando tuvo que atender los requerimientos de la Agencia Tributaria como así hemos acreditado", añade.
Tras esto, concluye señalando que queda demostrado "de una forma inequívoca (...) que el suplicatorio adolece del rigor necesario".