MURCIA. A veces las buenas intenciones no tienen recompensa. En el año 2019 desde el Sectorial de Economía de Cambiemos Murcia propusimos, y así se incluyó en el programa electoral para las elecciones municipales, la "adaptación del Impuesto sobre el Incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana al ciclo económico". En vista de las recientes sentencias del Tribunal Constitucional 59/2017 y 126/2019, apreciábamos que una adaptación de la Ordenanza Fiscal sobre dicho impuesto, en lo referente al ajuste de los llamados coeficientes reguladores -que son de competencia municipal- podría mitigar los excesos cometidos durante el llamado "boom inmobiliario", especialmente en las diferencias valorativas producidas entre los periodos 2007 al 2013 . Dicha Ordenanza Fiscal había permanecido invariable durante los largos años del gobierno del Partido Popular en la Glorieta, y no solo eso, sino que cualquier reforma a la misma planteada por la formación municipalista que incluía a compañeras y compañeros de Izquierda Unida devino en nula, con el peregrino argumento por parte del Equipo de Gobierno de que dicha modificación no era de las propuestas incluidas en la Junta y por tanto no se podía llevar a Pleno.
La reciente sentencia de 21 de octubre del Tribunal Constitucional ha declarado la inaplicabilidad del Tributo basándose en la vulneración al principio de capacidad económica que el mismo podría provocar en el contribuyente (artículo 31 CE). A este respecto querría señalar algunos aspectos contemplados en el voto particular emitido por los magistrado Conde Pumpido y María Luisa Balaguer en dicha sentencia y que podrían haber reforzado los argumentos expuestos en el primer párrafo de este artículo, y que son, como veremos, de extrema semejanza a la actitud del consistorio murciano durante los años del Partido Popular. El voto particular hace hincapié en la inmovilidad del Ayuntamiento de Benalmádena (origen de la disputa judicial que ha dado origen a la Sentencia que comentamos): "…lo que sí cabría reprochar al ente local es que no adaptase su Ordenanza Fiscal a la situación del mercado inmobiliario utilizando los coeficientes del artículo 107.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales".
"El PP no quiso modificar los coeficientes correctores"
Por otro lado, en otro apartado de los razonamientos jurídicos del mismo voto particular se señala : "…la cuestión de inconstitucionalidad carecería de toda relevancia si el hecho imponible se hubiera realizado en otro municipio con otros coeficientes más reducidos que también tienen cabida en el artículo 107.4 del Texto Refundido de las Haciendas Locales". Cabe señalar también la inoperatividad del Partido Popular, esta vez en el Gobierno central, que en plena corrección de precios (devaluación activos inmobiliarios, creación SAREB, rescate bancario y minusvalías para el contribuyente que se viese obligado a hacer una transacción, para evitar, por ejemplo, una ejecución hipotecaria) no quiso modificar los coeficientes correctores, teniendo también mandato para hacerlo a través de los Presupuestos Generales del Estado.
El Real Decreto Ley 26/2021 ha venido a adecuar el nuevo Tributo de Plusvalías a un entorno con mayores certidumbres, pues viene a corregir la inmovilidad de algunos consistorios como el murciano, que aplicaba coeficientes máximos, y cuota máxima, durante el periodo máximo de cálculo del impuesto; sin adecuar el mismo, como hemos explicado, al entorno económico. No obstante, el nuevo tributo obligará al Ayuntamiento a realizar ajustes para equilibrar los ingresos en próximos ejercicios. Algunas sugerencias para solventar el problema podrían venir de exprimir las verdaderas potencialidades de las tasas de vuelo y suelo y adaptando el IBI a los usos comerciales del suelo, lo cual nos permitiría crecer sin que la clase trabajadora experimentara una mayor presión fiscal.
Cordiales saludos.
Miguel Ángel Pagán
Twitter: @pagnav_miguel
Economista
Miembro del Grupo de Economía y Trabajo de Izquierda Unida en el municipio de Murcia