Cualquier ciudadano , en una economía en crecimiento, se enfrenta a una elección clave durante su desempeño laboral, trabajar más o trabajar menos y destinar parte de ese tiempo al ocio. Esta elección, aparentemente banal, pero crucial en los desarrollos de la microeconomía moderna afectaría por igual a Robinson Crusoe en su isla, y al más 'intrépido' CEO en la expansión de la multinacional para la que trabaja, hemos de reconocer que en las dos situaciones se está en crecimiento, venga sí, con distintos puntos de partida, pero en crecimiento. La cosa se complica, pues entre la elección de más trabajo (construirse una resistente cabaña, buscar agua, frutos y pescados, o bien, en el caso del CEO, buscar zonas estratégicas de inversión, diseñar canales de distribución y los mejores proveedores) intervienen diversos factores, renta que perciba (en dinero o en especie), el ocio será entendido como el coste de oportunidad de no obtener dicha renta, el valor que suponga tener ratos de diversión, la existencia de rentas previas, y alguno más que no abarcamos en esta introducción, simplemente porque quiere servir para explicar el porqué del nombre de la columna “De molinos y cucañas”, esta columna quiere representar eso precisamente, la mezcla de dos componentes (trabajo y ocio) que nos definen y nos dan integridad como personas, mis artículos anteriores (las consecuencias de la covid en la economía, la onerosa fiscalidad del juego, la mala planificación de los recursos por los gobiernos municipales y sus fricciones) no han dejado de hablar de esto, por tanto, y dándole un “estilo murciano” a este planteamiento económico (el molino es el símbolo del trabajo ancestral por estas tierras y la cucaña, el premio en esta cucaña jamás será un animal, es el ocio con visión crítica, cuando estamos arriba –de la cucaña-, el más mínimo despiste puede hacernos bajar). José Luis Sampedro, emulando a Bécquer, dijo aquello de economía eres tú, vemos que razón no le faltaba.
Centrémonos ahora en el núcleo de este artículo que es la gestión del ciclo integral del agua por parte de una empresa mixta en que una transnacional, Suez Water, a través de una de sus filiales Hidrogea, usa y decide sobre un recurso en el que unas determinadas cotas de consumo deberían considerarse como bien público, es decir, disponible para cualquier persona y cuyo uso por un individuo no excluye del mismo a otro. Vemos que solamente los reales decretos consecuencia del reciente estado de alarma así como los últimos acuerdos del Consejo de Ministros garantizando el suministro de agua hasta el 30 de septiembre han conseguido cumplir este objetivo en cierto modo. La introducción de operadores privados ,en búsqueda del beneficio de parte y no necesariamente del bien común produce distorsiones en el suministro de un bien de extrema necesidad que alteran lo que debería ser una justa distribución de las cargas del recurso en la sociedad, veámoslo, el Pleno del Ayuntamiento de Murcia del 30 Abril de 2019 –con mayoría conservadora de PP y C´s- tuvo a bien aprobar la nueva Ordenanza sobre prestación de servicios del ciclo integral del agua, la misma se quedó en un mero “status quo” sobre la situación precedente, pudiéndose haber adoptado medidas más audaces para introducir la justicia en lo que debería ser un precio público y que no hubieran comprometido la estructura de capital de la mercantil Emuasa, los resultados de dicha Ordenanza no caminan en ningún momento hacia una auténtica progresividad fiscal, me explico, el precio de los Costes Fijos del recibo apenas experimenta modificación, estos costes fijos se pagan por la disposición de un contador de uso doméstico (inferior a 15mm) y con creces cubre su amortización, que debería ser el único factor que se contemplara en su cálculo, el que estos costes no estén vinculados al consumo del agua introducen un fuerte componente de arbitrariedad en los mismos, pudiendo, claro, con voluntad política rebajarse los mismos entre el 25% y el 50% de su importe actual sin comprometer la viabilidad de Emuasa. Por si esto no fuera suficiente, respecto a los costes variables del recibo no se aborda en ningún momento su progresividad. Un buen mecanismo sería introducir una tarificación reducida, inferior a la vigente, para consumos de hasta 20 m3 por hogar y bimestre (un consumo óptimo por persona se estima en 3,8 m3 por mes y persona, tengamos en cuenta que de media los hogares murcianos están formados por tres personas). Es decir, no existe ninguna justicia en los precios actuales mientras los tramos variables inferiores a consumos de 20 m3 bimestre no se reduzcan notablemente, para incrementarse de forma progresiva en los demás tramos. El impacto de tal medida (reducción de los costes fijos y variables en los tramos citados) tendría un impacto inferior a los 3 millones de euros en las cuentas de Emuasa, que para nada dañarían a su organización, eso sí, lo que es una mejora para el ciudadano resultaría en una reducción en los beneficios (reducción que no supresión) de la parte privada, la multinacional, muy poco digeribles en una configuración netamente monopolística (explotación de un recurso natural por una multinacional). Otro controvertido punto de esta Ordenanza y que al lector le sonará a aquello de “privatizar beneficios y socializar las pérdidas”, salvando todas las distancias recordemos el rescate bancario, es el contemplado en el artículo 7.2 de la misma, en el cual se indica que los incrementos de precios de suministro del recurso por parte de la Comunidad de Canales del Taibilla recaerá en los usuarios del servicio, en cambio nada se nos dice sobre una reducción del precio del recurso, que resultará en mayores beneficios para la mercantil (esa contingencia, querido lector, debía haber sido prevista).
Otro apartado, y siendo más concisos, es la ausencia de fiscalización desde la intervención municipal de la contabilidad de la empresa prestataria del servicio de aguas, la rendición de cuentas se realiza, hoy por hoy, a través de una auditoria de la que se informa a los miembros del Consejo de Administración, y que en años anteriores ha recogido deficiencias reseñables como es que dos de cada diez contratos que ha realizado Emuasa tienen precio finalista no verificable , que uno de cada cuatro han sido adjudicados a empresas pertenecientes al Holding Hidrogea (6 de ellos, para el año 2015 ,fueron los más importantes en importe económico, sufriendo modificaciones contractuales, incrementando la facturación final, los costes y por tanto la repercusión tarifaria al usuario). Eso , si me permiten, sin tener en cuenta que desde la adjudicación de la Concesión Administrativa a Hidrogea en el año 1989 la tasa de variación de sus beneficios empresariales (lo que han aumentado respecto al año inicial) ha sido de un 80% y la variación del coste de la vida, medido en el IPC (habiendo pasado momentos como la incorporación a la moneda común) ha supuesto un incremento de los mismos en un 66%, es decir los beneficios empresariales de Hidrogea han creció 15 puntos porcentuales respecto al incremento del precio de los factores que usa para la explotación de su recurso, que no está nada mal.
Vemos pues que de lo que se trata es de evitar las ineficiencias, fruto de la gestión de los servicios públicos por entes privados. Creo honestamente que la gestión del ciclo integral del agua por un Organismo Autónomo, como se hace en el Ayuntamiento de Zaragoza, desde la legislatura pasada, podría paliar la totalidad de la problemática presentada en este artículo, también podría transformar el dividendo privado (2,5 millones de euros) en accionariado popular, es decir, convertir el agua en un bien público, pero de verdad.
Gracias por su atención.
Miguel Ángel Pagán Navarro, Economista, miembro del Grupo Economía y Trabajo de Izquierda Unida en el municipio de Murcia